Luego de 13 años de espera y diversos atrasos, finalmente este lunes el representante del Ministerio Público pudo empezar a leer la acusación en el juicio de la Trocha contra 13 imputados por presunta corrupción en la construcción de la carretera fronteriza, en el Segundo Circuito Judicial de San José.
Parte de la pieza acusatoria señala que un funcionario del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) habría recibido como dádiva, por parte de empresarios involucrados en la obra, una noche en un “centro de entretenimiento nocturno” ubicado en la Uruca de San José en marzo del 2012, detalló el fiscal Carlos Jiménez.
Al parecer, el imputado de apellido Castillo, representante de una empresa, habría cancelado ¢7.500 por la entrada al lugar de entretenimiento del imputado apellidado Serrano y sus acompañantes, además de ¢108.000 en comida y ¢37.000 en champán.
Asimismo, el sospechoso Muñoz le habría cancelado a Serrano “el derecho de compañía de dos bailarinas” en un salón VIP de este centro nocturno, además del consumo en ese salón, para un total de ¢233.000.
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Otro imputado de apellido Ramírez, quien era inspector de Conavi, habría recibido un soborno de ¢38 millones por parte del sospechoso Soto, para que su empresa fuera contratada, a pesar de que no cumplía con los requisitos, y que la misma no fuera fiscalizada durante la construcción de la trocha de 160 kilómetros de longitud, fronteriza con Nicaragua.
El fiscal mencionó también que entre diciembre del 2011 y enero del 2012 Ramírez habría viajado por cinco días a Miami, Estados Unidos, junto con su familia y con el imputado Castillo, quien viajó con su esposa. Cuatro días antes del viaje, Castillo habría pagado como dádiva los $2.300 que costaron los boletos de Ramírez y su familia.
La acusación señala también la entrega de múltiples vehículos a los funcionarios públicos, así como de propiedades.
Según la Fiscalía, estas dádivas se habrían entregado para que no se fiscalizaran los cobros ilegales realizados por las empresas constructoras a lo largo de las obras, impulsadas con un decreto de emergencia durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), el cual se emitió en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero.
“Para el pago de las facturas, los inspectores (de Conavi) utilizaron el procedimiento en el cual era necesario que constara dentro del expediente de cada cobro un documento denominado informe diario, en el que debía consignarse por parte del inspector encargado y del contratista la maquinaria que había elaborado por día, la hora de entrada y la hora de salida”, detalló el fiscal.
De esta forma, este informe diario habría sido alterado para inflar las horas de trabajo de la maquinaria, y así cobrar de más en las facturas al Conavi. Según el Ministerio Público, en múltiples ocasiones se reportó, además, que la tarifa por hora de la maquinaria era más alta de la que se debía cobrar realmente.
La lectura de la acusación se extendió durante casi siete horas este lunes, y según estimaciones del fiscal Jiménez, podría prolongarse hasta el miércoles o incluso el jueves.
Resumen del caso
Esta causa penal cuenta con 13 imputados, de apellidos Acosta, Castillo, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer) y Montoya, por los presuntos delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.
Un decimocuarto imputado de apellido Campos había iniciado el proceso como imputado, pero este lunes se determinó que no podía seguir en el juicio por una inflamación en el cerebro, según afirmó su abogado. De esta manera, el Tribunal abrirá un testimonio de piezas (un expediente aparte) solo para Campos, para no seguir atrasando este juicio.
Una vez termine la lectura de la acusación, el Tribunal verificará que cada imputado hubiese estado atento a lo expuesto por la Fiscalía. Luego, empezarán las declaraciones de los 109 testigos, en un proceso que podría extenderse hasta octubre.
En un principio, el juicio iba a empezar el 31 de marzo, pero José Miguel Villalobos, quien era abogado de ocho de los imputados, alegó choque de agendas.
Villalobos también representa a siete imputados en el juicio del Caso Fénix, incluido el presunto líder de una banda de lavado de dinero. Al chocar la agenda de este debate con el de la trocha, el Tribunal Penal acordó, inicialmente, programar el juicio de la trocha en horario vespertino, de 4 p. m. a 8 p. m.
Sin embargo, Villalobos no se presentó a las audiencias que se convocaron en horario extraordinario y, finalmente, fue separado del debate por el Tribunal.
Su abandono provocó más atrasos, al tener que nombrarse abogados nuevos, quienes presentaron alegatos hasta lograr que el juicio volviera a jornada diurna.
El debate continuará este martes a las 8:30 a. m. y se prevé que el proceso se extienda durante cuatro meses, aproximadamente.