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Los contribuyentes deberán pagar más dinero y durante más tiempo las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) con cargo al Presupuesto Nacional, según revela el informe de proyección de flujos financieros elaborado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
El estudio Flujo de Caja del Régimen Transitorio de Reparto al 31 de diciembre de 2025, presentado en marzo de 2026, estima que los contribuyentes deberán cubrir ¢15,9 billones durante los próximos 65 años.
El informe anterior, basado en datos de 2022, proyectaba un costo de ¢14,8 billones. Esto representa un incremento de ¢1,1 billones.
Al cierre de diciembre de 2025, el RTR registraba 1.447 personas activas, quienes se pensionarán de forma gradual en los próximos años, así como 45.785 pensionados y jubilados.
La Nación solicitó al Ministerio de Hacienda su valoración sobre estos hallazgos. Al cierre de esta nota, no se había recibido respuesta.
Vejez concentra la mayoría de pensiones
El estudio incluye beneficios por vejez, invalidez y sucesión vigentes.
En total, se contabilizan:
- 690 pensiones por invalidez
- 5.334 por sucesión
- 38.300 por vejez
Este último grupo concentra la mayor cantidad de personas pensionadas.
Además, hay 1.461 casos clasificados como “varios”, que incluyen personas que reciben simultáneamente una pensión propia y otra por sucesión, o dos pensiones por sucesión.
Por edad, el 23% de los pensionados tiene 80 años o más, equivalente a 10.403 personas. Incluso, el informe registra 80 personas con más de 100 años.
Proyección a 65 años
El informe modeló el comportamiento del régimen entre 2026 y 2091 considerando variables demográficas como el envejecimiento poblacional, la tasa de fecundidad y la esperanza de vida al nacer.
El estudio anterior analizaba el periodo entre 2023 y 2088.
Según la proyección, el flujo de caja se mantendrá hasta la extinción del régimen. El mayor costo se alcanzará en 2028 y, a partir de ese momento, el gasto comenzará a disminuir conforme se reduzca la población beneficiaria.
Un régimen sin reserva
Actualmente, el RTR se financia principalmente con recursos del Presupuesto Nacional y, en menor medida, con cotizaciones de trabajadores activos y pensionados.
El régimen no cuenta con una reserva previsional, ya que nunca se constituyó un fondo para respaldar el pago de las pensiones.
El informe explica que, aunque las personas afiliadas realizaron cotizaciones mensuales, esos recursos no se administraron como un fondo para financiar pensiones futuras. Por ello, el Estado cubre estas obligaciones como parte de su gasto corriente.
Cerrado desde 1992
El régimen permanece cerrado para nuevos afiliados desde hace casi 34 años.
El cierre se formalizó el 15 de julio de 1992, con la promulgación de la Ley N.° 7302, Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional. En ese momento, cesaron 14 regímenes de jubilación, incluido el del Magisterio, con el mayor número de personas.
La decisión se tomó porque durante años los trabajadores estatales cotizaron a diferentes fondos de jubilación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca creó la reserva necesaria para pagar las pensiones.
De los 1.447 cotizantes actuales al RTR 67,52% son mujeres y el 32,48% son hombres. La edad promedio de la población activa es de 58,98 años.
El salario promedio alcanza los ¢1.593.084, con una brecha salarial cercana a ¢342.092 entre hombres y mujeres.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) concentra el 62,34% de los cotizantes, seguido por la Universidad de Costa Rica (UCR), con un 16,31%. También participan afiliados del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y centros parauniversitarios.
Más mujeres pensionadas
Al 31 de diciembre de 2025, el 69,73% de los pensionados al Régimen Transitorio de Reparto son mujeres (31.926), mientras que el 30,27% son hombres (13.859). La edad promedio de esta población es de 72,34 años.
La pensión promedio general se ubica en ¢1.228.091,26. Sin embargo, el monto promedio que reciben los hombres supera al de las mujeres en aproximadamente ¢309.864,71, lo que evidencia una brecha significativa.
Riesgos y recomendaciones
El informe advierte que, al depender del Presupuesto Nacional, el régimen enfrenta riesgos en caso de una mala gestión fiscal o falta de liquidez del Gobierno.
En ese escenario, podrían verse afectadas miles de personas, muchas de ellas en condición de vulnerabilidad y en edades avanzadas.
Además señala el riesgo de longevidad. Los costarricenses viven cada vez más (esperanza de vida al nacer de 80,8 años en 2023), lo que obliga al Estado a pagar pensiones por mucho más tiempo del previsto originalmente.
El documento refiere que para 2025 el dato se ubicó en 84,3 años, según las más recientes proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).
Por otro lado, la Junta reclama a Hacienda la información salarial histórica clave (periodo 1994-2022) solicitada para mejorar las estimaciones del flujo de caja.
También hace mención que los pensionados de las leyes más antiguas han perdido más del 10% de su poder adquisitivo debido a que sus beneficios no se han revalorizado al ritmo de la inflación tras la aplicación de la regla fiscal.
El pasado 14 de abril, los diputados aprobaron por mayoría el descongelamiento de las pensiones menores de ¢2 millones. La decisión implicará un aumento del 10%.
Jupema recomienda a las autoridades garantizar, en tiempo y forma, los recursos necesarios para cubrir las pensiones actuales y futuras.
Obligación prioritaria y por ‘justicia’
Elian Villegas, exjerarca de Hacienda, calificó al RTF como una régimen que responde a una deuda historica del Estado con el Magisterio, y consideró correcto es pagar el monto de las pensiones indicadas.
“Lo que corresponde es pagar, no hay nada más que hacer por parte del Estado que atender la obligación conforme a la ley y a la justicia con ese grupo”, apuntó Villegas.
El exjerarca consideró que el riesgo fiscal es el más fuerte. Una crisis fiscal provocaría dificultades para atender estas pensiones.
Sin embargo, destacó que el pago de salarios y pensiones son prioritarios desde el ámbito fiscal.
“En un caso de crisis, son gastos que deberían ser cubiertos porque atienden a las necesidades de vida de las personas. Hay que entender que, aun en una crisis fiscal, pagarles a los pensionados debe ser una prioridad del Estado”, concluyó Villegas.
