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El Ministerio de Hacienda aceptó a 1.000 docentes que incumplen requisitos legales para jubilarse en el régimen financiado por el Presupuesto Nacional.
Así lo determinó el informe de Auditoría Interna de Hacienda INF-DGAI-028-2014 , del 22 de octubre pasado, dirigido a la Tesorería Nacional, que analizó el traslado masivo de 3.543 educadores al régimen de pensiones especial pagado, en un 90%, con recaudación tributaria.
El documento preventivo detalla que el Ministerio no comprobó si los trasladados al fondo especial de pensiones tienen derecho a ingresar a este sistema.
Martha Cubillo, tesorera nacional, explicó que no es competencia de la entidad el control de legalidad de las personas que se encuentran sujetas a acogerse al régimen con cargo al Presupuesto Nacional, y que eso le concierne a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
“No procede la devolución de las personas ni los recursos trasladados originalmente por Jupema (al Ministerio)”, dijo Cubillo.
En setiembre anterior finalizó la migración de 3.543 docentes y sus cotizaciones –¢70.000 millones– del Régimen de Capitalización Colectiva al Régimen Transitorio de Reparto.
Quienes se retiren en el régimen con cargo al Presupuesto Nacional recibirán el 80% de los últimos 32 salarios devengados.
El docente que lo haga por el sistema colectivo, administrado por Jupema, tendrá el 60% del salario promedio de las últimas 240 cotizaciones.
Requisitos. El informe de auditoría determinó que, del grupo de maestros trasladados, 1.000 no cumplían con el requisito de haber nacido el 1.° de agosto de 1965 o en fecha posterior, tal como lo dicta la reforma a la Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones Magisterio Nacional del 2009.
La otra condición, dictada por la legislación, es que el docente debe haber sido nombrado por primera vez antes del 15 de julio de 1992. La Auditoría Interna de Hacienda no determinó si los 3.543 educadores que migraron cumplían con este requisito.
Roger Porras, director ejecutivo de Jupema, explicó que el informe de Auditoría Interna es erróneo e interpreta mal la ley.
“La referencia que debe usarse es exclusivamente la fecha de nombramiento por primera vez al Magisterio Nacional y no la fecha de nacimiento, posición que fue establecida por la Sala Constitucional”, enfatizó Porras.
Añadió que sí corroboraron cada uno de los casos y, en todos, se confirmó la incorporación como docentes antes de 1992.
Alfredo Hasbum, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, dijo que desconocía las conclusiones del estudio de la Auditoría Interna de Hacienda.
Trabajo, mediante la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), es la entidad que administra los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
“Lo correcto en primera instancia es que la DNP analice legalmente este asunto y plantee las observaciones de fondo que deben hacerse al documento de Hacienda”, aseguró Hasbum.
Los funcionarios migrados aún laboran en escuelas, colegios y universidades públicas. Cuando cumplan con los requisitos de retiro, deberán solicitar la jubilación ante la DNP.
