Patricia Leitón. 8 noviembre
El Ministerio de Hacienda informó que el objetivo del embargo es retener a favor del fisco cualquier remuneración o crédito en efectivo que pudiera percibir o de que fuera acreedor el contribuyente. Fotografía: José Cordero
El Ministerio de Hacienda informó que el objetivo del embargo es retener a favor del fisco cualquier remuneración o crédito en efectivo que pudiera percibir o de que fuera acreedor el contribuyente. Fotografía: José Cordero

La oficina de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda notificó este jueves embargos administrativos por ¢450 millones, como medida cautelar, a una empresa que se dedica al alquiler de locales y centros comerciales, informó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

De acuerdo con el expediente de cobro judicial, de esta deuda acumulada desde hace varios años por no pago del impuesto sobre la renta, ¢200 millones corresponden al principal y el monto restante a intereses y costas, entre otros

El objetivo es retener a favor del fisco cualquier remuneración o crédito en efectivo que pudiera percibir o de que fuera acreedor el contribuyente, quien es responsable de depositar las sumas que reciba en las cuentas del Ministerio de Hacienda, dentro de los diez siguientes a la fecha en que fueron retenidas.

Debido a que la empresa alquila locales, con el apoyo de la Policía de Control Fiscal se notificó a 13 inquilinos, distribuidos en dos puntos comerciales, con el fin de que realicen las transferencias de sus rentas a las cuentas de Hacienda.

“Lo que pretendemos es hacer cumplir las obligaciones pendientes de los contribuyentes con base en la aplicación estricta de la normativa vigente. Es importante aclarar que lo notificado tanto al contribuyente como a los inquilinos, es de acatamiento obligatorio", enfatizó Juan Carlos Brenes, director general de Hacienda.

Brenes añadió que en el caso de los segundos (los inquilinos), se debe tener presente que la desobediencia de este acto se encuentra legislada dentro del Código Penal, y se podrá imponer prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir la orden.