Óscar Rodríguez. Hace 5 días
Las personas que trabajan en turismo están entre las más afectadas por los efectos negativos del coronavirus. En la imagen, un grupo de turistas realizando 'rafting' en Sarapiquí. Foto: Jeffrey Zamora
Las personas que trabajan en turismo están entre las más afectadas por los efectos negativos del coronavirus. En la imagen, un grupo de turistas realizando 'rafting' en Sarapiquí. Foto: Jeffrey Zamora

El Fondo de Capitalización Laboral (FCL) no se entregará a los trabajadores que se les reduzca la jornada de laboral o se les suspenda los contratos de trabajo como consecuencia de los efectos negativos del coronavirus, en Costa Rica.

Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) y la Superintendencia de Pensiones (Supén) confirmaron que los únicos supuestos para retirar dicho ahorro es cuando el empleado renuncia o es despedido, cuando se cumple el quinquenio y por el fallecimiento de la persona.

Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, destacó que el FCL se rige por la Ley de Protección al Trabajador y dicha normativa no ha sido modificada.

Ramos y los gerentes de las operadoras enfatizaron a La Nación que la Ley de Reducción de Jornadas de Trabajo, aprobada en segundo debate y firmada por el Presidente Carlos Alvarado, este fin de semana, no cambió las reglas por las cuales se rige el FCL.

Este fondo es el dinero que aporta el patrono a favor de sus trabajadores como parte de su cesantía. Mes a mes el empleador traslada el equivalente al 3% del salario de la persona a la OPC en la cual se encuentre afiliada.

“La jornada se reduce, pero no extingue la relación laboral. Tendría (la ley) que haber asimilado la reducción de jornada a una extinción de relación laboral”, recalcó el Superintendente de Pensiones.

Róger Porras, gerente de Popular Pensiones, destacó que la normativa aprobada por los diputados, durante el fin de semana, se refiere a la liquidación de rubros, hacia el trabajador, por parte del patrono.

“Hay que recordar que, para el caso de los recursos administrados por las operadoras, hay una ley específica que es la Ley de Protección al Trabajador, por lo que se requiere una modificación a la misma, o un transitorio específico”, destacó Porras.

La legislación avalada en el Congreso, en el marco de los efectos negativos del covid-19 en la economía, establece que los trabajadores a quienes se les reduzcan la jornada de trabajo tendrán acceso a los programas de desempleo existentes.

Hasta febrero pasado, al FCL cotizaban 1,2 millones de trabajadores, es decir, personas con un empleo formal, quienes podrían recibir dicho ahorro individual en caso de cese laboral o por cumplido el quinquenio, según los datos de Supén.

Casi el 60% de estas personas son clientes de la OPC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o de Popular Pensiones.

Hasta febrero pasado, las seis operadoras administraban ¢632.343 millones del FCL. El 82% de dichos recursos están invertidos a un plazo mayor a un año, según los datos de la Superintendencia.

Liquidez para pagos

El Superintendente de Pensiones destacó que ante un retiro masivo de recursos del FCL se generaría un problema, dado que la mayoría de los recursos del fondo están invertidos a plazos cuyos vencimientos son mayores a un año.

Ramos detalló que, para este año, se tenía previsto la salida de entre el 15% y el 18% de recursos, ya fuera por retiro del quinquenio o por cese de relaciones laborales (con base en la evolución reportada).

“Eso (efecto del coronavirus) es difícil de prever. Pero estamos hablando de que tendría que llegar a 50.000 o 100.000 los despidos para que empiece a haber problemas”, destacó el jerarca.

“Imagínense que se hubiera cumplido el objetivo de Eduardo Cruickshank de retirar todo el FCL. Ahora no habría plata para darle a los trabajadores que pierden el empleo”. Álvaro Ramos, jerarca de Supén.

En estos momentos, Gobierno y diputados de varios partidos negocian un proyecto de ley para permitirles el retiro del FCL a las personas afectadas salarialmente por la pandemia del nuevo coronavirus.

Hermes Alvarado, gerente de BN Vital, detalló que la legislación otorga un periodo de 15 días hábiles a las operadoras para entregar el FCL, una vez que es solicitado, pero siempre buscan agilizar la entrega en menos tiempo.

“Se está totalmente preparada para atender las circunstancias de un escenario de retiro masivo. Indudablemente, la coordinación con otros actores, como lo son los emisores del sector público, es clave para lograr tal propósito”, explicó Alvarado.

Mauricio Rojas, gerente de BCR Pensiones, destacó que cuentan con holgura para hacer frente a solicitudes de retiro, pero analizan todas las medidas necesarias para ampliar aún más los recursos líquidos del fondo, dada la coyuntura actual.

En tanto, Héctor Maggi, gerente de la OPC CCSS, aceptó que las operadoras enfrentan fuertes incrementos de retiro por cese laboral, desde el 2018.

“La situación actual, todavía no ha reflejado incrementos en las solicitudes de retiro, pero viendo las noticias de las empresas y cómo tendrán que enfrentar la crisis provocada por el covid-19, sabemos que tendremos un incremento importante”, reconoció el jerarca.

Para Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena, tanto la Supén como el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) deberían evaluar la implementación de medidas de apoyo adicionales para los trabajadores que pierdan su empleo.

“Una opción podría ser que, cuando rebaje la jornada al trabajador a la mitad, se le liquide el 50% del FCL. Esta es una analogía práctica, que se ocupa hoy, dada la situación actual”, consideró.

Solórzano enfatizó en que debe buscarse la interpretación adecuada para ayudar a las personas.