“El objetivo del proyecto de ley está en línea con la naturaleza del FCL (…) orientado a proveer un auxilio de cesantía. En particular, si una empresa tiene que reducir las jornadas o suspender los contratos laborales de sus empleados, ello implica una reducción en los ingresos de los trabajadores afectados, lo cual es análogo a la finalización del contrato laboral”, destacó la entidad en el documento enviado al Departamento de Servicios Parlamentarios del Congreso.

Asimismo, consideró inconveniente la propuesta inicial de los legisladores de crear un certificado de iliquidez, para entregar a los afiliados, y que estos puedan hacerlo efectivo en un banco público.

La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), también se opuso a esta medida, pues expondría a los trabajadores a riesgos que son responsabilidad de las propias operadoras.

Sobre las recomendaciones del BCCR, Hermes Alvarado, presidente de ACOP, recalcó que no conoce en detalle la propuesta del ente emisor.

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Sin embargo, esta asociación reconoció que esperan presentar, este lunes 30 de marzo, un proyecto alternativo para que sea conocido por los diputados.

“Estamos trabajando en un texto sustitutivo para brindar la seguridad del caso a los afiliados y a las operadoras. Procuramos que sea un documento consensuado con las entidades supervisoras y los diputados”, afirmó Alvarado.

La semana anterior, los legisladores presentaron, el 26 de marzo anterior, un plan para que los trabajadores a quienes se les reduzca la jornada de trabajo o se les suspenda el contrato puedan retirar el FCL.

Hasta febrero pasado, las OPC administraban ¢632.000 millones del FCL, de los cuales la mayoría de los recursos, el 82%, esta invertido a un plazo de vencimiento mayor a un año, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Este fondo es el dinero que aporta el patrono al trabajador como parte de su cesantía. Mensualmente, el empleador traslada el equivalente al 3% del salario de cada empleado.

Actualmente la ley solo permite el retiro del FCL por conclusión de la relación laboral (renuncia o despido), fallecimiento del beneficiario y cada cinco años (quinquenio).

Propuesta de liquidez

Para cumplir con el objetivo de brindarle liquidez a las OPC, el BCCR planteó a los congresistas dos medidas específicas.

Una de estas busca que el Banco pueda recibir como prenda o garantía activos (valores) de las OPC. Para ello, pidió se reforme la Ley de Protección al Trabajador y permita a las operadoras participar en el Mercado Integrado de la Liquidez (MIL), administrado por el propio Banco Central.

“Las operadoras de pensiones podrán otorgar prendas o garantías sobre el activo de los fondos que administran, siempre y cuando sea para la obtención de liquidez en los mercados organizados por el Banco Central”, se recalca en el texto enviado al Congreso.

La segunda opción propuesta es que el BCCR pueda recomprar títulos de deuda emitidos por el propio Banco o por el Gobierno, a las operadoras, para lo cual participaría en el mercado secundario, administrado por la Bolsa Nacional de Valores.

Para lograr este objetivo, solicitó se reforme la Ley Orgánica del Banco Central para autorizar expresamente la compra en el mercado secundario, por parte del BCCR.

Las medidas propuestas por la entidad monetaria son para enfrentar una posible alza de recursos por parte de las OPC para atender a los trabajadores afectados por coronavirus.

Sin embargo, no es exclusivo para esta situación, pues la reforma legal deja abierta la opción a que sea un instrumento del BCCR para atender la necesidad de liquidez de cualquier entidad financiera, cuando así lo requiera.