Escuchar
Los sistemas de pensiones financiados por el Ministerio de Hacienda son los que tienen la mayor desigualdad de Costa Rica.
Así lo determinó un análisis de los cinco fondos básicos de pensiones del país, hecho por la Superintendencia de Pensiones (Supén) por solicitud de La Nación .
La equidad se mide según la distribución porcentual de los recursos y las personas. Cuando pocos jubilados reciben la mayoría del dinero, se carece de equidad.
La evaluación de la Supén mostró que entre los regímenes hay diferencias significativas, pero incluso dentro de un mismo fondo hay gran disparidad entre las jubilaciones más altas y las más bajas.
El estudio determinó que, en los regímenes de los exdiputados y el de Hacienda, el 20% de los retirados con las pensiones más altas –4.000 personas– reciben el 61% de los recursos.
En contraste, en el fondo colectivo del Magisterio Nacional, el 20% de las personas con mayor monto de pensión reciben el 40% de los recursos. Dicho fondo se creó en 1992 y tiene pocos jubilados.
Para llegar a esta conclusión, la Supén hizo un análisis de la distribución porcentual acumulada de los recursos y los jubilados conocida como la curva de Lorenz. Dicha metodología mide la equidad en el reparto de ingresos de la población, sean salarios o pensiones.
El estudio se aplicó al régimen colectivo del Magisterio Nacional; al de exdiputados y al de Hacienda; al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial; en el de reparto del Magisterio Nacional y en el de IVM de la Caja.
Explicación. Édgar Robles, superintendente de Pensiones, recalcó que el reparto desigual entre los diversos fondos se explica por la falta de topes a las pensiones.
“En la medida en que el régimen sea solidario, se acercará a la equidad. Por eso, esperaría que sistemas como el de la Caja tenga más similitud en la distribución de las pensiones”, explicó .
La igualdad en un régimen de pensión es relevante porque, como en el caso del fondo de exdiputados y Hacienda, se financia con el pago de tributos de los contribuyentes.
La manera en que se calcula cada pensión también influye en la equidad, añadió Robles.
Por ejemplo, en el Poder Judicial se contabilizan los últimos 24 salarios de la persona para determinar la pensión, pero en el IVM el cálculo se hace con los últimos 240 sueldos. El resultado es que en el primero el monto es más alto que el segundo.
La Nación remitió consultas Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del fondo de pensiones de la Corte, pero no hubo respuesta.
Por otra parte, Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la Caja, recalcó que en el caso del IVM, la fórmula de cálculo de los beneficios incorpora elementos progresivos que hacen solidario el fondo.
“El monto de la pensión se ajusta a un mínimo y a un máximo, que permite la distribución de los recursos de una forma solidaria, garantizando un monto mínimo de pensión para aquellos afiliados de bajo ingreso”, detalló Carrillo.
El análisis de la Supén incluyó una distribución por rangos de las pensiones del 20% de personas que más gana en cada régimen. En este caso, de nuevo el sistema de exdiputados y de Hacienda se situó por encima de los otros fondos.
La pensión más alta de dicho sistema supera por 13,5 veces al mayor monto otorgado en el IVM.
Robles explicó que la forma más efectiva para frenar las pensiones de lujo es imponiendo topes al monto máximo de jubilación, como ocurre en el sistema de la Caja, o con aportes adicionales como en el caso del Magisterio Nacional.
Precisamente, el límite a las jubilaciones altas fue la medida que impuso el Gobierno en agosto pasado. Sin embargo, dicha medida está bajo análisis legal en la Sala IV.
Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, reconoció que si los magistrados eliminan el tope, recurrirán a una reforma legal para imponer tasas extraordinarias de cotización.
