Finanzas

Juzgado Concursal remueve a curadora de caso Aldesa por incumplir entrega de informes

Juzgado Concursal señaló que profesional que debía recomendar futuro de Aldesa no ha presentado ni un solo informe de 516 legalizaciones de deudas de acreedores

El Juzgado Concursal acordó, en una resolución de este 20 de julio, remover a la curadora María José Vicente del caso Aldesa porque la profesional no ha presentado, en un año y medio, ningún informe sobre las 516 legalizaciones de deudas solicitadas por acreedores del grupo bursátil.

La decisión de quitar la curadora del proceso judicial se hizo de oficio, según explicó la jueza Jennifer Arroyo, en su fallo de 23 páginas del cual tiene copia La Nación.

“El incumplimiento de la curadora, al no haber presentado, tan siquiera una legalización impacta negativamente en el avance del presente proceso, toda vez que, en este momento, el Juzgado se encuentra imposibilitado de iniciar con el estudio de las legalizaciones presentadas por los acreedores. Este incumplimiento (...) constituye la causal de destitución”, fundamentó Arroyo, en su fallo.

Vicente afirmó a este diario que apelará la decisión del Juzgado una ampliación de tiempo para presentar el informe y no obtuvo respuesta. “Para hacer el informe no solamente es constatar que el escrito de legalización de cada acreedor se encuentre, si no también hay que analizar el mismo, revisar la documentación aportada y el escrito en sí, a la luz de la normativa vigente, para determinar si cumple o no cumple con los requisitos correspondientes”, recalcó.

La curadora comentó que el Caso Aldesa es muy extenso, está conformado por 20.000 folio, y nunca le nombraron un suplente, a pesar de que el Poder Judicial sí nombre varias personas para llevar este proceso.

Las personas nombradas como curadores tienen la responsabilidad de vigilar la adecuada administración que el deudor haga de los bienes incluidos en un proceso concursal. Además, funge como auxiliar del Juzgado para lo cual debe entregar informes sobre los créditos que las empresas envueltas en este tipo de procesos adeudan a proveedores, entidades financieras e inversionistas.

También se encargan de revisar y brindar la recomendación al juez del plan de salvamento planteado por la empresa que acudió a la vía concursal.

“Resulta comprensible que dada la cantidad de legalizantes, es materialmente imposible para la curadora tener al día las legalizaciones solicitadas, ni tampoco pretende este Despacho que para esta fecha se haya pronunciado sobre las 516 legalizaciones prevenidas, sí, al menos, era esperable que para esta fecha se haya presentado, por lo menos, un informe de legalizaciones”, se detalla en la resolución judicial.

Sergio Artavia, abogado de varias asociaciones solidaristas en el caso Aldesa, explicó que la decisión implicará un atraso de al menos un año en el trámite de este proceso en el Juzgado Concursal. “Todo el proceso se va a atrasar, ahora tienen que empezar por nombrar a un nuevo curador. También irá para largo la discusión de si el convenio es insubsistente, se declara la quiebra o iliquidez de la compañía”, aseguró el jurista.

Artavia recalcó que los curadores se encargan de brindar recomendaciones a los jueces, pero la decisión final de si una empresa se cierra o continúa en operación la toma el Juzgado.

Aldesa solicitó, desde marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas. La mayoría de la deuda es precisamente por Monte del Barco. El proceso tramitado en el Juzgado Concursal posteriormente se trasformó en un Convenio Preventivo de Acreedores.

Además, el pasado 20 de junio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dispuso revocar la autorización de oferta pública del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, principal proyecto de Aldesa, por considerar la iniciativa “inviable financieramente al encontrase en quiebra técnica”.

La decisión del Consejo se tomó después de la recomendación dada por el interventor Alicio Rodríguez, quien además concluyó que el proyecto es imposible de desarrollar e incapaz de cancelar las deudas actuales con sus inversionistas y los gastos operativos. La empresa bursátil estaba bajo intervención desde agosto del 2021.

* Nota del redactor: Este artículo se actualizó este viernes 22 de julio, a las 11:20 a.m., para incluir la versión de la curadora María José Vicente.

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