La gremial señaló este jueves que, aunque la iniciativa parte de una preocupación legítima, su redacción actual presenta oportunidades de mejora, ya que podría generar consecuencias económicas no deseadas para las personas usuarias y para el Sistema Financiero Nacional (SFN).
La Cámara indicó, por medio de un comunicado de prensa, que las estafas electrónicas son perpetradas por estructuras criminales cada vez más sofisticadas, que en muchos casos operan fuera del sistema financiero formal.
“Trasladar de manera amplia o prácticamente automática la responsabilidad económica a las entidades financieras no desarticula estas redes criminales ni fortalece la persecución penal, que es donde debe concentrarse el esfuerzo principal del Estado”, destaca la gremial financiera.
Efectos para clientes
Además plantean que la imposición de una responsabilidad económica amplia y automática sobre las entidades financieras se traduciría en mayores costos operativos y mayores provisiones de riesgo.
“Estos costos, inevitablemente, terminan impactando el precio de los servicios financieros, lo que afectaría directamente a los clientes del Sistema Financiero Nacional”, señaló la Cámara.
Entre los posibles efectos de este enfoque se encuentran el incremento en comisiones y cargos, mayores exigencias para el otorgamiento de crédito y presiones al alza en las tasas de interés, como mecanismo para compensar el mayor riesgo regulatorio asumido por las entidades financieras.
La CBF indicó que cuando el acceso al crédito formal se encarece o se restringe, existe el riesgo de que muchas personas, especialmente aquellas con menor capacidad económica, se vean empujadas hacia mecanismos informales y peligrosos de financiamiento, donde no existen controles, protección al consumidor, ni supervisión estatal.
Este escenario podría generar efectos contraproducentes para la economía y para las personas, al aumentar la vulnerabilidad financiera de los hogares, propiciar la expansión de prestamistas informales, reducir la trazabilidad de las operaciones financieras y abrir mayores espacios para la actuación de estructuras ilícitas y criminales.
La CBF la conforman los tres bancos públicos: Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular (BP). También tiene como afiliados a bancos privados, mutuales, financieras y cooperativas de ahorro y crédito reguladas.
En el país, las entidades financieras también están aglutinadas en la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que integra a los tres bancos públicos y a los bancos privados que operan en el país.
La ABC brindó inicialmente una posición a favor del proyecto, pero horas después modificó su postura.
Acciones propuestas
La CBF refirió que el combate efectivo contra las estafas informáticas requiere una estrategia integral que incluya mayor coordinación entre autoridades judiciales, policiales y tecnológicas; persecución directa y efectiva del crimen organizado; fortalecimiento de la educación digital y financiera de la población y acciones articuladas que involucren también a los sectores de telecomunicaciones y plataformas digitales.
La gremial aseguró que no se opone a la protección de las personas consumidoras, ni a que existan mecanismos de seguridad y de reclamos más ágiles y robustos.
Además, considera fundamental que cualquier solución normativa se construya con equilibrio, proporcionalidad y criterios técnicos claros, de manera que se proteja efectivamente a las víctimas sin generar incentivos que terminen debilitando el sistema financiero formal, encareciendo los servicios o afectando a las personas y empresas.
“Combatir el crimen organizado no debe debilitar el Sistema Financiero Nacional que, precisamente, es una de las principales herramientas para contenerlo y proteger a la población”, concluyó la CBF.
