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El nuevo texto del proyecto Ley de Impuesto sobre la Renta Global Dual, que presentó el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, el 5 de febrero pasado, introdujo dos cambios relevantes en materia de distribución de utilidades por medio de los dividendos respecto a la primera versión (22 de enero).
El primer cambio fue que amplió de cuatro a seis años el periodo en el cual las utilidades no distribuidas a los socios o participes de personas jurídicas estarían exoneradas del impuesto sobre la renta. Al sétimo año, Tributación presumiría que dichas utilidades fueron distribuidas y entonces cobraría el impuesto.
El segundo cambio fue que se eliminó un párrafo que establecía que esta presunción y obligación de pago de impuestos no operaría cuando dentro del plazo previsto las utilidades no distribuidas se utilicen en la inversión en activos de la empresa.
Carlos Vargas, director general de Tributación, indicó que a pesar de la eliminación de ese párrafo siempre se puede justificar la inversión y no se aplicaría la presunción.
“Si hay inversión en activos no hay distribución de dividendos y se puede constatar la inversión”, dijo el director.
“Aunque no lo diga no puede presumirse distribución en este caso, pues hay un activo que justifica la reducción de la utilidad no distribuida”, añadió el jerarca.
Entonces, ¿por qué se quitó el párrafo? “Esa frase podía o no existir, sin problema alguno”, añadió Vargas.
Con la actual Ley del impuesto sobre la Renta, las empresas tienen la posibilidad de no efectuar la distribución de dividendos sin que ello implique una obligación tributaria.
El dato más reciente de recaudación tributaria por distribución de dividendos es del 2018. Ese año, el fisco recibió ¢31.748 millones de las retenciones efectuadas por las sociedades al realizar el pago de excedentes.
Priscilla Piedra, socia de impuestos de Deloitte, explicó que estas presunciones se realizan por un tema de difícil control.
“Cuando uno hace una presunción de este tipo es porque las administraciones tributarias reconocen que hay un elemento que le es difícil de controlar”, dijo Piedra.
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No obstante, añadió que no está de acuerdo y que debería de aplicarse al esquema de sociedades y no al esquema de la persona física, pues es esta persona la que tendría que sumar la utilidad no distribuida a su renta global.
Para Adrián Torrealba, exdirector de Tributación y socio de Facio & Cañas, esta presunción tiene dos problemas: primero, es poco frecuente que las utilidades se queden sin distribuir por más de seis años y segundo, no se define si es una presunción relativa, esto es, que admita prueba en contrario (por ejemplo, que se realizó una inversión) o absoluta.
Germán Morales, socio de impuestos de Grant Thornton Costa Rica, añadió que con este impuesto sobre los dividendos más el 30% del impuesto a la utilidad el tributo efectivo queda muy alto.
“Con esto el impuesto de renta va a quedar 30% sobre la utilidad neta, más el 15% de lo que reparta dividendos se vuelve una tasa efectiva de 40,5%, esa tasa a nivel mundial es sumamente alta”, dijo Morales.
Este proyecto fue recibido en la comisión de Asuntos Hacendarios, el 12 de febrero pasado.
