El cierre del Banco Anglo Costarricense, el 14 de setiembre de 1994, dejó al descubierto las debilidades que tenía el país en supervisión financiera. Aunque buena parte de ellas ya se han afrontado; 25 años después, todavía hay tareas pendientes.
Tres conocedores del sistema financiero: Marco Hernández, quien tiene 30 años de laborar en la Superintendencia de Entidades Financieras y fungió como auditor interventor en el Banco Anglo; Félix Delgado, quien fue interventor adjunto del Banco Anglo (el interventor fue Rodrigo Bolaños) y Ronulfo Jiménez, quien participó como asesor en el proceso de reforma financiera que se gestó luego, coinciden que una lección positiva que dejó el cierre fue una Superintendencia más fuerte, con más herramientas que las que tuvo hace 25 años.
El cierre del Banco Anglo, el 14 de setiembre de 1994, lo anunció el entonces presidente de la República, José María Figueres, tras una sesión del Consejo de Gobierno.
“En aquel momento no teníamos la facultad nosotros de dictar la intervención directamente por ser un banco público estatal. Tuvimos que recurrir al Consejo de Gobierno para que se autorizara la intervención”, relató Hernández.
Según el libro: “La quiebra del Banco Anglo Costarricense. Compilación de Documentos Históricos” de Hernández y Miguel Masís, años antes la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) había comenzado a hacer advertencias a la junta directiva del Banco Anglo sobre problemas de conducción del Banco, como la sobreestimación de la utilidad neta.
Según Hernández tres fueron las principales causas que llevaron al cierre de la entidad: el otorgamiento de créditos con muy malas prácticas (por ejemplo, créditos grandes sin garantía), los sobregiros en las cuentas corrientes (se sobregiraba más lo de lo que tenía la cuenta) y las inversiones que se efectuaron a través de una empresa chilena, Almacén de Valores Comerciales (AVC) y posteriormente con Ariana Trading and Finance (ATF).
De acuerdo con Hernández, cuando se analizó a fondo la situación del Banco se encontró que la entidad ya no tenía patrimonio. Por el contrario se registraba un déficit (deudas mayores que activos o tenencias) por cerca de ¢12.000 millones y era inviable salvarlo.
Lo que se corrigió y lo que falta
Las irregularidades en el Banco Anglo y su posterior cierre provocaron que en la Asamblea Legislativa se debatieran y aprobaran una serie de reformas para mejorar la regulación y supervisión del sistema financiero local.
"En particular, se dio la nueva Ley del Banco Central, en el año 1995. En esa ley existe un capítulo que regula a la Superintendencia de Entidades Financieras, esto cambia radicalmente la forma supervisar entidades, la moderniza, le da nuevas atribuciones a la supervisión y da un vuelco en supervisión”, comentó Jiménez.
Hernández explicó que, por ejemplo, antes la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) no tenía potestad para tener información de las empresas extranjeras, como AVC o ATF. Por lo tanto, no podía evaluar las transacciones que el Anglo hacía en el exterior.
No obstante, en el tema de la supervisión de grupos financieros todavía faltan mejoras y por ello la Asamblea Legislativa estudia el proyecto de Ley de Supervisión Consolidada.
Para Delgado la lección más importante que dejó el cierre del Banco Anglo fue que un banco público puede quebrar.
“La primera lección, la más importante me parece y que creo no mucha gente la aprendió, es que un banco público puede quebrar si se maneja mal, porque llega un punto donde los socios (en este caso el Gobierno) no están dispuestos a seguir aceptando las pérdidas por mantener una empresa inviable”, señaló Delgado.
Añadió que otra lección es que los errores pasados deben capitalizarse para evitar incurrir de nuevo en ellos.
“Eso no se aprendió en el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Tengo recuerdos al menos desde la década de los años 1970, que ese banco tenía problemas serios de viabilidad”, dijo Delgado.
El Banco Crédito Agrícola de Cartago cerró definitivamente el 31 de diciembre del 2017. La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley para que el Banco de Costa Rica lo absorbiera, lo cual ocurrió el 30 de noviembre del 2018.
Delgado reconoce que la lección positiva y que sí se corrigió fue el reforzamiento de la supervisión prudencial.
“Es interesante mencionar como lección –quizá poco aprendida por cuestiones ideológicas– el conflicto que siempre tendrá una supervisión y regulación bancaria efectiva cuando hay casos de bancos públicos donde es imposible evitar la injerencia de connotaciones meramente políticas”, dijo el economista.
Para Delgado ese es un tema tabú en Costa Rica, pero con en el caso del cemento chino, se evidenció la poca mejoría en la selección de personas idóneas para las juntas directivas y en la rendición de cuentas que le deben esas juntas y las gerencias a los accionistas.
