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Un informe de mayoría aprobado por la Comisión Legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público concluyó que la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), por parte de BCR SAFI, careció de un análisis integral para justificar la adquisición, se hizo con un sobreprecio y generó un posible perjuicio patrimonial superior a los $40 millones a los inversionistas del fondo de inversión.
El documento fue aprobado por nueve legisladores: Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Dinorah Barquero (PLN), Kattia Cambronero (independiente), Vanesa Castro (PUSC), Manuel Morales (Progreso Social Democrático), Katherine Moreira (PLN), José Francisco Nicoláas (PLN) y Yonder Salas (Nueva República).
Así quedó aprobado en la sesión de este jueves 9 de abril.
Según el documento, el avalúo técnico que sustentó la compra del PEP fue ampliamente cuestionado por diversos peritos independientes, quienes señalaron una significativa sobrevaloración del inmueble.
“La tasación incorporó como áreas construidas bodegas que se encontraban apenas al 50% de avance, así como terrenos sin acondicionar que fueron valorados como si estuviesen completamente urbanizados”, se detalla en el informe.
Adicionalmente, cuestionó las supuesta existencia de vínculos, conflictos de interés y trato privilegiado entre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica(BCR SAFI), el BCR y la sociedad vendedora vinculada con el exdiputado Humberto Vargas Corrales.
El PEP fue adquirido en febrero de 2020, con un aparente sobreprecio, por el Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR SAFI, por un monto de $70,8 millones.
El inmueble se ubica en Esparza, Puntarenas, y se convirtió en el centro de la polémica relacionada con BCR SAFI, en la que intervinieron la auditoría interna de la subsidiaria y la Sugeval. El caso también se investiga en el Ministerio Público.
Recomendaciones
El informe legislativo recomendó al plenario legislativo reformar la Ley del Mercado de Valores para fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre las sociedades administradoras de fondos de inversión vinculadas a entidades públicas.
A la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Contraloría General de la República (CGR) se les instó a investigar las inversiones inmobiliarias realizadas por BCR SAFI.
Al Banco de Costa Rica, los diputados de la Comisión le aconsejaron realizar una reestructuración de la gobernanza de su subsidiaria “asegurando nombramientos basados en criterios técnicos, éticos y de idoneidad”.
Además de evaluar la implementación de mecanismos de compensación para inversionistas afectados, conforme a los resultados de los procesos judiciales y administrativos correspondientes.
El BCR informó, mediante un comunicado, que desde 2023 hicieron cambios profundos en BCR SAFI en favor de los fondos de inversión administrados y sus inversionistas.
“En aras de fortalecer la responsabilidad institucional que el BCR ya mantiene con sus subsidiarias, se designó una subgerente de negocios (Evelyn Aguilar) a cuyo cargo está la gestión y vigilancia de la operativa de estas empresas”, precisó la entidad pública.
El banco estatal también recalcó que se creó un Comité de Vigilancia de la SAFI que, en su mayoría, está conformado por representantes de los inversionistas.
