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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cerrará el 2025 con un rezago de 30.000 solicitudes de pensión para personas en condición de pobreza, debido a que el presupuesto asignado por el gobierno resulta insuficiente para atender la demanda real de este régimen.
El gerente de Pensiones de la institución autónoma, Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que actualmente enfrentan un desafío estructural relacionado con el volumen anual de solicitudes para acceder a una pensión del Régimen No Contributivo (RNC).
“Hay un tema más estructural que tiene que ver con la demanda del Régimen No Contributivo, porque actualmente tenemos más de 30.000 pensiones pendientes, y lo que nosotros podemos otorgar por año son como 10.000 con los presupuestos”, afirmó Barrantes.
El jerarca indicó que para el 2025 ya se asignaron todas las pensiones disponibles conforme al presupuesto vigente, pero confirmó que durante el año se recibieron más solicitudes. Actualmente, este régimen de pensiones cubre alrededor de 150.000 personas.
En ese contexto, el gerente señaló que la demanda por este beneficio continúa en aumento y advirtió de que, a menos de que se giren recursos adicionales desde el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), no será posible cubrirla.
El RNC cubre a las personas más pobres del país, principalmente adultos mayores que no pudieron cotizar para una pensión por vejez. Esta ayuda incluye un giro ordinario mensual de ¢82.000, un aguinaldo y cobertura del Seguro de Salud.
El Régimen No Contributivo es administrado por la Caja, pero se financia principalmente con recursos de Fodesaf, bajo la rectoría del Ministerio de Trabajo, entidad que aporta un 10,35% de sus ingresos totales.
Este sistema también recibe fondos provenientes de cargas tributarias aplicadas a licores, cervezas y cigarrillos, así como transferencias del Ministerio de Hacienda a través del Presupuesto Nacional. A ello se suma entre un 9% y un 9,5% de la utilidad neta de la lotería, además de los recursos recaudados por el cobro de multas específicas establecidas en el Código de Trabajo.
“Como todos los años hay solicitudes nuevas, el pendiente seguirá creciendo, a menos de que se den nuevos recursos. Eso es lo que estamos valorando con Fodesaf y el Ministerio de Trabajo, a pedido de la Defensoría de los Habitantes”.
— Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.
La Nación consultó, desde el 17 de diciembre, al Ministerio de Hacienda sobre la asignación presupuestaria para atender el Régimen No Contributivo; sin embargo, la oficina de prensa de esa cartera indicó que la gestión debía canalizarse directamente con el Fodesaf.
En consecuencia, se trasladaron las consultas a esa entidad, cuya oficina de prensa informó de que la respuesta se tramitaría hasta el 5 de enero, debido al cierre institucional de fin de año.
Pensiones en aumento y pugna institucional
A mayo del 2025, último estado financiero disponible, la Caja reportó 149.761 beneficiarios del RNC, 6.969 más que en 2024, lo que representa un crecimiento interanual de 4,88%.
La tendencia histórica del régimen durante los últimos seis años muestra un aumento sostenido, el cual se aceleró entre el 2024 y 2025.
Además, desde noviembre del 2014, la institución garantiza este beneficio a personas con parálisis cerebral profunda (PCP), cuyo monto de pensión asciende a ¢367.108 al mes.
En ese contexto, la Defensoría de los Habitantes advirtió, desde agosto, de que más de 35.000 personas en condición de vulnerabilidad permanecían a la espera de una pensión del Régimen No Contributivo a marzo del 2025, y que algunos beneficiarios mantienen el monto sin actualización desde el 2019.
Además, a finales de octubre pasado, la Defensoría señaló la existencia de denuncias de personas que aseguran ser remitidas indistintamente entre la CCSS y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) cuando solicitan una pensión del RNC o el aseguramiento por cuenta del Estado.
Ante esta situación, la entidad convocó una mesa de trabajo en la que participaron el defensor adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, así como la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, y la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleni León, junto con sus equipos técnicos.
El IMAS sostuvo, según la Defensoría, que la CCSS remite a su institución a solicitantes para la aplicación o actualización del Registro de Información Social (RIS) del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), pese a que la Caja tiene acceso para realizar ese trámite directamente.
La CCSS, por su parte, afirma que esa labor excede su competencia, ya que no le corresponde definir la condición de pobreza ni cuenta con recursos asignados para ello. Esta situación se presenta desde el 2021, pero se ha intensificado en los últimos meses.
A raíz de esta situación, la Defensoría informó de que se adoptaron varios acuerdos. Entre ellos, la Caja se comprometió a atender las denuncias recientes y, junto con el IMAS, a iniciar un proceso de diálogo para definir responsabilidades y responder a las necesidades de la población vulnerable.
Jaime Barrantes indicó a La Nación que, aunque persisten dudas sobre el alcance de las competencias de la CCSS en esta materia, las mesas de trabajo han permitido avanzar en la atención del problema.
Riesgo financiero para el 2026
Desde inicios de noviembre pasado, este diario informó de que las pensiones del RNC enfrentarán riesgos a partir del 2026, debido a que el gobierno presupuestó menos recursos de los requeridos.
Para el próximo año, el Ministerio de Hacienda asignó ¢176.509 millones a este fondo de pensiones; no obstante, el gasto estimado alcanza ¢227.463 millones, lo que deja un faltante de ¢50.954 millones.
Esta situación se detalla en el informe EST-0065-2025, Política Presupuestaria del Régimen No Contributivo de Pensiones para el ejercicio 2026, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del cual La Nación tiene copia.
“Se puede evidenciar que las fuentes de financiamiento consideradas en este escenario para el periodo 2026, son insuficientes para cubrir los gastos totales del RNC”, advierte el documento.
“En tanto no se disponga de recursos adicionales, es imposible cumplir con la meta anual institucional asociada con la cantidad de pensiones nuevas a otorgar y, además, tampoco es posible garantizar el pago futuro de las pensiones del programa del RNC para ese año”, agrega el informe.
De no girarse los ¢50.954 millones faltantes, la CCSS advierte de que los beneficiarios asumirían el impacto, con una reducción del monto mensual, la suspensión del aguinaldo y la imposibilidad de otorgar nuevas pensiones, tanto ordinarias como por parálisis cerebral profunda (PCP).
En el primer caso, la pensión ordinaria bajaría en ¢11.657 al mes, por lo que el ingreso pasaría de ¢82.000, incluido el aguinaldo, a ¢70.343, sin el decimotercer pago. La institución precisó que esta rebaja afectaría solo a las pensiones ordinarias, mientras que las de PCP se mantendrían en ¢367.108.
Pese a ello, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños, señaló en ese momento a La Nación que podría existir margen para transferir los recursos, sujeto a la evolución de las finanzas públicas y de la recaudación fiscal.
