Hazel Valverde, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), afirmó que la semana anterior un tribunal falló, a favor de la entidad, la petición de reclasificar, a categoría de créditos malos, millonarias operaciones de descuentos de facturas dadas por Financiera Desyfin a empresas vinculadas al caso de la trocha fronteriza.
La sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo llegó diez años después de que, en octubre del 2015, la Sugef ordenó a Desyfin modificar la categoría de riesgo de los préstamos. Además, ocurre en momentos en que la entidad está en proceso de cierre por inviable.
“(El proceso legal) impidió a la Superintendencia obligar a la entidad a hacer la reclasificación de esos créditos, que ya por una valoración técnica se había determinado que no iban a cancelarse. O sea, que iban a ser operaciones que había que estimar al 100%”, dijo Valverde en un webinar realizado por la Universidad de Costa Rica (UCR), este miércoles 16 de julio.
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Según una noticia publicada por La Nación, en octubre pasado, “antes del 2016″ la Sugef había ordenado a la financiera —intervenida en agosto del 2024 y declarada inviable en octubre— reclasificar los créditos vinculados con la trocha fronteriza.
Sin embargo, una medida cautelar aceptada a la financiera por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda paralizó la ejecución de esa orden.
No fue sino hasta el 11 de setiembre del 2024, mediante la resolución 2024005988, que se declaró con lugar la gestión de levantamiento de medida cautelar.
Lo anterior permitió a los interventores de la entidad adecuar la calificación de riesgo de todos los préstamos de descuento de facturas de la trocha fronteriza.
En mayo del 2012, Laura Chinchilla, entonces presidenta de la República, reveló supuestos actos de corrupción en la construcción de la trocha fronteriza. Ella denunció el presunto pago de dádivas y el aparente desvío de fondos destinados a la construcción de la obra.
Desyfin disimuló pérdidas
En octubre pasado, La Nación publicó que Desyfin encubrió durante años las pérdidas por millonarios créditos derivados del descuento de facturas a siete empresas que estuvieron vinculados con la construcción de la llamada trocha fronteriza o ruta 1856.
Según el acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que ordenó el cierre de Desyfin, el saldo adeudado a agosto del 2024 era de ¢9.220 millones; no obstante, el monto inicial de las operaciones fue de ¢2.460 millones.
El descuento de facturas era uno de los principales negocios de la financiera. En esta actividad, las empresas comerciales venden una cuenta por cobrar, trasladando el ingreso futuro al comprador de la factura con el objetivo de transformar una venta a crédito en una venta de contado.
El negocio para el comprador es que la adquisición de la factura se hace con una rebaja o descuento. Por ejemplo, si el monto a pagar es de ¢100.000, la compra se hace por ¢80.000.
La financiera aplicó refinanciamientos “de forma reiterada y constante”, según se expuso en la resolución.
“En los balances de la Financiera se mantienen registradas siete operaciones de igual cantidad de deudores relacionados con el caso denominado trocha (fronteriza), créditos que están totalmente deteriorados sobre los cuales no se recibe pago alguno desde el 2012″, se detallaba en la decisión del Conassif de instruir la resolución de Desyfin, publicada el 15 de octubre del 2024 en el Diario Oficial La Gaceta.
El Informe Final de la Interventoría mostraba que los créditos vinculados con el proyecto de la carretera fronteriza fueron una de las razones que llevaron a la financiera a su cierre.
Recursos legales limitan gestión de Sugef
La superintendenta Hazel Valverde indicó, este miércoles 16 de julio, que existen “muchísimos elementos” de parte de las entidades para poder limitar la gestión del ente supervisor, como recursos legales y administrativos que “muchas veces atrasan los procesos de supervisión y que, por supuesto, deben atenderse”.
“Esto no quiere decir que como Superintendencia no aceptemos que, por supuesto, no todas las veces que nosotros definimos una acción en relación con una entidad, esa acción está siempre correcta al 100%. Hay matices.
“Pero esos recursos que interponen las entidades, ya sea administrativa o legalmente, muchas veces limitan la capacidad de la Superintendencia de poder atender sus obligaciones”, señaló la jerarca.