El Caso Aldesa tiene entre sus imputados a empresarios, directivos, gerentes y asesores de inversión que ocuparon distintos cargos dentro de la compleja estructura empresarial.
La acusación del Ministerio Público atribuye a 23 personas presuntos delitos de estafa mayor, estafa mayor por omisión y entrega de datos falsos o inexactos a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), con los que, según la Fiscalía, se habría ocultado la verdadera situación financiera de la compañía que colocaba dinero de terceras personas en proyectos desarrollados a cambio de una comisión.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los sospechosos partían de que los inversionistas entregaban su dinero a Aldesa con la expectativa de recibir intereses y recuperar posteriormente el capital.
Sin embargo, los clientes comenzaron a denunciar en 2019 que dejaron de recibir el dinero prometido.
En total, la compañía, que posteriormente se declaró en quiebra, acumulaba compromisos por unos $200 millones con más de 500 clientes, cifra que posteriormente llegó a superar los 600 inversionistas.
El Grupo Aldesa estaba conformado por decenas de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, agrupadas en dos grandes áreas de negocio.
El área financiera y bursátil estaba integrada por el Grupo Financiero Bursátil Aldesa, Aldesa Puesto de Bolsa y Aldesa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, sujetas a la supervisión de la Sugeval.
Otra rama se destinaba al desarrollo de proyectos inmobiliarios privados, mediante sociedades que no estaban sometidas a esa regulación.
Esta segunda estructura operaba bajo Aldesa Corporación de Inversiones (ACI). Según la acusación, aunque las áreas financiera e inmobiliaria estaban sujetas a distintos esquemas de control, ambas formaban parte del conglomerado empresarial Aldesa y se promocionaban bajo esa misma marca.
Al frente de Aldesa Corporación de Inversiones figuraba Javier Chaves Bolaños, uno de los principales acusados en el caso.
Exdirectivo del semanario El Financiero y exministro de Obras Públicas y Transportes durante el gobierno de Abel Pacheco, Chaves era presidente con representación judicial y extrajudicial de esa sociedad y, según la Fiscalía, también se desempeñaba como máximo ejecutivo del Grupo Aldesa.
El ente acusador sostiene, además, que el 72,72% del capital accionario de Aldesa Corporación de Inversiones pertenecía al grupo familiar Chaves Bolaños.
La participación de Javier Chaves no se limitaba a la estructura inmobiliaria del conglomerado. La acusación señala que también tenía presencia en la estructura accionaria del negocio financiero y bursátil. Una de las sociedades accionistas del Grupo Financiero Bursátil Aldesa era Portafolio de Inversiones Melidiana S. A., de la cual Chaves figuraba como representante legal.
A este imputado, la Fiscalía le atribuye haber conocido los problemas financieros y de liquidez de la empresa y, pese a ello, haber continuado, junto con otros acusados, con la captación y colocación de recursos de inversionistas.
Según la acusación, habría aprovechado la posible confusión entre las empresas reguladas y no reguladas, así como la confianza asociada con la marca Aldesa, para, en apariencia, hacer creer a los inversionistas que sus recursos se dirigían a entidades supervisadas.
En el caso también se imputó a Óscar Luis Chaves Bolaños, hermano de Javier Chaves, quien según la pieza acusatoria, era presidente del Grupo Bursátil Aldesa, además de figurar como representante y apoderado de distintas sociedades vinculadas con el conglomerado.
El abogado Francisco Campos, defensor de ambos hermanos, sostuvo que Aldesa no fue una estructura creada para estafar, sino un negocio inmobiliario que operó durante 28 años, desarrolló proyectos y generó utilidades para inversionistas privados.
Según su posición, la empresa enfrentó a finales del 2018 una crisis de liquidez provocada por factores externos y que, para entonces, había devuelto unos $500 millones a inversionistas, además de contar con terrenos y proyectos por más de 500 hectáreas en distintas etapas de desarrollo.
Campos planteó que hubo inversionistas afectados y obligaciones que no pudieron cumplirse, pero que se trató de un negocio que fracasó y no de una estafa.
El defensor afirmó que la empresa intentó superar la crisis y que hasta mediados de febrero de 2019 existían alternativas concretas para hacerlo, entre ellas un crédito aprobado por un banco privado y la venta de una zona franca en El Coyol de Alajuela.
Cuando ambas opciones fracasaron, según sostuvo, Aldesa suspendió la captación, cerró operaciones y acudió al Juzgado Concursal para solicitar un proceso de salvamento, dentro del cual presentó un plan de pagos para atender las obligaciones pendientes.
Campos destacó que sus clientes no se ocultaron ni intentaron evadir responsabilidades, sino que recurrieron a un mecanismo previsto por la legislación para enfrentar la crisis. Campos afirmó categóricamente que ellos nunca desviaron fondos de las actividades reguladas hacia las no reguladas.
El abogado también manifestó que, en el expediente no consta información que demuestre una desviación de recursos en favor de sus representados.