Marco E. Hernández, interventor del Banco Anglo: "“El Banco no tenía viabilidad financiera para seguir adelante”
Marco Hernández, quien ha trabajado durante más de tres décadas en los organismos reguladores del mercado financiero nacional, fue testigo de primera fila de la tempestad desatada por las irregularidades en la administración del Banco Anglo Costarricense y su posterior cierre.
Él fungió como auditor interventor de la desaparecida entidad bancaria y defiende la decisión que se tomó en setiembre de 1994 de liquidar el Banco, una empresa que en sus palabras se había vuelto inviable.
-Hoy 25 años después, quizás mucha gente se sigue preguntando, ¿cómo fue que quebró el primer banco estatal del país? Un banco de 131 años.
–La situación que estábamos viendo, como Auditoría, en ese momento, era bastante riesgosa y no sabíamos cuál era la situación del Banco, pero obligó que se gestionara la intervención.
“El otorgamiento de los créditos había sido efectuado con muy malas prácticas, créditos muy grandes sin garantía y además con ausencia o falta de evidencia de que a las personas que se le habían prestado los recursos tenían capacidad de pago.
"Estaba el tema de los sobregiros (cuando los clientes utilizaban más dinero del que tenían en sus cuentas) que en algunas ocasiones eran no autorizados por las faltas de control que tenía la entidad y otra serie de situaciones que encontramos. La cartera crediticia era de bastante mala calidad.
“El otro tema importante eran las inversiones que se habían efectuado con Almacén de Valores Comerciales (AVC) y Ariana Trading and Finance. Esas inversiones de alto riesgo eran como dineros que se habían trasladado a empresas del exterior para garantizar ciertas posiciones y si aumentaban de precio, el Banco iba a ser favorecido, pero lamentablemente los precios bajaron”.
-Desde 1990 la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) venía haciendo advertencias. Llega un momento en que hay mucha tensión entre la junta directiva del Banco y la AGEF. ¿Era muy débil la AGEF?
–No teníamos las facultades que ahora tenemos. Por ejemplo, el Banco hacía estas inversiones a través de una empresa que tenía que era AVC y nosotros no podíamos ver a esa empresa, porque no teníamos las facultades. Tampoco podíamos solicitar o exigir que el Banco consolidara sus resultados para efectos de establecer realmente el panorama completo.
–¿Cómo se cierra un banco estatal grande sin que genere problemas en el resto del sistema financiero?
–Primero, lo que se hizo fue establecer cuál era el diagnóstico. Nos dimos cuenta que el Banco, con los ajustes que habíamos determinado, no tenía patrimonio sino déficit. El Banco no tenía viabilidad financiera para seguir adelante.
"Además, las publicaciones que se habían hecho en torno a una serie de irregularidades dieron al traste con la reputación del Banco y la confianza que tenía la gente. Los ahorrantes retiraron su dinero y se erosionó mucho la liquidez.
"El Banco Central hizo de prestamista de última instancia, pero no fue suficiente. El Consejo de Gobierno analizó la situación y determinó que el banco ya no tenía ninguna viabilidad financiera. Estaba quebrado, era insolvente. Para que recuperara su solvencia había que capitalizarlo no solo con los ¢12.000 millones de colones que tenía como déficit, sino ponerle otra vez el capital que tenía, ¢3.000 millones. En aquel momento esos ¢15.000 millones, un poco más de $100 millones, era el equivalente a un Programa de Ajuste Estructural (PAE) y no había garantía que el banco surgiera.
"Se tomaron medidas para aislar el problema, sacar a la entidad del sistema financiero ordenadamente, mediante una ley.
“Mientras tanto el Banco Central hizo de garante del Estado, fue el que prestó la garantía para que el sistema financiero no tuviera ninguna afectación y tampoco se erosionara la confianza de los depositantes en los demás bancos".
–¿Qué cambios importantes se hicieron el sistema financiero para paliar las debilidades que tenía la AGEF?
–Varias de las experiencias que nosotros tuvimos fueron volcadas en la ley7.758 que se aprobó que se aprobó en 1995 y que hoy rige a la supervisión y a la regulación. Con esta ley se creó el Consejo Directivo de la Superintendencia que posteriormente pasó a ser Consejo Nacional de Supervisión. La Auditoría General de Entidades Financieras se transformó en Superintendencia, con una serie de facultades más robustas.
“Se aprobó una legislación para grupos financieros que permite al menos ver qué está pasando en términos generales en las otras empresas de los grupos, a pesar de que todavía no tenemos la facultad para supervisarlas directamente. Eso es parte de lo que se está gestando con el nuevo proyecto de ley de supervisión consolidada".