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La Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) aprobó una reforma al fondo de jubilaciones de sus empleados que reduce el monto de pensión que pueden heredar sus familiares.
Con el cambio, aprobado en noviembre del 2020, la pensión sucesoria para cónyuges, hijos y progenitores será equivalente al 50% del monto recibido por el jubilado al momento de fallecer, en lugar del 70%.
La modificación al Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional se publicó en el diario oficial La Gaceta, el pasado 13 de enero, y empezará a regir 18 meses después, es decir, en julio del 2022.
Al 31 de diciembre del 2020, el monto promedio mensual de la jubilación por sucesión del cónyuge era de ¢313.500; la de los hijos, de ¢279.000; y la de los progenitores, de ¢240.500, según el estudio actuarial hecho al régimen, el pasado 16 de marzo, del cual La Nación tiene copia.
Adicionalmente, la Directiva del BNCR incorporó, dentro de la reforma, los pasos a seguir en caso de liquidación o disolución del régimen.
Carlos Chavarría, gerente general del Fondo, dijo que la medida se creó en caso de la aprobación de una ley destinada a cerrar regímenes especiales.
Actualmente, en el Congreso hay varias iniciativas legales que buscan liquidar fondos complementarios especiales de empleados públicos como el del BNCR, el de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Costarricense de Electricidad.
Al cierre del 2020, este sistema de pensiones del Banco Nacional contaba con 1.577 jubilados, de los cuales 1.237 eran pensionados directos. Los restantes 340 eran beneficiarios por sucesión.
Este régimen se financia con la contribución del Banco del 10% sobre el salario de los 5.117 empleados afiliados. Los trabajadores aportan 5,5% de su remuneración, pero irá en aumento hasta llegar al 7%, en el 2026.
Al 31 de diciembre anterior, el fondo contaba con una reserva de ¢167.329 millones.
Persisten desequilibrios
La reforma tuvo el efecto de reducir el déficit actual, pero no lo eliminó. Al cierre del 2020, el régimen reportó un faltante de ¢24.292 millones en el escenario cerrado, es decir, sin prever la incorporación de nuevos cotizantes.
Al mismo periodo del 2019, el déficit era de ¢45.763 millones, según el estudio actuarial.
“De acuerdo con las hipótesis del escenario base cerrado de este estudio, (el régimen tiene) una razón de solvencia de 0,93%, lo cual significa un desequilibrio actuarial”, se concluyó en el análisis.
La razón de solvencia mide la capacidad de un fondo de pensiones para hacer frente al pago de las pensiones actuales y futuras. La normativa considera que un sistema es equilibrado cuando el resultado es del 1%, quiere decir que los ingresos son suficientes para pagar a los beneficiarios.
Chavarría argumentó que, para ver la realidad del fondo, este debe analizarse en un escenario abierto, en el cual continúa recibiendo nuevos afiliados.
En ese análisis, el déficit actuarial pasó de ¢24.463 millones, en el 2019, a ¢9.232 millones, durante el año pasado, según la valuación actuarial.
“El monitoreo de la solvencia de un régimen de pensión debe ser continua, es decir, realizar una reforma no significa que el régimen tendrá un equilibrio permanente y que ya no requerirá nuevos ajustes, sino que (...) las variables a las que está sujeta la solvencia de un fondo como el nuestro, obliga a su constante seguimiento”, recalcó el Gerente del Fondo.
Sin embargo, las reglas dictadas por la Superintendencia de Pensiones (Supén) ordenan evaluar los sistemas de jubilación en un escenario cerrado, con el objetivo de promover cambios de manera anticipada.
“Un déficit actuarial de esta magnitud (¢24.292 millones) se consideraría importante pero manejable, pues permitiría al Fondo darle seguimiento a los indicadores y niveles de financiamiento de los beneficios, para valorar ajustes adicionales”, explicó Rocío Aguilar, jerarca de la Supén.
La funcionaria recalcó que el informe se encuentra aún en proceso de revisión por parte de la Superintendencia.
El estudio actuarial mostró que la reserva del régimen comenzará un proceso de decrecimiento, a partir del 2059, y se agota en el 2076.
En el análisis del 2019, se estimó que la reserva se extinguiría en el 2059, se destaca en el informe.
Banco estudia crear aporte solidario a 355 jubilados con pensiones mayores a ¢1 millón
El Banco Nacional confirmó que inició un proceso de análisis para la creación de un aporte solidaria, del 5,5%, para los jubilados de su fondo especial de pensiones que reciben una pensión de más de ¢1 millón por mes.
Dicha posibilidad se recomendó, en el más reciente estudio actuarial elaborado al régimen, el pasado 16 de marzo, y del cual tiene copia La Nación.
Del análisis al Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional se desprende que la contribución recaería en un grupo de 355 personas.
El estudio recomendó crear el aporte para favorecer la estabilidad actuarial y equidad intergeneracional.
La propuesta se presentó porque, los actuales jubilados del régimen, por cada ¢100 que reciben al mes, solo pusieron ¢43.
En tanto, las generaciones actuales y futuras, por cada ¢100 que obtendrán cuando se retiren, habrán contribuido entre ¢150 y ¢216, se destaca en el informe.
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“Es importante promover aquellos ajustes paramétricos que permitan mitigar o eliminar, del todo, el desequilibrio del Fondo, lo que se observa es que el cargar costos adicionales a las nuevas generaciones, no se ajustan a los principios doctrinarios básicos de un fondo complementario”, se señala en el estudio de 115 páginas.
Carlos Chavarría, gerente del régimen, confirmó que en el plan de acción, para fortalecer el sistema, se incorporó la propuesta del aporte solidario la cual será vista en una comisión integrada por trabajadores, el Banco y los administrados del sistema.
“La creación del aporte de los pensionados (…) es parte de las posibles estrategias, junto con otras mencionadas en el estudio, que debe cotejar la comisión para continuar la tendencia positiva de disminución del déficit actuarial mostrada en los últimos estudios”, dijo el vocero.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), dijo que la contribución solidaria llevaría el déficit actuarial del actual ¢24.292 millones a ¢19.331 millones.
Sin embargo, destacó que dichos cálculos están en proceso de revisión, pues el cálculo es del estudio actuarial.
“Es claro que la medida mejora la situación financiero-actuarial del fondo, pero aún quedaría un déficit”, dijo Aguilar.
La pensión mínima en el sistema de jubilaciones del Banco Nacional es de ¢250.000 por mes, mientras que la pensión más alta llega a los ¢7,5 millones.
El 77,5% de los 1.577 pensionados reciben una cuantía menor a ¢1 millón, mientras que el 22,5% supera dicho monto.
Solo el 1% de los beneficiarios tienen un beneficio por encima de los ¢5 millones mensuales, se detalla en el estudio actuarial.
