Entre la posibilidad de cubrir gastos médicos, saldar deudas acumuladas y la aspiración de mejorar la calidad de vida se concentran los principales argumentos de quienes impulsan las iniciativas legales para habilitar el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Cuatro propuestas en discusión legislativa han intensificado el debate sobre la sostenibilidad del sistema ante la posibilidad de habilitar retiros acelerados o totales del ROP.
En este contexto, la Superintendencia de Pensiones (Supén) ha reiterado su oposición, al señalar que no se trata de un ahorro de uso inmediato, sino de un fondo destinado a complementar la pensión básica y evitar una caída abrupta en el nivel de vida tras el retiro laboral.
Advierte que una devolución masiva obligaría a las operadoras a aumentar su liquidez, lo que implicaría liquidar inversiones de forma anticipada, generar minusvalías, reducir rendimientos y presionar el tipo de cambio.
En contraste, los legisladores que impulsan estas iniciativas sostuvieron, ante consultas de La Nación, que la medida permitiría a las personas utilizar estos recursos para mejorar su calidad de vida, ya sea mediante el pago de deudas, gastos médicos o inversiones. Incluso, oportunidades para aquellos afectados por disposiciones transitorias de la propia normativa.
A febrero pasado, las operadoras administraban ¢14,2 billones pertenecientes a 1,4 millones de trabajadores —el 70% menor de 45 años— y a 90.000 jubilados, según la Supén. El ROP funciona como un complemento de la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Gilberth Jiménez: Retiro total y auxilio ante el endeudamiento
El diputado Gilberth Jiménez señaló que, si bien reconoce la intención original de que el ROP funcione como complemento de la pensión básica, considera que las condiciones del país han cambiado y que el fondo podría emplearse para permitir a un grupo —al que calificó como “minoritario”— acceder a mayores oportunidades.
“Es un grupo tal vez minoritario, pero es un grupo que hoy busca mejores opciones, mejor calidad de vida, una vejez digna. O bien, tiene situaciones por enfermedad, donde está en una situación de estrés o no genera buen desempeño, entonces eso lleva a que la persona quiera anticipar su pensión”, explicó Jiménez.
“¿Qué hace actualmente? Recurre a una deuda, a otros ingresos, o venta de una propiedad para poderse pensionar, teniendo ahí recursos que perfectamente le pueden dar la posibilidad y no tener una vejez complicada”, agregó.
En esa línea, el legislador propone incorporar como modalidad el retiro del 100% del ROP una vez que el beneficiario cumpla los requisitos de los regímenes básicos de pensión.
Además, indicó que, mediante mociones 137, impulsará un texto sustitutivo que permitiría a quienes perciban un salario igual o inferior al de un oficinista 1 del Poder Judicial (¢462.200) retirar parcialmente los recursos según su necesidad, aun sin haber alcanzado la edad de jubilación.
En ese sentido, detalló que se permitiría retirar hasta un 50% del ROP a quienes mantengan deudas adquiridas al menos cinco años antes de la solicitud. Asimismo, se habilitaría el retiro de un 20% para atender necesidades como remodelaciones de vivienda, inversiones o mejoras en la calidad de vida, y de hasta un 30% para cubrir gastos de salud debidamente acreditados por la Caja Costarricense de Seguro Social.
‘Esa presunción de que va a haber un retiro masivo es inaceptable’
Ante consultas sobre los argumentos de la Supén acerca de un eventual desbalance y posibles minusvalías en las operadoras de pensiones por un retiro masivo y acelerado del ROP, el diputado Gilberth Jiménez calificó ese escenario como “inaceptable” y sostuvo que es falso.
“Consideramos que un grupo no mayoritario requerirían la totalidad del ROP. Ese presupuesto que se está considerando de que va a ser masivo y que todo el mundo va a retirar el ROP no es cierto. (Decir) que que va a haber un retiro masivo es inaceptable”, afirmó.
Según el legislador, no existe evidencia estadística sustentada en estudios actuariales que demuestre que estas propuestas provocarían un retiro masivo del ROP, por lo que, a su juicio, dichos argumentos carecen de fundamento. Añadió, además, que las necesidades económicas varían entre las personas, por lo que no todos optarían por un retiro acelerado o total.
Por ello, indicó que solicitó al presidente del Banco Central, Róger Madrigal, la elaboración de un estudio actuarial sobre los efectos de un eventual retiro masivo, con el fin de respaldar su propuesta y demostrar que no generaría desequilibrios en el sistema. Según Jiménez, este viernes 10 de abril se reunirían para estudiar los resultados.
Rocío Alfaro: El fin del ‘castigo’
Rocío Alfaro, legisladora del Frente Amplio, señaló que el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador creó una generación “castigada” del ROP, al establecer que quienes se pensionen entre el 1.° de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030 deben recibir estos recursos en rentas temporales según los años cotizados.
Es decir, si una persona aportó 10 años, lo recibe en ese mismo plazo; solo cuando el monto es muy bajo —menos del 20% de la pensión mínima del IVM— se paga como una suma fija mensual hasta agotar el saldo.
Para la diputada, el transitorio “cambió las reglas del juego” para una población afectada por la pandemia y la pospandemia, con trayectorias laborales interrumpidas, bajas cotizaciones y fondos insuficientes.
Añadió que se trata de un grupo con altos niveles de endeudamiento, donde incluso la pensión del IVM suele estar comprometida, lo que limita sus ingresos mensuales.
Asimismo, sostuvo que el ROP no responde a una lógica solidaria como el IVM, sino a un ahorro individual acumulado en cuentas propias. Por ello, considera que no debería obligarse a recibirlo únicamente como una renta mensual prolongada, al tratarse de un capital finito.
En esa línea, defendió que su proyecto permitiría acceder a estos recursos en un plazo de dos años, como un “colchón a corto plazo” para saldar deudas o complementar ingresos. Además, rechazó los señalamientos de la Supén sobre un eventual retiro masivo, al indicar que este grupo representaría menos del 10% de los fondos administrados por las operadoras.
Óscar Izquierdo: un retiro gradual con respaldo técnico
La Nación intentó coordinar una entrevista con el diputado liberacionista Óscar Izquierdo; sin embargo, por medio de su oficina de prensa, el legislador remitió únicamente un documento con argumentos a favor del retiro acelerado del ROP.
Según ese insumo, Izquierdo sostiene que su iniciativa es la única respaldada por estudios actuariales, lo que permite dimensionar su impacto y resguardar la sostenibilidad del sistema.
Afirma que el esquema propuesto —con retiros parciales y ordenados— limitaría el efecto sobre el fondo a niveles manejables, en un contexto de alta liquidez y rentabilidad.
Añade que la propuesta es focalizada para quienes se pensionen entre 2021 y 2030, busca corregir inequidades y responde al contexto de alto costo de vida y endeudamiento, sin desnaturalizar el ROP como complemento de la pensión básica ni comprometer su estabilidad o la confianza en el sistema.
Este diario también intentó contactar a la diputada oficialista Ada Acuña; sin embargo, pese a reiteradas solicitudes de entrevista, no se obtuvo respuesta sobre su disponibilidad para conversar.