El juicio por el caso relacionado con la construcción de la Trocha fronteriza fue pospuesto una vez más y ahora iniciará hasta dentro de un mes. Así lo decidió este miércoles el Tribunal Penal de Goicoechea.
Los jueces aceptaron la solicitud de cuatro defensores públicos, de aplazar el debate para poder revisar a detalle el expediente. Así las cosas, el presidente de ese tribunal, Alexander Salazar, anunció que el arranque será el lunes 30 de junio y que la expectativa es que finalice el 31 de octubre.
Esos defensores ingresaron a la causa posterior al 8 de abril, luego de que el abogado José Miguel Villalobos fuera separado del proceso. Ante esa situación, alegaron que no han tenido suficiente tiempo para estudiar el expediente, que contiene más de 65.000 folios —solo 700 son la acusación—, más de 100 cajas de prueba y 98 testigos.
La defensora pública Paola Vargas insistió en que “estas solicitudes no se realizan para obstaculizar el debate, ni para impedir una justicia pronta y cumplida”. Esa fue su respuesta a las afirmaciones hechas por el defensor privado Fernando Apuy, quien ha declarado ante el tribunal y la prensa que la Defensa Pública pretendía demorar el proceso.
“Nosotros lo único que estamos haciendo es respetar principios procesales, como son el derecho de defensa y el debido proceso, en eso nos respaldamos, no en tecnicismos”, agregó Vargas.
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Otras gestiones en marcha
El tribunal también anunció este miércoles que iniciaría las gestiones necesarias para suspender otras audiencias que tengan en agenda los defensores públicos, para que se puedan meterse de lleno a analizar esta causa, abierta desde el 2012, por una presunta corrupción en el otorgamiento de contratos para la construcción de la trocha fronteriza.
La petición de los defensores públicos fue respaldada por los representantes de la Fiscalía, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Antes de que el tribunal acogiera la solicitud, Apuy cuestionó que el juicio se atrasara otro mes, pues debió iniciar desde el 31 de marzo. Sin embargo, una vez programado el comienzo para el 30 de junio, el defensor afirmó a la prensa que los jueces han sido “prudentes” y que su preocupación era que el debate quedara suspendido, sin fecha definida.
En estos dos meses, el juicio ha enfrentado diversos obstáculos logísticos que han impedido su inicio. El principal obstáculo fue el choque con la agenda de José Miguel Villalobos, quien defendía a ocho imputados en esta causa y a otros siete en el Caso Fénix, por presunto lavado de dinero, cuyo juicio empezó en febrero.
Al no poder asistir a ambos debates, el tribunal de la Trocha propuso trasladarlo a jornada vespertina, de 4 p. m. a 8 p. m., y aunque todo estaba listo para que iniciara en ese horario, Villalobos se opuso y declaró su abandono al proceso, por lo que los acusados que él representaba fueron asumidos por la Defensa Pública.
Anterior solicitud de defensores públicos
Cuando el tribunal de este caso estuvo conformado por los jueces Cinthya Ramírez, Andrea Víquez y Joshua Artavia —lo cual cambió este martes— los defensores públicos habían pedido tres meses para revisar el expediente y que el juicio volviera a horario diurno, peticiones que no fueron acogidas.
Tras el posterior rechazo a una recusación, solicitada para separar a esos jueces, los defensores elevaron su reclamo sobre el horario al Consejo Superior del Poder Judicial, ente encargado de asuntos administrativos de esa institución.
El Consejo aceptó el alegato este martes y ordenó volver al horario diurno, pues con el abandono de Villalobos, ya no había razón para que el juicio se realizara en jornada vespertina.
Poco después de este anuncio, los jueces devolvieron la causa a la sección del tribunal que lo había asumido originalmente, pues afirmaron que se les había asignado bajo la condición de que trabajarían en jornada vespertina.
Por esta razón, la tarde de este miércoles el debate fue dirigido por la nueva conformación: Alexander Salazar, José María Arguedas y José Pablo Alvarado.
La causa penal cuenta con 14 imputados, de apellidos Acosta, Castillo, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los presuntos delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.
Los acusados son empresarios sospechosos de ofrecer dádivas a exfuncionarios para construir la trocha fronteriza, una vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La construcción se impulsó con un decreto de emergencia durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), el cual se emitió en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero.