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Bruselas. La Comisión Europea informó este lunes de que ordenó a Francia recuperar 1,8 millones de euros en ayudas públicas —más intereses— otorgadas a la aerolínea de bajo coste Ryanair por sus operaciones en el aeropuerto de Carcasona, al concluir que formaron parte de un acuerdo contrario a las reglas de la Unión Europea.
La decisión se enmarca dentro de una investigación más amplia iniciada por el Ejecutivo comunitario en abril de 2012, a raíz de una denuncia, sobre diversos acuerdos entre Ryanair y la Cámara de Comercio e Industria de la región (CCI), entidad pública encargada de gestionar el aeropuerto de Carcasona hasta 2011.
Bruselas examinó también si los fondos públicos recibidos por la CCI estaban sujetos a las reglas europeas sobre ayudas de Estado. En su examen, los servicios comunitarios dan por bueno el plan de ayudas públicas de 11,7 millones de euros que las autoridades locales y regionales concedieron al gestor del aeropuerto entre 2001 y 2011, la mayor parte (9,7 millones) para apoyar la inversión en la propia infraestructura aeroportuaria y el resto (2,7 millones) para sostener las actividades de la CCI.
De estos apoyos, el Ejecutivo comunitario dice que fueron “necesarios y proporcionados” para ayudar a la modernización y explotación del aeropuerto de Carcasona sin dar lugar a beneficios excesivos, ni falsear indebidamente la competencia de otros destinos vecinos como los de Perpiñán o Toulouse, entre otros.
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Además se destinó una parte de los subsidios (1,1 millones) a medidas contra incendios y de control aduaneros que quedaron fuera del ámbito de aplicación del marco europeo. En cuanto al dinero público concedido a Ryanair, el Ejecutivo comunitario examinó en términos de rentabilidad un total de 16 contratos con valor de hasta 8,9 millones de euros en ese periodo de diez años, todos ellos encuadrados en la explotación comercial en Carcasona.
Como resultado de la investigación, Bruselas considera que 11 de esos contratos incumplen las reglas europeas en materia de ayudas de Estado y concedieron a la compañía irlandesa una ventaja indebida sobre otros competidores por valor de 1,8 millones de euros, que es la cantidad —más intereses— que Bruselas reclama ahora a Francia recuperar.
