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El Instituto Nacional de Seguros (INS) imputó gastos de la atención de accidentes laborales al seguro obligatorio de vehículos en los últimos siete años.
La situación generó una sobrevalorización en la atención de percances del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA), entre el 2012 y 2018, lo cual elevó el costo de la tarifa de la póliza de los automotores, principalmente para motos, confirmó Tomás Soley, jerarca de la Superintendencia General de Seguros (Sugese).
Soley manifestó que ordenaron a la aseguradora pública calcular el costo del “subsidio cruzado”, entre el SOA y Riesgos del Trabajo (RT), y devolver el monto atribuido de más entre ambas pólizas obligatorias.
La aseguradora estatal realizó una estimación en la cual los propietarios de automóviles financiaron con ¢5.400 millones la asistencia médica y costos administrativos que debieron sufragarse por el RT.
El monto cuantificado por la entidad corresponde solo al periodo comprendido entre el 2013 y 2018, aceptó Elian Villegas, presidente ejecutivo del INS. Solo se computaron cinco años, pues se estima que el otro (2012), está prescrito.
Villegas dijo que el dinero ya se devolvió al SOA y se tomó de las utilidades generadas por la póliza de Riesgos del Trabajo (RT) el año anterior.
Añadió que el traslado de costos, de una póliza obligatoria a la otra, ocurrió por una interpretación legal errónea a lo interno del Instituto.
Pese a hacer el pago, el INS consultó a la Procuraduría General de la República si dicha devolución, entre seguros obligatorios, es correcta pues el criterio de la entidad es enmendar hacia adelante y no años anteriores.
El traslado de costos entre seguros se reveló en el oficio SGS-R-2174-2018 de la Sugese del cual tiene copia La Nación. Dicho documento, del 23 de noviembre del 2018, se emitió para aprobar las tarifas de la póliza vehicular, del 2019.
Origen del problema
La póliza de Riesgos de Trabajo cubre al trabajador de una empresa cuando tiene un accidente en el trayecto de su casa al trabajo o viceversa, si es el patrono quien financia o paga el transporte.
La práctica en el INS era que, tras un percance, al asegurado se le atiende primero con SOA.
Agotada la cobertura de ¢6 millones comenzaba a aplicar la protección del Riesgos del Trabajo, cuando se confirmaba que el percance era laboral. Sin embargo, no se devolvía el dinero costeado por la atención del asegurado al seguro obligatorio de vehículos.
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Villegas explicó que, a partir de este año, una vez que se pide el uso del RT, tras un percance en el traslado del domicilio al trabajo, se devolverán los recursos de un seguro a otro.
El jerarca sostuvo que la entidad aplicaba “de manera literal” la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, del 2012, la cual dispone primero el uso del SOA, pues es la póliza más inmediata.
“Había un error en la imputación de los costos, porque se imputó costos a un seguro, en este caso el SOA, y lo correcto era Riesgos del Trabajo”, reconoció el jerarca de la aseguradora pública.
El jerarca de Sugese enfatizó que las prestaciones de la póliza para vehículos son muy diferentes a las de los accidentes laborales.
“Si alguien se accidenta en una moto, el SOA cubre hasta los ¢6 millones y luego pasa a cargo de la Caja. Si es el mismo accidente, cubierto por el RT, se atiende (con este seguro) toda la parte médica, con el subsidio de incapacidad durante el tiempo necesario. Es una diferencia del cielo a la tierra”, explicó Soley.
Efecto tarifario
La Superintendencia señala, en el oficio enviado al INS, que el traslado de costos entre seguros obligatorios generó que los siniestros fueran sobrevalorados en el Seguro Obligatorio de Vehículos y reducidos en el caso de riesgos del trabajo.
“Las tarifas de los seguros se estiman con base en el históricos de siniestralidad. Entonces, ante cualquier imputación de más gastos en un seguro (...) obviamente la tarifa resultante será superior”, destacó Soley.
Además, añadió que, durante los años en los cuales ocurrió el problema, el SOA tuvo déficit y si no se hubiera dado el gasto adicional se cerraba en equilibrio.
El Superintendente destacó que, con la información entregada por el INS, la siniestralidad en motos fue la más “inflada”.
Pese a los argumentos de Sugese, el jerarca del INS, consideró que el efecto de los accidentes del RT en el seguro obligatorio de automóviles no es significativo.
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“En promedio fueron ¢1.300 millones al año, cuando se tienen gastos en siniestralidad del SOA de ¢50.000 millones por año. Hablamos de un 2%, no es algo que desbalanceó totalmente el SOA (...) al ser tan poco significativo no se genera un efecto en tarifas”, enfatizó Villegas.
El funcionario insistió que la siniestralidad anual del seguro obligatorio crece en promedio 14% cada año, por lo cual: “un 2% no es relevante”.
Durante el año pasado, se reportaron 33.259 accidentes en carretera los cuales fueron atendidos por la póliza obligatoria. El 56% de los percances fue de motociclistas.
