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La Corte Plena paralizó el cobro de ¢377 millones por pensiones giradas de más a exmagistrados, siete días antes de que comenzara el proceso para recuperar los recursos.
Dicho órgano detuvo, en noviembre anterior, los rebajos a 21 exfuncionarios tras conocer que la Sala IV acogió un recurso de amparo presentado por cuatro de los afectados, según el acta de Corte Plena 41-15, del 16 de noviembre del año pasado.
La decisión se tomó con el apoyo de nueve magistrados, el rechazo de cuatro y la abstención de cinco miembros de la Sala Constitucional.
El acuerdo también frenó que la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial redujera entre ¢700.000 y ¢800.000 la pensión mensual de 16 exmagistrados y cinco altos exjerarcas.
Cada retirado recibe, en promedio, una jubilación bruta de ¢6,6 millones.
La baja en los montos estaba prevista para el 23 de noviembre, confirmó a la Corte Karol Monge, subdirectora jurídica a.i. de la institución.
La Corte Plena aprobó, el 21 de junio del 2015, cobrar a los exmagistrados pensionados por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, al argumentar un error material en el cálculo del monto de la jubilación.
El pago de más a los exfuncionarios se fundamenta en que se aplicó dos veces el aumento semestral por costo de vida sobre los gastos de representación, en el 2004, sobrepago que actualmente continúa vigente.
El error en el cálculo, por parte del Departamento de Personal, fue lo que generó la sobrevaluación, concluyó un informe de la Auditoría Judicial en el 2007.
Diferencias. El magistrado Román Solís, quien presentó el informe que recomendó cobrar a los exfuncionarios, negó que el proceso se detuviera porque se tratara de exmagistrados.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que los amparos suspenden el acto solo para quienes lo promueven, en este caso, cuatro personas.
“El criterio de la Corte fue que, al acogerse el amparo, era necesario esperar la resolución pues, si la Sala lo rechaza, el asunto (cobro) continúa; pero si lo admite por el fondo y cambia el criterio del informe (de los pagos de más), eso afecta a todos”, dijo Román.
Por su parte, el exmagistrado Ricardo Zamora –una de las personas que recurrió la decisión de la Corte– consideró ilegal el cobro avalado en junio anterior.
“Es la tercera vez que intentan (en la Corte Plena) hacer el cobro. En las dos primeras ocasiones gané, y creo que esta será la tercera vez”, argumentó Zamora.
El exfuncionario recalcó que este caso se revivió en el Poder Judicial, tras la presión ejercida por gremios judiciales y no con bases legales sólidas.
En el 2009, la Sala IV anuló un acuerdo del Consejo Superior que ordenaba iniciar el cobro a los exfuncionarios.
Luego, en mayo del 2014, la Procuraduría General de la República rechazó la petición de la Corte Plena de demandar a los exmagistrados, pues la recuperación de las sumas dadas de más debía realizarse en la vía administrativa y no judicial.
