
La Caja de ANDE cayó en irregularidad financiera 1 a raíz de una serie de debilidades a nivel de gobierno corporativo en su Junta Directiva, Alta Gerencia y Auditoría Interna. La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) detectó las fallas tras efectuar un estudio de riesgos.
La Superintendencia determinó que la entidad requiere de la “atención inmediata” de las debilidades, pues no resultan adecuadas para el perfil de riesgo, según el oficio confidencial SGF-2095-2025, del pasado 17 de setiembre, firmado por Hazel Valverde, jerarca de Sugef.
“La entidad incumple recurrentemente la normativa aplicable y se aparta de las mejores prácticas de gobierno corporativo reconocidas en la industria, lo que requiere ser corregido”, argumentó Valverde en el documento.
La Superintendencia dio a la Caja de ANDE un plazo de 20 días hábiles para que presente un plan de acción que corrija los señalamientos de la institución fiscalizadora.
La Nación consultó a la entidad si la orden de la Sugef implicará la salida de miembros de la Directiva, la Alta Gerencia y la Auditoría. Además, si ya presentaron el plan de acción a la Sugef; pero no se respondieron las consultas.
Caja de ANDE informó, en un comunicado de prensa, que es una institución destaca por su solidez, transparencia y compromiso social.
“Hemos trabajado de la mano con las entidades regulatorias que aportan oportunidades de mejora continua; lo que demuestra a nuestros accionistas que sus recursos están seguros y que pueden seguir confiando en esta entidad financiera”, se argumentó en el documento difundido.
La Caja de ANDE es la institución financiera de Costa Rica con el mayor patrimonio; a agosto anterior, ascendió a ¢1,2 billones.
A junio pasado, la entidad registró préstamos por un saldo de ¢1,3 billones otorgados a 92.147 accionistas. El 53% de los clientes, casi 50.000 personas, tenían operaciones hasta por ¢10 millones, según los estados financieros de la entidad.
La legislación que creó la entidad en 1944 deduce, de manera obligatoria y mensual, el 5% del salario a todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), pensionados y jubilados activos en la organización.
En la revisión de calidad de la gestión de riesgos, la Sugef otorgó una nota de nivel 3, dado que la función presenta deficiencias en la identificación de amenazas.
En la medición de evaluación de la situación económica financiera, la calificación fue de aceptable porque se “identificaron debilidades mínimas” y de necesidad de mejorar, según los parámetros del Reglamento para calificar a las entidades supervisadas.
Dicha normativa establece un rango de calificación de 1 a 4 para cada clase, donde 1 significa un nivel adecuado y 4 es débil. El reglamento dicta que, cuando dos o más categorías tienen una nota de cuatro, la institución evaluada cae en irregularidad.
Cuando se trata de irregularidad 1, la entidad debe presentar un plan remedial para corregir las debilidades señaladas. La Superintendencia es la que determina cuándo la institución financiera pasa a grado de normalidad.
