Los regímenes básicos de pensiones de Costa Rica mantienen sus recursos lejos de las inversiones en mercados internacionales, y en su defecto, se inclinan hacia una alta concentración en bonos de deuda del Gobierno.
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial todavía no incursionan en el mercado internacional, pese a tener opción de hacerlo desde hace varios años.
En tanto, la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), administradora del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), tiene prohibición legal para adquirir títulos valores emitidos en el extranjero, aunque desde hace un año impulsa una reforma en el Congreso para eliminar esa barrera.
En cambio, la diversificación de las inversiones en valores emitidos en el extranjero es la opción utilizada por las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) en busca de una mayor rentabilidad y diversificación para los recursos de sus afiliados.
En contraste, los estados financieros de los tres regímenes básicos muestran que la mayoría de los recursos están invertidos en emisiones del Ministerio de Hacienda.
En el caso del IVM, la concentración era el 88% del saldo de ¢3,07 billones de la reserva, a junio anterior. En el RCC era el 75% de los ¢3,30 billones administrados, y en el Poder Judicial, el 71% de sus ¢631.382 millones.
Para estos fondos de jubilación cotizaban 1,4 millones de trabajadores, hasta mediados de este año, y contaban con casi 320.000 pensionados.
Proceso lento
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del IVM, fue la primera en explorar la posibilidad de diversificar sus inversiones en el extranjero.
En abril del 2016, la Junta Directiva de la entidad aprobó una nueva política de inversiones que daba luz verde a la adquisición de instrumentos emitidos fuera de Costa Rica.
A partir de ese momento, se empezó un proceso de análisis que culminó con a la aprobación, a finales de julio del 2021, del nuevo Reglamento de Inversiones del IVM.
Álvaro Rojas, director de Inversiones de la Gerencia de Pensiones, dijo que el porcentaje que se podría invertir en los mercados internacionales sería hasta un 3% de los fondos del régimen, es decir, unos ¢93.000 millones.
Rojas dijo que en un inicio prevén adquirir títulos de participación en fondos de inversión internacionales, pero sin detallar cuándo comenzarán a hacerlo.
“La colocación en estos instrumentos dependerá de los procesos de selección de activos, recomendación, revisión y aprobación en materia de riesgos e inversión por parte de las unidades técnicas y comités de inversión y de riesgos, lo cual deberá estar en concordancia con las condiciones de los mercados internacionales”, dijo el funcionario.
Las reglas de la Caja establecieron que las inversiones en el extranjero solo se harán en mercados de países miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) y de la Unión Europea.
Además, entre los instrumentos autorizados están los títulos de deuda cuya emisión no podrá ser menor a $200 millones y el instrumento deberá contar con una calificación de riesgo internacional que garantice la solvencia del emisor.
También se permitirá la adquisición de títulos de participaciones en fondos de inversión denominados como ETF (Exchanged Traded Funds) y los ETN (Exchanged Traded Notes).
LEA MÁS: Fondos de pensión con vía libre para invertir hasta 50% en el extranjero
En el caso del régimen de pensiones del Poder Judicial, la reforma legal del 2018 estableció que en materia de inversiones el fondo se regirá por los parámetros establecidos por la Ley de Protección al Trabajador y la normativa de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Es decir, la entidad pública puede comprar instrumentos emitidos en el extranjero hasta por el 50% de los recursos administrados.
Carlos Montero, vicepresidente de la Junta Administradora del Fondo, dijo que desde hace un año desarrollan un plan de trabajo para salir a los mercados internacionales.
“En noviembre de este periodo (2021) es cuando se estarían ejecutando los pasos finales, precisamente para salir a los mercados internacionales. Aproximadamente 10% de la cartera se estaría sacando del país para ubicarla en esta alternativa de inversión”, detalló Montero, durante la presentación del informe anual de labores de la Junta Administradora, el pasado miércoles 8 de setiembre.
El porcentaje del 10% puede elevarse, por acuerdo de la Junta Administradora del Fondo, y alcanzar el monto máximo establecido por los reglamentos de la Superintendencia, dijo Oslean Mora, director ejecutivo de la Junta.
“Se estima que al finalizar el presente año ya se hayan efectuado las primeras adquisiciones de instrumentos en mercados internacionales, con lo cual se obtendría un importante medio de diversificación para la gestión de este portafolio de inversiones”, recalcó Mora.
Por su parte, Jupema impulsa desde el año pasado una reforma legal que le permita invertir en los mercados extranjeros hasta el 20% de los recursos administrados, es decir, casi ¢700.000 millones.
El proyecto plantea una gradualidad en el proceso que se iniciaría con 5% de los recursos en un primer año y se elevaría 5% cada tres hasta alcanzar el máximo permitido.
A finales de abril pasado, la iniciativa recibió un dictamen afirmativo de mayoría en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, pero está pendiente su discusión en el plenario legislativo.
LEA MÁS: Poder Judicial descarta recorte en jubilaciones heredadas para fortalecer su régimen de pensiones
“La ley (actual) obliga a invertir solo en el mercado costarricense, lo que la condena a un riesgo de concentración de sus recursos y a un riesgo país que no tienen los demás (fondos de pensiones)”, dijo Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema,
Arias agregó que el RCC es el único fondo de pensiones básico y complementario que no puede invertir en el extranjero.
“Hay un tema de riesgo y de rentabilidad porque los mercados internacionales son más profundos y hay más alternativas de inversión”, afirmó el vocero.
Rentabilidad de inversiones
El argumento de la mayor diversificación y rentabilidad fue el principal elemento señalado por las operadoras de pensiones complementarias (OPC) para llevar las inversiones internacionales a un saldo de ¢2,27 billones, a junio anterior, es decir, el respecto a los ¢1,04 billones del 2020, según datos de Supén.
La rentabilidad anual de las inversiones de los fondos básicos es uno de los elementos que se toman en cuenta para la estabilidad de un régimen de jubilaciones.
Por ejemplo, en el más reciente estudio actuarial del RCC, de marzo anterior, se estableció que en el largo plazo las inversiones deben generar un rendimiento anual de 5,67%, con una inflación del 4%.
Si los rendimientos se ubican por encima de dicho porcentaje genera un superávit actuarial, pero si es menor, se produce un déficit.
En el caso del fondo del Poder Judicial, el estudio actuarial de marzo pasado estableció que el sistema debe obtener rendimientos reales (una vez descontada la inflación) entre 4,5% y 5,4% para que no se genere un deterioro adicional en el fondo.
El informe proyectó que el régimen tiene un déficit actuarial de ¢698.139 millones.
Mientras tanto, en el último estudio actuarial realizado al IVM, de julio del 2019, se proyectó un rendimiento real del 3% anual.
Con dicho porcentaje, el fondo lograba financiar el 48% de las pensiones futuras. En caso de elevarse el rendimiento al 4%, la razón de solvencia se elevaba al 53%.
Con la reciente reforma aprobada por la Junta Directiva de la Caja, en agosto anterior, la solvencia del sistema se prevé se eleve al 65%, sin tomar en cuenta una posible mejora por la vía de los rendimientos.