La reforma legal que permite a los asalariados retirar su FCL por la reducción de la jornada o suspensión de contratos generará la entrega de más de ¢180.000 millones.
Así lo tienen previsto cuatro operadoras de pensiones complementarias (OPC) que tienen como clientes el 85% del total 1,1 millones de trabajadores, a quienes sus patrones hacen el aporte mensual del 3% sobre su salario al Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Las entidades proyectan que entre 270.000 y 450.000 personas puedan solicitar su ahorro individual, tras la aprobación, este 3 de abril, de la reforma a la Ley de Protección del Trabajador que amplió las causales para retirar los recursos.
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Las operadoras que brindaron la información fueron la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Popular Pensiones, BN Vital y BCR Pensiones.
BAC Pensiones fue la única que no brindó ningún detalle, pese a la solicitud hecha por La Nación. Esta empresa contaba, hasta febrero pasado, con 103.625 cotizantes al FCL y administraba ¢77.727 millones, según la información de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La información no incluye a Vida Plena, operadora del Magisterio Nacional, pues casi la totalidad de sus clientes laboran en el Ministerio de Educación Pública.
Preparados para la entrega
El común denominador de las cinco operadoras complementarias es que están preparas para efectuar el trámite y entrega de los recursos a sus clientes una vez que efectúen el trámite de la solicitud.
La OPC de la Caja es la entidad que tendrá, previsiblemente, la mayor cantidad de solicitudes pues aglutina el mayor número de afiliados al FCL, con 443.830 personas.
Esta operadora cuenta con más cotizantes al FCL porque cuando se creó el régimen complementario de pensiones, en 2001, se estableció la administración de dicho fondo. Luego los trabajadores podían solicitar el traslado a otra empresa.
Héctor Maggi, gerente de la institución, enfatizó que prevén que entre el 20% y 60% de los cotizantes retiren su dinero. Eso significa entre 88.000 y 265.000 personas.
En monto de recursos la estimación es que sean unos ¢120.000 millones, recalcó el jerarca. Hasta febrero anterior, esta operadora administraba ¢145.700 millones en inversiones de valores, según la Supén.
“La OPC CCSS no tiene proyectado utilizar alguna de las opciones establecidas en la nueva Ley para darle liquidez a los fondos, pues hemos venido en una planificación de este tema hace varias semanas; sin embargo, es importante tener dichos mecanismos durante la emergencia nacional, pues no sabemos cuánto tiempo más nos llevará”, explicó Maggi.
Los nuevos mecanismos dados en la reforma es la posibilidad de que las operadoras puedan vender títulos valores, de inversiones en poder del FCL al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) a lo interno de la OPC.
También podrían vender los bonos al Banco Central o dárselos en garantía para obtener liquidez, en caso de ser necesario.
Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, comentó que el proyecto permitiría la entrega del fondo, de manera adicional, a 70.000 clientes. La previsión de la entidad, antes de la pandemia, era que 75.000 personas sacaran su FCL.
La situación excepcional provocará que la institución deba entregar entre ¢15.000 millones y ¢25.000 millones de forma extraordinaria.
Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, recalcó que esperan un proceso masivo de peticiones del FCL por parte de 60.000 personas, lo cual significarán ¢20.000 millones.
Dicha cantidad de solicitudes será adicional a los 48.000 retiros que tenían previsto para este año.
