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Una gestión de la Defensa Pública atrasó otra vez el inicio del juicio contra 14 imputados por la construcción de la trocha fronteriza.
El debate iba a empezar este lunes a las 4 p. m. en el Tribunal Penal de Goicoechea. Tras la llegada tardía del fiscal Carlos Jiménez, la audiencia finalmente empezó cerca de las 5:50 p. m.
Sin embargo, la jueza Cinthya Ramírez anunció el nuevo motivo que obligó a posponer el inicio formal del juicio: los defensores públicos elevaron al Consejo Superior del Poder Judicial su inconformidad con la realización del debate en jornada vespertina, de 4 p. m. a 8 p. m.
El Consejo Superior, encargado de los asuntos administrativos de la institución, aceptó el reclamo y pidió un informe a los jueces. La decisión sobre el horario del debate se tomaría este martes, por lo que el Tribunal decidió suspender la audiencia y convocar al miércoles a la 1 p. m., sin importar lo que decida el Consejo.
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“La razón esencial por la que en este momento, de manera prudente, el Tribunal toma esta decisión, es para que se pueda hacer la valoración de acuerdo a los roles preestablecidos, si es correcto que este Tribunal continúe con el conocimiento de la causa o si por el contrario debe devolverse a la sección que inicialmente se había asignado en virtud de la jornada diurna”, explicó Ramírez.
El juicio ya había sufrido múltiples demoras desde el 2023.
Primero, se presentó una recusación contra dos jueces debido a dudas sobre su imparcialidad; posteriormente, el juez Jorge Tabash Forbes se apartó del caso por su amistad con el abogado defensor José Joaquín Ureña; y finalmente, se produjo un atropello que involucró al imputado Miguel Francisco Ramírez, uno de los responsables del proyecto en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
El debate tuvo una nueva fecha de inicio este año, cuando el Tribunal Penal anunció que empezaría el 31 de marzo. Sin embargo, esta programación chocaba con la agenda del abogado José Miguel Villalobos, quien además de defender a ocho imputados en este caso, defiende a otros siete en el Caso Fénix, por presunto lavado de dinero.
Ante la premura por iniciar el juicio, el Tribunal acordó programar en jornadas vespertinas, de 4 p. m. a 8 p. m., horario que no fue aceptado por Villalobos, quien no se presentó a las audiencias iniciales y luego fue separado del proceso.
El ingreso de nuevos defensores públicos en reemplazo de Villalobos provocó luego que estos solicitaran, a inicios de mayo, tres meses para analizar el expediente y programar el juicio en jornada ordinaria. Ante la negativa del Tribunal a ambas solicitudes, los abogados presentaron una recusación para separar a los jueces del proceso, la cual fue rechazada el 20 de mayo.
No obstante, los abogados persistieron y llevaron sus argumentos al Consejo Superior. De esta manera, aunque se han realizado audiencias donde se han resuelto diversas gestiones, el inicio formal del juicio sigue a la espera, 13 años después de que inició la investigación.
Fernando Apuy, abogado del exdirector del Conavi, Carlos Acosta, criticó el actuar de la Defensa Pública, y afirmó luego de la audiencia que el Tribunal Penal solo busca cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida.
“Evidentemente, lo que se está tratando es de obstruir la posibilidad de la celebración de este juicio de parte de los defensores públicos”, aseguró Apuy.
