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Un grupo de 69 municipalidades aplicó moratorias en el pago de impuestos locales y alguna reducción de tarifas para ayudar a los ciudadanos a enfrentar la pandemia luego de recibir autorización mediante una ley, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República.
La entidad contralora determinó, además, que 23 de los gobiernos locales acudieron a utilizar el superávit libre y específico del año pasado para financiar gastos administrativos, en vista de las repercusiones de la emergencia sanitaria.
Así se desprende del informe de seguimiento de aplicación de la Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de covid-19, publicada el 22 de mayo de este año.
La Contraloría explicó que 80 de los 82 ayuntamientos de Costa Rica remitieron la información solicitada, que tiene un corte al 31 de julio pasado.
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El informe detalló que nueve gobiernos locales acudieron a la autorización para utilizar hasta el 40% de la recaudación por el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para financiar gastos administrativos. La ley permite destinar hasta 10% de esos ingresos con tal fin.
En lo relativo a la autorización legal de utilizar hasta 50% de los ingresos ordinarios municipales para gastos administrativos, 53 ayuntamientos se encuentran en un rango del 20% al 39% que representa una alerta media.
Solo la Municipalidad de Aserrí sobrepasa el 40%, ubicándose en un rango de alerta alta en este campo, dice el informe.
De acuerdo con la Contraloría, al primer semestre de este 2020, los ingresos totales de las municipalidades del país presentaron una caída de 2,1%, ya que al 30 de junio de este año se tenía una recaudación de ¢406.610 millones, mientras que para esa misma fecha pero del año 2019 se contaba con un ingreso de ¢415.536 millones.
Al ampliar acerca de las moratorias, el informe indica que 47 municipalidades reportan 1.086 solicitudes por parte de contribuyentes para acogerse a los planes de moratoria en el pago de tasas, impuestos, precios públicos y servicios municipales, de las cuales 588 (54%) solicitudes se han aprobado.
La Ley autorizó una reducción de hasta 50% en los montos cobrados por concepto de arrendamiento de locales, tramos o puestos de los mercados municipales. Del total de 2.637 locales que disponen las municipalidades para arrendamiento, se determinó que 351 arrendatarios se acogieron a una rebaja de los montos cobrados por concepto de alquiler.
La Contraloría recomendó a los ayuntamientos realizar un seguimiento riguroso de los ingresos, con el fin de tener una planificación adecuada en relación con los gastos.
El objetivo, agregó la institución, es seguir prestando de una manera continua los servicios y, a su vez, apoyar a los contribuyentes que han visto afectados sus ingresos, mediante el uso de los distintos mecanismos establecidos en la ley.
