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La Comisión Europea (CE) pasó de nuevo a la ofensiva este miércoles 4 de octubre contra la optimización fiscal en el bloque de los gigantes estadounidenses de Internet, con las prácticas de Amazon en Luxemburgo y las de Apple en Irlanda en el punto de mira.
El ejecutivo europeo urgió por una parte a Luxemburgo a cobrar a Amazon unos 250 millones de euros de beneficios fiscales indebidos y, por otra, decidió llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por no recaudar de Apple unos 13.000 millones de euros.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, detalló en rueda de prensa estas dos acciones, que llegan en un contexto de cruzada contra los gigantes de Silicon Valley por parte del ejecutivo comunitario, que estudia una reforma para gravar a este tipo de empresas.
Acusada en el pasado por Washington de tener especialmente en el punto de mira a las empresas estadounidenses, Vestager reivindicó su imparcialidad asegurando que "no es una cuestión de nacionalidad". "No hay sesgo de mi parte, me importa poco la bandera", agregó.
Respecto a Amazon, cuya sede en la UE está en Luxemburgo, la Comisión cierra con esta decisión una investigación en profundidad –abierta hace casi tres años– sobre un acuerdo fiscal en 2003 y renovado en 2011 entre esta empresa y el Gran Ducado.
"A Amazon se le permitió que pagara la cuarta parte de los impuestos que pagan otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales nacionales. Según las normas de la UE sobre ayudas estatales, esto es ilegal", subrayó Vestager.
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Amazon, que abrió la puerta a un recurso, rechazó rápidamente estas acusaciones, asegurando "no haber recibido ningún trato especial de parte de Luxemburgo". "Hemos pagado nuestros impuestos en pleno cumplimiento de las normas fiscales internacionales y de Luxemburgo", agregó.
El gobierno luxemburgués, que anunció su intención de analizar la decisión del ejecutivo comunitario, defendió también que la imposición a Amazon se realizó "conforme a las reglas fiscales en vigor cuando tuvieron lugar los hechos".
Los acuerdos fiscales se produjeron cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ejercía de primer ministro y de ministro de Finanzas de Luxemburgo. Vestager precisó que no investigan "sobre personas", sino sobre el "comportamiento" de los países de la UE.
Inacción de Irlanda
En el caso de Irlanda, la Comisión Europea actúa ante la inacción de Dublín para aplicar su orden de agosto del 2016, de recaudar 13.000 millones de euros de "beneficios fiscales indebidos" acordados a Apple.
"Más de un año después (...) Irlanda todavía no ha recuperado la suma, aunque solo sea en parte. Por eso, hemos decidido llevar a Irlanda ante el TJUE", explicó la comisaria europea, un anuncio que generó una "gran decepción" al gobierno irlandés.
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El ministerio de Finanzas de Irlanda, que había recurrido esa primera decisión al igual que Apple, destacó en un comunicado haber realizado "progresos significativos en este complejo tema" y consideró que la Comisión tomó una decisión "totalmente innecesaria".
Contactada por la AFP, Apple, que declara en Irlanda todos los beneficios realizados en Europa, África, Oriente Medio e India, no reaccionó directamente a la decisión adoptada este miércoles, reiterando simplemente que coopera con Irlanda y que espera ganar ante la justicia europea.
Bruselas tiene en el punto de mira a los grandes grupos de Internet, como Amazon o Apple, por llevar a cabo la práctica conocida como optimización fiscal, consistente en montajes financieros para minimizar sus impuestos.
Estas empresas transfieren artificialmente los beneficios obtenidos en toda la UE a un sólo país del bloque, como Irlanda o Luxemburgo, donde se benefician de un régimen de imposición ventajoso.
Para hacer frente a esta práctica, Francia, Alemania, Italia y España, con el apoyo de otros seis países, presentaron a mediados de setiembre una iniciativa para gravar a las multinacionales sobre la base de su facturación en cada país, en lugar de los beneficios.
A pesar de las reticencias de algunos países del bloque como Irlanda o Malta, la Comisión Europea debe proponer en el 2018 nuevas reglas para gravar en la UE a estas multinacionales.
