EscucharEn el diseño de las políticas públicas es, desafortunadamente, común el que se termine cumpliendo la máxima de que el camino al infierno suele estar adoquinado de buenas intenciones.
No son pocas las intervenciones gubernamentales que pese a perseguir nobles fines y pretender atender necesidades reales e imperiosas, terminan teniendo no sólo efectos indeseados, sino que, aún peor, justamente el efecto contrario que se pretendía.
Esto es particularmente cierto cuando en el diseño de las intervenciones gubernamentales se hace con total desprecio de los datos y del conocimiento especializado y, en especial, cuando el fin de lo que se propone no es resolver un problema –a todas luces real– sino simplemente montar un espectáculo –basado en prejuicios– sin otro fin más que el de llevar agua a los molinos políticos o los índices de popularidad.
Este es, ni más ni menos, el desafortunado caso de la regulación de márgenes de comercialización de medicamentos que ha propuesto el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) con el fin, al menos en el papel, de asegurar precios más bajos y accesibles a los medicamentos en el mercado costarricense.
En el ámbito de la promoción de la competencia y la regulación de mercados es crucial entender, primero, la naturaleza del problema en lugar de implementar, a priori, ingenuas y distorsionantes regulaciones que lejos de resolverlo, muy posiblemente contribuyan a magnificarlo.
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Lo que vuelve más tragicómica la regulación de márgenes de comercialización en el caso de los medicamentos que se propone llevar adelante el MEIC es que, justamente, la autoridad nacional de competencia –la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom)– acababa de divulgar un sesudo y muy completo estudio de ese mercado que, en sus hallazgos, justamente brinda la información apropiada para formular acciones de política pública que contribuyan realmente a bajar el precios de los medicamentos en el país y, como si no fuera lo anterior suficiente, también permite concluir que una regulación de márgenes sería, a todas luces, inefectiva.
De manera nada sorpresiva, los autores del estudio encargado por la Coprocom encuentran niveles aceptables de competencia en el mercado farmacéutico local a nivel de farmacias (los participantes de mercado que atienden las demandas de los consumidores) y en las droguerías (actores intermedios que se encargan de obtener los medicamentos de las farmacéuticas y distribuirlos localmente a farmacias o compradores institucionales como la seguridad social) esto a pesar de la concentración e integración vertical de algunos participantes (primera lección: en los mercados minoristas ser grande e integrado no significa, necesariamente, que los consumidores terminan perdiendo, pues el tamaño y la integración pueden conducir a eficiencias que lleven a menores precios de mercado).
Del mismo modo, los márgenes en ambas etapas de la cadena de comercialización local no lucen particularmente elevados ni parecen presentarse prácticas que hagan presumir comportamientos impropios que afecten a los consumidores.
¿Entonces, por qué son caros –en términos relativos– los medicamentos en Costa Rica? La evidencia hace dirigir las miradas hacia ciertas características del mercado local que facilitan que los precios de importación de los fármacos, especialmente de los innovadores, sean mayores que en otros mercados atendiendo a factores como el poder de compra de los consumidores (mayor capacidad de pago), barreras que conducen a menor competencia de productos genéricos –de marca o sin ella– como permisos regulatorios o ausencia de reglas claras de bioequivalencia que reduzcan el sesgo en contra de éstos productos a los ojos de consumidores y médicos; y limitados espacios para importaciones paralelas que permitan a las droguerías arbitrar el precio de compra en el exterior (comprar en aquellos países en que resultan menos onerosos).
En otras palabras, lo que vuelve caros los medicamentos en el país son ciertas características del mercado que crean espacios para que las empresas farmacéuticas internacionales puedan discriminar precios y vender los fármacos más caros en Costa Rica debido al mayor poder de compra de los consumidores y la poca competencia de productos similares sea por barreras administrativas o, simplemente, a los ojos de los pacientes. Por cierto, esto no es una práctica poco habitual en muchos productos y servicios y, mucho menos ilegal, correspondiendo a cada jurisdicción crear los espacios de competencia para reducir ese poder de mercado que puede traducirse en precios más altos para el consumidor local.
Si esta es la causa del problema, fijar márgenes de comercialización a nivel de droguerías y farmacias no sólo es inútil –pues los altos costos se generan en los precios de importación que son fijados por las farmacéuticas a nivel internacional– sino que además perjudicial para droguerías y farmacias más pequeñas y menos eficientes y, potencialmente, incluso para los consumidores.
¿Por qué? Pues porque los márgenes fijados corresponden a promedios usualmente de droguerías o farmacias típicas o incluso a las estructuras de costos de las menos eficientes. En estos casos, los participantes más pequeños (que no pueden aprovechar las economías de escala) o los menos eficientes quedarían poco a poco fuera del mercado pues los márgenes fijados por las autoridades no les permiten cubrir sus costos.
Por otro lado, los participantes más grandes (mayor escala) o más eficientes podrían, potencialmente, aprovechar la distorsión que genera un margen más alto fijado vía decreto para obtener ganancias por encima de las normales aprovechando la regulación, en cuyo caso, si esto sucediera, podría conducir a precios al consumidor más altos.
Claramente, en este tipo de mercado, fijar márgenes de comercialización es un despropósito mayúsculo, que raya incluso en negligencia sobre todo porque la opinión y las investigaciones de la autoridad nacional de competencia han mostrado, con claridad meridiana, que dada la estructura del mercado dichas intervenciones pueden, en el mejor de los casos, terminar siendo inefectivas y, en el peor, incluso perjudiciales para los consumidores.
