La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial descartó la posibilidad de reducir el monto de las pensiones heredadas, una reforma que permitiría fortalecer el régimen especial de retiro de la institución pública.

En el informe del más reciente estudio actuarial aplicado al sistema, con fecha del pasado 8 de marzo anterior, se recomendó bajar el monto de las pensiones sucesorias del 80% al 50% de la cuantía recibida por el funcionario judicial al fallecer.

La opción se planteó con el objetivo de disminuir el déficit del régimen que, al 31 de diciembre anterior, era de ¢698.139 millones, según la Evaluación Actuarial 2020 de la cual tiene copia La Nación.

En caso de muerte del empleado o pensionado judicial, el régimen del Poder Judicial otorga el beneficio en los casos de viudez, unión de hecho, orfandad o ascendencia.

El rechazo unánime de la Junta a la reforma ocurrió el pasado 24 de marzo, el mismo día en que conocieron el estudio final, elaborado por el actuario independiente Raúl Hernández, según consta en el acta 14-2021.

También en esa sesión se desechó la opción de limitar las alzas en las pensiones de la Corte al 50% de la inflación, idea que se propuso, también, el año pasado.

Los dos cambios implicarían, se señala en el informe, una reducción del déficit el cual se ubicaría en ¢468.680 millones, es decir, se reduciría en ¢229.459 millones.

“Se debe tomar medidas para retomar el equilibrio actuarial”, se enfatizó en el documento.

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El análisis muestra que, para equilibrar el sistema, la cotización al fondo debería ser equivalente al 68,22% del salario de cada trabajador y de la pensión de cada persona retirada.

Actualmente, el aporte total al régimen es equivalente al 28,77%. El Poder Judicial, como patrono, aporta 14,36%; los trabajadores y pensionados, el 13% y la contribución estatal es del 1,41%.

Arnoldo Hernández, presidente de la Junta, explicó que las recomendaciones fueron desestimadas por considerarse inaplicables legalmente, pues dicho órgano no tiene la potestad para hacer el cambio, sino solo el Congreso mediante reforma legal.

“La posibilidad de proponer reformas legales a un régimen de pensiones, requiere de un análisis minucioso de las tendencias en el largo plazo de sus resultados (…) no es práctica común proponer reformas legales en tan corto tiempo luego de un ajuste tan importante como el sufrido por este régimen”, afirmó en referencia a las modificaciones hechas en el 2018.

En el 2018, el sistema tuvo una reforma que incluyó el aumento del aporte del 11% al 13% por parte de los trabajadores activos de la institución y los pensionados.

El monto de la pensión se redujo del 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios, al 82% del promedio de los últimos 20 años de salarios. Se elevó la edad de retiro de 62 a 65 años, y el tiempo de servicio mínimo para pensionarse anticipadamente de 10 a 20 años.

Además, se estableció un tope de pensión de 10 salarios base de un empleado judicial (¢462.200, este 2021).

Hernández destacó que la condición del sistema de jubilaciones no es la misma de hace tres años.

“No se puede esperar que los efectos de una reforma que tardó muchos años en realizarse tengan secuela inmediata”, dijo el Presidente.

A pesar de su respuesta, él y la directora Ingrid Mora consideraron necesario efectuar un análisis jurídico de la recomendación hecha en el estudio, se detalla en el acta de la sesión de la Junta Administradora, del pasado 24 de marzo.

Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), destacó que la reforma del 2018 trajo resultados positivos al sistema de jubilaciones.

Previo al cambio de hace tres años, el régimen del Poder Judicial tenía un hueco actuarial de ¢5,3 billones.

“Lo que le interesa a la Supén es que el Fondo mantenga un constante monitoreo de los indicadores de sostenibilidad y solvencia para asegurar que se alcance o supere el objetivo de darle (...) viabilidad financiera y actuarial y, en caso de ser necesario, que se tomen medidas adicionales a tiempo”, explicó Aguilar.

Aún con desequilibrio

El fondo de jubilaciones contaba, al cierre del 2020, con una reserva de ¢633.720 millones. Además, con 4.216 jubilados y 13.722 trabajadores activos.

El estudio encontró, en el análisis con población cerrada, que los ingresos del régimen son suficientes para pagar las pensiones hasta el 2036.

Pero, a partir de ese año, el régimen comenzará a usar la reserva y se agotará en el 2048.

Dicha previsión se materializaría, según el informe, si el fondo de pensiones no es sometido a ninguna nueva reforma.

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La proyección brindada, con corte al 31 de diciembre anterior, adelanta por dos años el momento en que se extingue la reserva pues, en el estudio del 2019, esa situación estaba prevista en el 2050.

Una valuación actuarial efectúa una proyección de los ingresos y gastos de un régimen de pensiones en un periodo de 100 años, y trae los resultados a valor presente.

El Presidente de la Junta Administradora destacó que, por normativa, deben efectuar una revisión previendo que no ingresan más cotizantes al régimen, es decir, en escenario cerrado.

Hernández dijo que, según el informe del 2020, se generó una reducción del déficit frente al ¢736.058 millones, del 2019.

La evaluación concluyó que la disminución se dio por un aumento significativo en la salida de funcionarios con más de 15 años de laborar en el Poder Judicial.

Otro elemento clave fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El efecto, en este caso, es que reduce el monto de la pensión futura de los actuales trabajadores, lo cual disminuye el déficit.

El informe muestra que en las proyecciones del escenario abierto, es decir, cuando mantiene el ingreso de cotizantes, se produce un excedente de recursos.

Dicha proyección se cumple si, durante los próximos 100 años, la planilla de Poder Judicial crece anualmente el 3%.

Bajo esa premisa, el sistema tendría un superávit actuarial de ¢201.462 millones.

El presidente de la Junta Administradora destacó que, bajo dicha metodología, el fondo refleja un claro progreso.