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Aldesa Corporación de inversiones (ACI) enfrenta nuevas dificultades en su intención de salvarse de la quiebra.
En esta ocasión se trata de la oposición de Banco Lafise y un inversionista para que el Juzgado Concursal efectúe la apertura del Convenio Preventivo de Acreedores presentado por la empresa, en mayo pasado.
Javier Chaves, presidente de Aldesa, informó, este martes 9 de junio, de que a inicios del presente mes supieron de la presentación de los recursos de apelación.
“De acuerdo con el criterio de nuestros asesores legales, la apelación representa un obstáculo para la declaratoria en firme del proceso, por lo que presentamos los alegatos correspondientes en contra de ese recurso”, informó Chaves a los inversionistas este martes 9 de junio .
El empresario señaló, en la comunicación, que el objetivo es evitar más demoras en el trámite para convertir la solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial en un proceso de Convenio Preventivo de Acreedores, presentado el pasado 17 de abril, el cual está aún pendiente de resolverse.
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El Juzgado Concursal ya rechazó, en primera instancia, la solicitud de revocatoria presentada por Lafise y el inversionista Dubuisson Schonermberg, tal como se desprende de la resolución de la cual tiene copia La Nación.
El Departamento Legal de Banco Lafise informó, por escrito, de que presentaron la revocatoria al proceso porque se busca ejercer los derechos de la ejecución de la garantía establecidos con Aldesa como deudor.
“El Banco se encuentra ejerciendo sus derechos de recuperación y en vista de que aún se encuentra en curso el proceso judicial, preferimos no brindar mayores detalles para no entorpecer el debido proceso”, informó la entidad financiera.
La entidad bancaria también declinó referirse al rechazo en el Juzgado de su solicitud de revocatoria, pues, indicó, aún está en trámite.
Actualmente, la solicitud de Lafise se elevó al Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José, según consta en la resolución del pasado 24 de mayo.
“A criterio de este Juzgado no existe norma legal alguna, de carácter específico o general, que impida a las promoventes (Aldesa) variar sus pretensiones en cuanto al proceso concursal preventivo al cual desea acogerse”, se detalla en la resolución firmada por el juez Fabio Enrique Delgado.
En el fallo también se rechaza que, debido al peritaje negativo al plan de salvamento presentado por Aldesa, el Juzgado deba decretar la quiebra de la empresa pues se trata de una prueba más en el proceso.
“Sin perjuicio de todo lo anterior, esta autoridad no logra determinar que el recurrente manifieste de forma clara, concisa y precisa, cuál ha sido el perjuicio que se le ha causado”, se destaca en el escrito de ocho páginas.
En febrero pasado, el Juzgado Concursal paralizó una solicitud de Lafise para el remate de 26 propiedades del proyecto Monte del Barco, administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión.
La entidad financiera acudió al Juzgado de Cobro de Santa Cruz para tratar de recuperar los recursos prestados a Aldesa en un crédito, en el 2008.
La empresa solicitó un préstamo de $10 millones a Lafise para el cual puso a responder propiedades del proyecto Monte del Barco. La operación tiene un saldo de $5 millones, pero se dejó de pagar cuando se pidió la intervención judicial, confirmó Chaves, a La Nación, en marzo pasado.
La firma bursátil solicitó la conversión del proceso judicial, el pasado 17 de abril, como medida para evitar la quiebra de la empresa, finalizar los proyectos inmobiliarios y pagar a los acreedores.
El grupo empresarial acudió a la vía judicial, el año pasado, por problemas de liquidez para concluir ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales había obtenido recursos por $200 millones de un grupo de 600 inversionistas.
A inicios de marzo pasado, Aldesa alcanzó acuerdos de pago por $65 millones para un grupo de 150 acreedores.
El principal acuerdo fue la entrega del proyecto inmobiliario Terra Verbena, por casi $50 millones, a un fideicomiso a favor de los inversionistas y que es administrado por Consultores Financieros (Cofín).
Los otros acuerdos, por $15 millones, fueron la entrega del edificio de la sede de Aldesa en Curridabat; proyectos de la firma Graviton, especializada en energías renovables; y la propiedad Conde Montecristo, en Puntarenas.
