Esta situación implica que la entidad debe liquidarse dentro de un proceso concursal tras finalizar la resolución, debido a su insuficiencia patrimonial. “(...) durante el período de su intervención se determinó que la Financiera ya era inviable por su situación financiera de insolvencia, ordenándose, un proceso de resolución como fase previa y temporal a un proceso concursal”, se lee en el documento.
La entidad residual de la Financiera, que pasará al proceso concursal, concentra activos de mala calidad, principalmente cartera crediticia deteriorada, con una estimación del 51%. En total, son unos 3.000 acreedores.
Desyfin fue intervenida el 13 de agosto de 2024 por la deficiente administración de su cartera de crédito. Posteriormente, la declararon inviable y ordenaron un proceso de resolución el 9 de octubre de ese año.
En la sesión 1968-2025 del órgano, el Conassif dispuso solicitar al Juzgado Concursal la declaración de quiebra de Financiera Desyfin y ordenó revocar el funcionamiento de esta entidad a partir del 10 de octubre.
El proceso de resolución se extenderá hasta el 9 de octubre, fecha límite para concluir trámites en curso, entre ellos la eventual creación de un fideicomiso que administraría la entidad residual que pasará al concurso, así como la venta de bienes y cartera.
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Pago al SBD
Como parte del proceso de resolución de Desyfin, también estaba pendiente el pago de una acreencia privilegiada en favor del Fondo Nacional para el Desarrollo, administrado por la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Los encargados de la resolución negociaban la cancelación de la deuda por medio de la entrega de cartera crediticia; sin embargo, el SBD finalmente rechazó la propuesta, al considerarla desfavorable a sus intereses.
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Ante esto, se instruyó a la Secretaría Técnica del SBD a continuar con el requerimiento de pago en efectivo de la deuda. El equipo de resolución ya mantenía reservado el efectivo autorizado para cancelar ese crédito.
A mediados de julio, La Nación publicó que Desyfin quedó debiendo ¢4.388 millones en fondos públicos al SBD, que los había entregado a la Financiera para que esta otorgara créditos con tasas de interés preferenciales a pequeñas y medianas empresas.
La Financiera se encargaba de formalizar los préstamos y cobrar las cuotas, a cambio de una ganancia. Los recursos que Banca para el Desarrollo otorgó a Desyfin tienen carácter privilegiado, lo que significa que su pago está completamente garantizado.
