“Previo a la pandemia contábamos con un parqueo, un centro deportivo y dos restaurantes. Estábamos en el ojo de la tormenta perfecta para la pandemia. Cuando se dieron los cierres no hubo personas que atender en los restaurantes y el centro deportivo. El parqueo depende de la actividad comercial, pero no había actividad, todo estaba cerrado”, rememora Diego, 20 meses después de que los negocios familiares entraran en su peor crisis.
Él y sus hermanos heredaron de su padre, de 74 años, y madre, de 65 años, la empresa. La pareja inició la actividad comercial hace más de tres décadas.
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Por eso son ellos quienes más angustia e impotencia sufren por las repercusiones de la crisis sanitaria y con la posibilidad de perder una parte del patrimonio familiar por el proceso de cobro judicial al cual los llevó un banco público, en diciembre pasado.
Conforme pasaban las semanas y se iba conociendo la magnitud de la emergencia Diego (nombre ficticio) y su familia empezaron a contactar a las entidades financieras con las cuales tienen relación para hacer frente a las obligaciones de las compañías.
En los bancos privados la resolución fue rápida. En pocos días, los ejecutivos propusieron la opción de pasar las próximas tres cuotas al final de la operación. Pasado el periodo fueron otros tres meses y luego seis meses adicionales. Este año retomaron los pagos de las deudas que rondan los $300.000.
Sin embargo, en un banco público el proceso se convirtió en un calvario, asegura. A la entidad se le deben $325.000, pero corren el riesgo de perder el terreno donde está el parqueo dado que es la garantía de la operación. La propiedad está valorada en $1,2 millones, es decir, más de tres veces el monto adeudado.
“Fuimos al banco y les dijimos que no podíamos hacerle frente a la deuda por la situación en que estaba todo el país. La primera reacción en el banco fue ‘diay qué tirada, ese problema es de ustedes’. Entonces les dijimos: podemos hacer pagos parciales, lo sacamos de nuestras reservas. Podemos dar el 30% o 40% de la cuota pero la comunicación con el banco fue atrofiada”, relata Diego.
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Después de meses de buscar un arreglo de pago, el banco accedió. Pero solicitó poner a otra empresa como avalista, otro terreno y la entrega de más información financiera. La familia preparó los documentos financieros y pidieron evaluar la petición de poner más garantía, pues la existente cubre la deuda, cuenta Diego. La respuesta de la entidad pública fue no, y envió el caso a cobro judicial.
“No fue un gusto de uno (entrar en impagos) sino que la economía se paralizó. Nosotros tuvimos que tomar la decisión de cerrar los restaurantes, los teníamos desde hace más de 15 años. Pasamos de tener una facturación de $600.000 anuales a cero”, cuenta el empresario de 39 años. La medida implicó despedir a 18 personas.
Conforme se flexibilizaron las medidas sanitarias se reabrió el centro deportivo y el parqueo, aunque la facturación no supera aún el nivel del 60% previo a la pandemia.
Diego reconoce que para hacer frente a los pagos con menos ingresos, redujeron las planillas de los negocios en funcionamiento y vendieron activos, como vehículos.
Esta familia tiene sus negocios en una de las principales cabeceras de provincia en la Gran Área Metropolitana (GAM). El caso de ellos es muy similar al de miles de deudores que están en riesgo de perder sus propiedades debido a la crisis económica.
Hasta setiembre anterior, las entidades financieras acumulaban ¢387.734 millones en garantías adjudicadas a clientes que no pudieron hacer frente a sus obligaciones, es decir, 51% más en cinco años, según el registro de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Conforme se supriman las medidas de flexibilización crediticia, a partir del próximo año, la previsión de la banca y la entidad supervisora es que crezcan los procesos de ejecución de garantías.
¿Por qué unos sí y otros no?
Las condiciones que determinan rechazar la solicitud de un arreglo, de un deudor en problemas, son principalmente que la persona o empresa no cuente con ingresos, no complete la documentación solicitada y carezca de capacidad de pago, después de efectuado el análisis financiero.
“Cada entidad financiera cuenta con información que permite conocer el historial de los clientes (antes de la pandemia y durante esta), para determinar mediante inteligencia de datos cuáles clientes tienen mayor probabilidad de aplicar para las medidas de auxilio, en la medida que se cuente con respaldo para considerar que el deudor mantiene una afectación temporal y recuperará su capacidad de pago en el corto plazo”, explicó Ronald Guerrero, director general de Crédito del Banco Nacional.
Juan Francisco Rodríguez, subgerente de Negocios del Banco Popular, explicó que el cliente debe aceptar las condiciones de las entidades financieras para poder llegar a un arreglo.
Los deudores que clasifican para recibir una readecuación son aquellos que no tienen comprometido su historial de pago, no están expuestos a perder garantías, dijo Rodríguez.
“Cada cliente es analizado individualmente y de acuerdo a su condición se evalúa si cumple las políticas definidas por la institución, las cuales se fueron ajustando conforme se fue prolongando el proceso de recuperación. Si cumple con las condiciones se le asesora y se ofrece un arreglo de pago”, agregó el vocero del Popular.