El ministro de Hacienda, Elian Villegas, considera que las finanzas públicas no tienen la capacidad de asumir el costo de los programas sociales, financiados con el 7,25% de aportes patronales, en caso de que se redireccionen esos recursos para fortalecer el IVM.

El jerarca destacó que si avanza la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supén), de realizar una modificación en la ruta de las cargas sociales, debe crearse un nuevo tributo para brindar recursos frescos a las entidades afectadas.

La Supén planteó la opción de que la contribución patronal de 5% al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), 1,50% al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 0,50% al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y el 0,25% al Banco Popular, se dirijan al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Si estas instituciones no reciben esos recursos, deben de recibir dinero de algún lado. Dárselos desde el Presupuesto Nacional es una misión muy difícil. Debe pensarse en recursos nuevos; pero con la escasez de recursos de Hacienda, no veo de dónde sacar dinero en las cantidades necesarias”, respondió Villegas a una consulta de La Nación.

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El funcionario enfatizó que la discusión del país debe centrarse en cómo abaratar el costo de la planilla para los empresarios, para reactivar el empleo y la economía, en vez de disponer de las contribuciones patronales.

“Pensar que Hacienda pueda asumir esta carga en este momento, todos comprenderán que no estamos en capacidad. Ese es el primero (de los puntos) pero, el segundo, es que más bien debe pensarse en un recorte de cargas sociales para disminuir el costo del empleo”, afirmó Villegas.

En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del IVM, su propuesta es evaluar la posibilidad de trasladar parte de las cargas patronales y no la totalidad, pues financian programas de asistencia a personas en vulnerabilidad.

“A futuro y de manera gradual se podría hacer una redistribución de cargas sociales para financiar el IVM y que el Estado asuma el costo de esos recursos con los recursos que hoy destina a las pensiones con cargo al Presupuesto”, afirmó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.

En específico se trata de ¢800.000 millones anuales que pagan la jubilación de 60.000 personas que se retiraron de 14 regímenes de jubilación cerrados, en 1992, mediante una ley especial.

Barrantes destacó que dentro de estos sistemas hay muchas de las denominadas pensiones de lujo que irán en disminución, dadas las contribuciones especiales creadas y por el cierre legal de heredar el beneficio en las mismas condiciones de privilegio.

La Superintendencia planteó la redistribución de cargas sociales, el pasado 9 de julio, a la Junta Directiva de la Caja.

Así como calcular el monto de la pensión con todos los salarios cotizados e igualar los requisitos de jubilación entre hombres y mujeres para que, en ambos casos, la edad de retiro sea a los 62 años.

La combinación de ambas medidas permitiría alargar la vida del fondo al 2061, muestran las estimaciones actuariales de la Supén. Esto significaría 25 años adicionales al momento previsto en que se agotará la reserva del régimen, que es el 2036, según el último estudio actuarial del 2018.

¿Qué se financia?

El aporte patronal del 7,25% a los programas sociales del Estado tienen como su principal destino el financiamiento del Régimen No Contributivo de Pensiones, administrado por la Caja.

Este sistema brinda una dotación mensual de ¢82.000 a 124.396 personas, en su mayoría adultos mayores, y de ¢299.000 a personas con parálisis mental profunda.

También está la prestación de alimento a familias pobres de la Red de Cuido, financiada por Fodesaf y el IMAS.

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Además de bonos de vivienda, los comedores escolares, becas estudiantiles a 82.000 adolescentes y atención de personas indigentes y adultos mayores.

En el INA se brindan los recursos para los programas técnicos impartidos por esta entidad de enseñanza.

Greivin Hernández, director de Fodesaf, destacó que el recargo sobre las planillas significa el 60% de los ingresos previstos para este año, previo a los efectos de la pandemia, es decir, ¢391.000 millones.

“El aporte patronal es el principal ingreso del Fondo que financia el 80% del total de los programas sociales estatales (...) No sé si lo planteado por la Superintendencia puede llamarse propuesta, porque no establece un ingreso independiente para las ayudas dadas por el Estado”, recalcó Hernández.

El funcionario destacó que la virtud de las contribuciones patronales es que son recursos propios de los programas sociales desligados del Presupuesto Nacional, si eso cambia –apuntó– no habría garantía de financiamiento dada la situación fiscal del Gobierno.