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Los banqueros prevén una baja en la colocación del crédito si se materializa el cobro del impuesto sobre la renta y debido a las nuevas reglas sobre estimaciones en préstamos.
En octubre anterior, Tributación remitió el traslado de cargos de cobro de renta a ocho entidades financieras por un monto de ¢129.000 millones tras auditar los periodos fiscales del 2010 al 2013.
Además, a partir de junio pasado, entró a regir una nueva regulación que obliga a la banca a realizar una mayor provisión de dinero de forma preventiva ante eventuales deterioros de la cartera de crédito.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), dijo que “sin lugar a dudas se estará afectando la evolución natural del crédito, la inversión y el empleo”.
“Los bancos deberán realizar mayores estimaciones generándose así una mayor presión sobre la suficiencia patrimonial, por una parte, y por otra podría provocar incrementos en las tasas de interés activas en importantes segmentos del crédito”, aseguró Cortés.
La suficiencia patrimonial es el capital necesario para hacerle frente a los riesgos de un banco, como el deterioro en la cartera de crédito.
Annabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos , coincidió en que las mayores necesidades de capital para estimaciones llevará a incrementos de intereses lo cual provocará menos demanda de crédito y menos colocaciones.
Javier Cascante, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), aseguró que la nueva normativa regulatoria se creó con el objetivo de proteger los recursos que los ahorrantes tienen en la banca.
Añadió que las mayores estimaciones son una protección ante los choques internos y externos que sufre la economía costarricense.
Por otra parte, Gerardo Porras, gerente de Bancrédito, reconoció que la actual disputa entre Tributación y la banca, en la fórmula de cálculo del impuesto sobre la renta, crea inseguridad jurídica en todo el sistema financiero.
“Este tema (tributario) no es una problemática que afecta al sistema financiero, y que consideramos debe resolverse con modificaciones legales que brinden mayor seguridad jurídica”, afirmó Porras.
