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Washington. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra seis entidades y una persona presuntamente vinculadas a las operaciones financieras del régimen iraní a través de activos digitales, en una medida con la que Washington pretende cortar vías de acceso de Teherán al sistema financiero internacional.
El Departamento del Tesoro estadounidense manifestó que las autoridades iraníes recurren a distintos mecanismos para mover y blanquear “miles de millones de dólares” procedentes de actividades ilícitas, entre ellos plataformas de intercambio de activos digitales que permiten mantener conexiones financieras fuera del país.
Las medidas afectan a dos plataformas que, según Washington, desempeñan un papel relevante en el mantenimiento de la conectividad financiera internacional del régimen, así como al responsable de una red empresarial relacionada con operaciones ilícitas mediante activos digitales y a varias compañías vinculadas con esta estructura.
Este anuncio llega después de los ataques atribuidos a Irán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz a comienzos de esta semana. En este contexto, la Administración estadounidense defendió que las sanciones buscan privar a Teherán de los recursos que necesita para desarrollar actividades que Washington considera una amenaza para los países de la región y para la navegación comercial.
Estados Unidos también acusó a Irán de usar estos recursos para respaldar a organizaciones terroristas y avanzar en sus objetivos relacionados con su programa nuclear.
“El régimen iraní blanquea miles de millones de dólares moviendo fondos ilícitos a través de diversos canales, incluidas las plataformas de intercambio de activos digitales”, comentó el vocero del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, en un comunicado emitido el viernes.
En paralelo, el programa Recompensas por la Justicia (RFJ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado mantiene una oferta de hasta $15 millones por información que permita interrumpir los mecanismos empleados para financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus distintas ramas.
Las nuevas medidas se amparan en las órdenes ejecutivas 13.902 y 13.224. La primera permite actuar contra personas y entidades que operan en determinados sectores de la economía iraní, incluidos el financiero y el petrolero, mientras que la segunda establece la base jurídica para las actuaciones estadounidenses contra redes vinculadas al terrorismo.
Washington reiteró así su estrategia de presión económica sobre Teherán, con especial atención a las estructuras que permiten al régimen iraní sortear las restricciones financieras internacionales y canalizar recursos mediante empresas y plataformas de activos digitales.
Previamente, el Tesoro de Estados Unidos anunció también la imposición de sanciones contra dos casas de cambio, cinco empresas y cuatro personas acusadas de facilitar el movimiento de “cientos de millones de dólares” a través del sistema bancario en la sombra de Irán.
