Óscar Rodríguez. 13 agosto
Juan Carlos Bolaños tiene la medida cautelar de prisión preventiva hasta noviembre próximo. En la imagen, cuando el empresario acudió a una comparecencia en el Congreso, en agosto del 2017. Foto: José Cordero.
Juan Carlos Bolaños tiene la medida cautelar de prisión preventiva hasta noviembre próximo. En la imagen, cuando el empresario acudió a una comparecencia en el Congreso, en agosto del 2017. Foto: José Cordero.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indaga si Juan Carlos Bolaños falseó documentos para agilizar los desembolsos de los créditos por $30 millones otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR), para la importación de cemento desde China.

Por tal razón, solicitó al Ministerio Público levantar los secretos aduanero, tributario y bancario del empresario y sus empresas.

Asimismo, la policía judicial instó a Paula Guido, fiscala adjunta encargada del caso, a realizar gestiones judiciales y diplomáticas ante China y Panamá, para “recabar la prueba pertinente que admita autentificar o rechazar” las supuestas cartas sobre la relación de Sinocem Costa Rica con sus proveedores de cemento.

Así se desprende del Informe No. 060-DEF-R-023-18, del 21 de mayo pasado, realizado por la Sección de Delitos Económicos y Financieros del OIJ, en el cual se verificó la formalización, desembolsos y renovación de los préstamos revolutivos (el monto que se paga queda disponible para volverlo a utilizar), otorgados por el BCR a la empresa Sinocem Costa Rica.

En el documento de 102 páginas, del cual tiene copia La Nación, también se recomienda revisar las cuentas bancarias de Ana Laura Suárez Aguilar, esposa de Bolaños, en cinco entidades financieras del sistema financiero nacional.

Las diligencias solicitadas tienen como fin verificar la información sobre la importación de cemento a Costa Rica, los compradores del producto, así como los pagos y pendientes de cobro de los clientes de la compañía cementera.

El Ministerio Público informó, mediante su Oficina de Prensa, de que no le era posible referirse a informe policial pues forma parte de la etapa preparatorio del proceso penal.

Además, la entidad argumentó que la fase de investigación en que se está actualmente es privada, según el Código Procesal Penal.

“La revelación de ese tipo de detalles pone en alto riesgo la investigación que dirige la Fiscalía General”, argumentó la entidad.

El peritaje efectuado por el OIJ se hizo para la causa penal 16-000013-0033-TP en la cual se acusó a Bolaños y varios miembros de la alta gerencia del BCR de los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito en perjuicio de los deberes de la función pública.

Los jerarcas bancarios cuestionados son Mario Barrenechea, exgerente general; Leonardo Acuña Alvarado, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez Lizano, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales Barboza, subgerente de Banca Minorista; Gilberth Barrantes Campos, gerente corporativo de Riesgos, y Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de Gestión de Crédito.

De las personas investigadas solo Bolaños se mantiene en prisión preventiva. Barrenechea está en arresto domiciliario y el resto de acusados no tiene ninguna medida cautelar, según la decisión del Juzgado Penal de Hacienda, del pasado 4 de agosto.

Diligencias

El informe del OIJ exhorta a la Fiscalía a tramitar, ante un juez, el levantamiento del secreto aduanero para corroborar si hubo alguna rectificación en la importación de cemento en el periodo comprendido entre el 2014 y diciembre del 2017.

Asimismo, que se obtengan los reportes de Novatecnia sobre ventas cobradas y pendientes de cobro por clientes y factura. Esta empresa fue contratada por el BCR para dar seguimiento al negocio de Sinocem.

“Lo anterior permitirá realizar las labores de verificación que correspondan ante los compradores”, se detalla.

En el caso del levantamiento del secreto tributario, el objetivo es obtener detalle de los clientes que compraron cemento. Las gestiones diplomáticas buscan, en específico, garantizar la veracidad de la información entregada por Bolaños al BCR sobre sus proveedores de producto Hangzhou Sinocem Building Materials y Sinobuilding Materials Hong Kong.

