El juicio de la Trocha, por presunta corrupción en la construcción del camino fronterizo, se realizará en horario diurno, después de que prosperó una gestión de la Defensa Pública contra la programación en jornada vespertina.
La decisión fue tomada este martes por el Consejo Superior del Poder Judicial, encargado de asuntos administrativos en esta institución, el cual concluyó que ya no había razones para que el debate se celebrara de 4 p. m. a 8 p. m.
Inicialmente, el Tribunal Penal de Goicoechea propuso la jornada vespertina por choques con la agenda del abogado José Miguel Villalobos, quien defendía a ocho imputados en la Trocha y otros siete en el Caso Fénix, por presunto lavado de dinero.
Sin embargo, Villalobos se negó a participar de este horario y finalmente los jueces declararon su abandono del proceso, por lo que los acusados que él representaba fueron asumidos por la Defensa Pública.
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En el oficio de este martes, el Consejo Superior ordenó al Tribunal Penal de Hacienda coordinar para que el debate empiece lo antes posible, así como tomar “las previsiones requeridas para evitar atrasos en su realización (...). Lo anterior, por ser de interés institucional que este tipo de juicios se resuelvan lo antes posible”.
Esta modificación llevó a los jueces Cinthya Ramírez, Andrea Víquez y Joshua Artavia a devolver la causa al Tribunal asignado originalmente, pues explicaron en un oficio enviado a las partes que ellos asumieron este juicio bajo “la estricta referencia” de que se realizaría en la jornada vespertina.
Ahora, los jueces que retoman la causa decidirán si se mantiene la audiencia para este miércoles a la 1 p. m., como lo anunció la conformación anterior, o si se aplaza por segunda vez esta semana. La primera posposición fue el lunes, debido a la gestión de la Defensa Pública ante el Consejo Superior.
El accionar de la Defensa Pública fue criticado por el abogado defensor Fernando Apuy, pues impidió el inicio de un debate que debía empezar el 31 de marzo y que ya ha enfrentado múltiples obstáculos, dentro de un expediente que se abrió desde el 2012 por presunta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza.
“Evidentemente, lo que se está tratando es de obstruir la posibilidad de la celebración de este juicio de parte de los defensores públicos”, aseguró Apuy después de que el Tribunal anunció este lunes la nueva posposición.
El cometido de la Defensa Pública
Este caso cuenta con cuatro defensores públicos, quienes representan a 10 de los 14 acusados.
Tres de estos defensores, Juan Pablo Rojas Arias, Desirée Rodríguez Becerra y Andrés Rodríguez Montero, habían pedido separar a los jueces porque no les aceptaron la solicitud de realizar el juicio en jornada diurna.
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Esa petición fue rechazada, por lo que elevaron su reclamo al Consejo Superior, lo que obligó al Tribunal a no iniciar formalmente el debate este lunes.
Ante consulta de La Nación, la Defensa Pública indicó que en jornada diurna las audiencias podrían durar ocho horas al día, mientras que en jornada vespertina la programación sería solo de 4 p.m. a 8 p. m., por lo que en este horario extraordinario el juicio tardaría el doble en finalizar.
La oficina de prensa de esta entidad argumentó que las razones iniciales que llevaron al cambio de horario ya no existen.
Asimismo, la institución indicó que “según lo externado por la mayoría de las partes en el primer día de convocatoria, mantener el horario nocturno dificulta los traslados, debido a que algunas personas vinculadas al proceso, habitan en zonas rurales”.
“Este mismo factor podría afectar la participación de testigos durante el debate”, detalló.
Ante consulta de este medio, el defensor particular, José Joaquín Ureña, respaldó la decisión del Consejo Superior.
“La realización del juicio en un horario diurno es más razonable, porque se aprovechan mejor los recursos del Estado y además es muy cansado para las partes intervinientes atender la jornada diurna y este juicio en horario vespertino”, indicó.
El accionar de la Defensa Pública fue criticado por el abogado defensor Fernando Apuy, pues impidió el inicio de un debate que debía empezar el 31 de marzo y que ya ha enfrentado múltiples obstáculos, dentro de un expediente que se abrió desde el 2012 por presunta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza.
“Evidentemente, lo que se está tratando es de obstruir la posibilidad de la celebración de este juicio de parte de los defensores públicos”, aseguró Apuy después de que el Tribunal anunció este lunes la nueva posposición.