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Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) no tienen previsto, por el momento, pedir auxilio al Banco Central de Costa Rica (BCCR) con el fin de obtener liquidez para la entrega del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los afectados por la crisis del coronavirus.
Los administradores de los ahorros individuales de los trabajadores contemplan, primero, el traspaso de títulos valores, a lo interno de cada entidad, en caso de requerir recursos adicionales para pagar a los asalariados, a quienes se les redujo la jornada o se les suspendió el contrato de trabajo.
Las entidades financieras confirmaron que actualmente cuentan con los recursos suficientes para responder a los trámites de retiro del FCL. Pero conforme pasen las semanas deberán evaluar los nuevos instrumentos de liquidez permitidos, de manera extraordinaria, en la reforma a la Ley de Protección al Trabajador.
La modificación legal permite a las OPC el traspaso no oneroso de instrumentos financieros entre fondos de una misma entidad. Esto permite que el FCL traspase títulos valores al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), a valor par (en libros), y sin ningún tipo de descuento en el precio. La misma operación se permite entre operadoras.
En el caso del BCCR, las operadoras también podrán participar en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) y podrán otorgar garantías o constituir pasivos sobre el activo del fondo (los valores).
El Central también podrá adquirir, en la Bolsa Nacional de Valores, los bonos de deuda de Gobierno en los cuales ha invertido las OPC. En estos dos casos, dichos títulos se negocian a valor de mercado, lo cual implica que el precio del instrumentos puede variar.
Las operadoras estiman un pago de más de ¢180.000 millones para atender a los trabajadores afectados por los efectos económicos de la pandemia del covid-19.
”La opción de venta de títulos del FCL al ROP sí la tenemos contemplada, en caso de requerir más liquidez de la que tenemos planificada”, confirmó Héctor Maggi, gerente de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Esta operadora es la que tiene la mayor cantidad de cotizantes al FCL, hasta febrero pasado, eran 443.830 personas de un total de 1,1 millón.
La previsión de la OPC es que entre 88.000 y 265.000 trabajadores soliciten su ahorro, lo cual equivaldría a unos ¢120.000 millones.
“Por el momento no tenemos planificado utilizar el MIL, pero es un buen instrumento para cualquier situación que se presente a futuro”, recalcó Maggi.
En el caso de Popular Pensiones, la segunda OPC con más afiliados al FCL, requerirá hasta ¢25.000 millones de manera adicional, para atender a unas 70.000, dijo Róger Porras, gerente de la entidad.
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“La administración de la liquidez se realizará en atención a las necesidades presentadas, así como los instrumentos aprobados en la normativa vigente”, confirmó Porras.
Mauricio Rojas, gerente de BCR Pensiones, descartó del todo la opción del uso del MIL, pues cuentan con los recursos necesarios para la gestión de retiros de sus afiliados.
“En caso extremo se podría utilizar esta opción (venta de títulos del FCL al ROP)”, aseguró el funcionario.
La estimación de la entidad es que requiera de ¢14.000 millones para atender las solicitudes de sus clientes.
Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, aseguró que no utilizarán la nueva herramienta del BCCR, pues cuentan con reservas de liquidez suficientes.