Seis directivos
En la causa también aparecen otros cinco directivos que formaban parte de la principal estructura directiva de Aldesa: Diego Miguel Artiñano Ferris, Carlos Oreamuno Morera, Mario Montealegre Saborío, Luis Magín Mesalles Jorba y Lanzo Luconi Bustamante.
Todos eran integrantes de la Junta Directiva del Grupo Bursátil Aldesa y de cuatro empresas vinculadas a este: Aldesa Puesto de Bolsa, Aldesa Fondos de Inversión, Aldesa Fideicomisos y Aldesa Titularizadora.
Los últimos tres también integraban la Junta Directiva de Aldesa Corporación de Inversiones, junto con Eduardo Ulibarri Bilbao, periodista y exdirector del diario La Nación entre 1982 y 2003. Ulibarri Bilbao formaba parte únicamente de Aldesa Corporación de Inversiones, en calidad de vicepresidente.
Carlos Tiffer, defensor de Montealegre y Ulibarri, aseveró que sus representados “siempre actuaron con estricta honestidad y apegados a sus responsabilidades”. Agregó que los descargos, pruebas y detalles que lo demuestran “se presentarán en las etapas procesales correspondientes”.
En tanto, las abogadas de Oreamuno, Adelita Olivares y Gianna Cersosimo, indicaron a este diario que no se referirán al caso por respeto a la privacidad del proceso.
Amalia Sánchez, abogada de Mesalles, afirmó que la defensa no se referirá al fondo del asunto, pues está siendo analizado por los tribunales de justicia, “en los que confiamos que se deduzca oportunamente la verdad de lo acontecido”.
La defensora, sin embargo, señaló su desacuerdo con los hechos que refiere la acusación en contra de su cliente y la forma en que se ha manejado hasta la fecha el expediente, a su juicio, dificultándose el ejercicio de la defensa.
“Nuestro representado fue llamado al proceso de forma arbitraria, habiéndosele limitado el ejercicio de su derecho de defensa, lo que nos preocupa enormemente”, afirmó.
En el caso de Luconi y Artiñano, este diario envió consultas a sus números personales, pero tampoco se refirieron antes del cierre.
Vínculo entre sociedades
Aldesa Corporación de Inversiones y el Grupo Financiero Bursátil Aldesa estaban relacionados, no solo porque compartían integrantes de sus juntas directivas, sino que también había una relación de propiedad.
Según el documento, el capital social del Grupo Financiero Bursátil Aldesa estaba dividido en 1.860.836.550 acciones comunes. Todas esas acciones pertenecían a Aldesa Corporación de Inversiones.
A su vez, el capital social de Aldesa Corporación de Inversiones, al 10 de octubre del 2018, estaba dividido en 6.278.544 de acciones comunes.
La pieza acusatoria, además de mencionar que el 72,72% del capital accionario de Aldesa Corporación de Inversiones pertenecía al grupo familiar Chaves Bolaños, también cita al imputado Carlos Oreamuno Morera, como representante legal de Cracovia, S.A., sociedad que tenía en su poder 60.000 acciones, lo que representa un 0,96% de participación accionaria.
Por su parte, Ulibarri Bilbao tenía a título personal 59.997 acciones, las cuales representan un 0,96% de participación.
En cuanto a los siete directivos señalados en este apartado, la acusación indica que habrían incurrido en omisiones de sus deberes de dirección, vigilancia, control y fiscalización, pese a información que habrían recibido sobre riesgos y presuntas irregularidades.
Corredores y asesores
En el registro de acusados también está Rojas García, gerente financiero de Aldesa Corporación de Inversiones, a quien se le vincula con labores gerenciales en entidades del Grupo Bursátil Aldesa. La Fiscalía también le atribuye haber participado en decisiones que permitieron mantener la recepción de recursos pese a la situación económica de las empresas.
También incluye a personas que entonces se desempeñaban como asesores de inversión, agentes autorizados o intermediarios: Morera Calvo, Díaz Solís, Simón Rojas, Balma Calderón (mujer), Mesén Araya, Calderón Meza, Villar Barrantes, Mendoza Orozco (mujer), Alfaro Chacón, Garita Carballo, Araya Salas y Aguilar Arias.
La acusación señala que estas personas, en asociación con Javier Chaves, habrían omitido “de forma dolosa” brindar a los inversionistas ofendidos información “clara, correcta, precisa, suficiente y oportuna para la adopción de decisiones de inversión”.
Según la tesis del Ministerio Público, este grupo habría generado en los inversionistas la creencia de que el patrimonio que invertirían se destinaría a empresas fiscalizadas por la Sugeval, cuando, en realidad, los recursos se dirigían a empresas que no estaban sometidas a esa vigilancia.
Finalmente, entre los imputados figuran Castillo Cruz, identificado en el expediente como jefe del área de Tesorería del Grupo Aldesa, y Jaramillo Cordero, jefa de Operaciones de Aldesa.
A estos funcionarios se les atribuye presuntamente haber brindado a la entidad reguladora datos falsos o inexactos para ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de Aldesa.