EscucharEl inicio del año trae consigo los preparativos de las familias para el curso lectivo, que comenzará el próximo 5 de febrero. En la recta final hacia la entrada a clases, el salario escolar es parte de los desembolsos que deberá enfrentar el Ministerio de Hacienda.
Los empleados del sector público son quienes reciben este depósito cuya fecha está establecida para el viernes 24 de enero, según el calendario de la cartera.
De acuerdo con el presupuesto de la República de 2025, este año se destinarán ¢167.879,6 millones, un incremento del 4,4% en comparación con los ¢160.713,9 millones de 2024, según datos del Ministerio.
La Nación consultó al ministro de esta institución, Nogui Acosta, sobre la cantidad de empleados que recibirán la remuneración, pero al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.
Este beneficio se otorga a funcionarios del Gobierno Central (ministerios y órganos desconcentrados), Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y Poder Judicial.
El monto se calcula con base en los salarios brutos devengados (incluyendo extraordinarios) entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre del año anterior, multiplicados por el 8,33%, que equivale aproximadamente a un salario mensual.
El salario escolar está exento del impuesto sobre la renta, pero incluye retenciones por cuotas obreras para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), embargos, pensiones alimentarias y deducciones por afiliaciones a sindicatos, cooperativas, asociaciones, entre otros.
Según la Sala Constitucional, el salario escolar es parte de la remuneración ordinaria de los funcionarios y se originó como un aumento salarial que el gobierno de José María Figueres (1994-1998) no pudo pagar en su momento, decidiendo compensarlo como un décimo tercer salario en enero.
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Hay excepciones
En octubre de 2022, el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José determinó mediante la resolución 002529-2022 que las instituciones estatales no deben pagar el salario escolar a funcionarios contratados bajo el esquema de salario único o global, ya que este beneficio está contemplado en esas escalas salariales.
Por su parte, la Sala II, por medio de la resolución 001118-2023, indicó que las municipalidades no están obligadas a pagar el salario escolar. Según los magistrados, el Código Municipal no contempla este beneficio, dejando a cada gobierno local la decisión de aplicarlo o no.
Por otro lado, el Banco Popular anunció que distribuirá ¢1.064 millones entre 12.681 trabajadores, correspondientes al Ahorro Escolar, un plan de ahorro voluntario que ofrece la entidad financiera. El plazo máximo para el retiro es hasta el 15 de enero, según un comunicado emitido el 7 de enero.
En los últimos cinco años, el Banco Popular ha entregado alrededor de ¢5.274 millones mediante este producto financiero, creado en 2008 bajo la Ley 8.682, Ley de Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado.
El Popular refirió que los aportes mensuales son establecidos por la persona trabajadora y se realizan en forma directa por medio de la deducción de un porcentaje de su salario, que oscila entre el 4,16% y 8,33%.