“Se agrega la importancia de verificar la integridad de la apostilla y la traducción correspondiente para los documentos indicados (cartas)”, recomienda el OIJ.

José Miguel Villalobos, abogado de Juan Carlos Bolaños, enfatizó que con las diligencias solicitadas por el OIJ –levantamientos del secreto aduanero, tributario y bancario y autentificación de proveedores– se demostrará que no hubo ilícito.

“La certificación pedida del dinero enviado por el BCR a Hong Kong, para la compra de cemento, está ya certificado de que empresas proveedoras chinas que recibieron el dinero y empezaron a fabricar el cemento. Al final se demostrará que nadie se robó la plata, con lo cual el caso pierde importancia”, sostuvo Villalobos.

Proceso crediticio

El peritaje policial realiza una reconstrucción de todas las etapas de la vida de los préstamos dados por el BCR a Sinocem.

El origen del estudio es la denuncia penal presentada por Javier Cascante, entonces jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ante los eventuales actos ilícitos en los créditos otorgados a Bolaños.

El informe concluye que en la formalización de los préstamos revolutivos otorgados a la empresa cementera se cumplió con los procedimientos internos del BCR.

En específico, los investigadores corroboraron que la normativa del seguro de caución, para usarse como garantía en operaciones de crédito, había sido modificada para aceptar pólizas de cualquier aseguradora.

Sin embargo, el estudio encontró, tras levantarse el secreto del expediente de crédito, una serie de anomalías en los desembolsos de recursos como incumplimientos del cliente; giros sin la autorización documental o sin contar con la póliza, así como múltiples alertas de ejecutivos del Banco de Costa Rica.

Por ejemplo, se enfatiza que el segundo desembolso de dinero se hizo sin que Bolaños hubiera cumplido con cancelar lo correspondiente al primer mes de ventas de Sinocem. Empero, el aval se dio luego de la autorización de los subgerentes Andrés Víquez y Leonardo Acuña.

“Varias de esas autorizaciones (giros de dinero) se documentaron mediante correos electrónicos con fecha posterior a la acción del giro (...) lo cual refleja una incoherencia en la secuencia de los procesos, pues la autorización para un desembolso debería ser antepuesta de cuando se hace efectivo”, se determina en el informe remitido a la Fiscalía por Reynaldo Velásquez, jefe de la Sección de Delitos Económicos del OIJ.

Por otra parte, el informe hace un detallado seguimiento de la comunicación interna entre los ejecutivos del BCR y los miembros del Comité de Crédito de la entidad, pues hubo muchas alertas sobre las presiones de Bolaños y Javier Rojas -gerente del Grupo JCB- para obtener más giros de recursos, pese a no cumplirse con el plan de inversiones.

“Estamos por debajo, muy por debajo de las ventas reales proyectadas, mismo tema ventas, ventas (...) Estamos en rojo, aunque este (sic) saliendo otro barco, no da tiempo para desembarcar y vender”, advirtió Pedro Zamora, supervisor del BCR, en un correo del 29 de junio del 2016.

El 16 de noviembre de ese mismo año, cuando Sinocem pide un octavo desembolso para importación de cemento, la ejecutiva del BCR, Bettina Rivero, alerta que se han enviado $37 millones al exterior equivalentes a aproximadamente 360.000 toneladas de cemento y al país únicamente han ingresado 91.340 toneladas, se describe en el informe del OIJ.

En el informe policial queda consignado, en varias ocasiones, que los ejecutivos del BCR hicieron llegar al Comité de Crédito del Banco su desaprobación en los giros de recursos avalados.

Nota del redactor: La información sobre las medidas cautelares a los miembros de la alta gerencia del BCR se actualizó a las 2:32 p.m. del 14 de agosto.