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El Estado costarricense paga millones de dólares al año por créditos con organismos multilaterales para financiar obras de infraestructura que registran una baja ejecución.
Hasta agosto de este año, el costo anual por pagar intereses, amortizaciones y comisiones bancarias de los 17 préstamos ascendió a $94 millones, según el Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, las entidades públicas encargadas de invertir el dinero de los créditos solo ejecutaron el 28% de los $2.000 millones disponibles, según los datos de los proyectos con endeudamiento externo.
Juan Carlos Quirós, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aceptó que el Estado incurre en un costo financiero alto, cada año, por la lentitud en el avance de las obras públicas.
“Preocupa que no se hagan escuelas, puentes y la infraestructura vial necesaria. Ese es el verdadero costo para el país”, recalcó Quirós.
Cada uno de los créditos de inversión firmados por el país tiene un plazo de cinco años para la ejecución total del dinero. Cuando el tiempo se agota y los recursos no se usaron, el Gobierno solicita prórrogas a los bancos, práctica a la cual el país recurre con regularidad, reconoció Quirós.
El crédito externo más antiguo en ejecución es del 2003: un programa de agua potable y saneamiento por $11,8 millones que usó 80% de los fondos en 11 años.
Los mayores acreedores del país son los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En rojo. En julio anterior, el Gobierno hizo una clasificación del estado de los créditos externos. Cuatro fueron puestos en “rojo” debido a su escaso avance.
Para Hacienda, las iniciativas con mayor atraso son el Programa de Infraestructura Vial (PIV), que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y el Programa para la Prevención de la Violencia, que administra la cartera de Justicia y Paz. El primero es para rehabilitación de carreteras y puentes y el segundo para infraestructura penitenciaria.
Carlos Villalta, gerente del proyecto PIV, reconoció que pedirán una ampliación para el uso de los $300 millones pues en agosto del próximo año se cumple el plazo para la ejecución del total de los recursos. De agosto del 2010 a agosto del 2014 se usó el 50% del préstamo.
“Los atrasos son por procesos complicados de contratación y de diseño de algunas obras, no es en la ejecución de las obras”, enfatizó.
En el caso del proyecto administrado por Justicia, solo fue ejecutado el 9% de los $132 millones del crédito. Cristina Ramírez, jerarca de la entidad, atribuyó el atraso a la anterior administración.
Para Hacienda, el Instituto Costarricense de Electricidad es la entidad estatal más eficiente en el uso de los créditos pues tiene una unidad ejecutora especializada y menos ataduras para contratación.
