Banca se llena de propiedades ejecutadas por créditos incobrables

En dos bancos privados Diego (nombre ficticio) consiguió una prórroga en cuotas que se pasaron al final de la operación; este año reactivaron los pagos. Sin embargo, en un banco público no hubo arreglo y el caso se llevó a cobro judicial a finales del 2020. La emergencia sanitaria quebró los dos restaurantes que sus padres abrieron tres décadas atrás, y ahora la amenaza es quedarse sin el parqueo, el bien dado en garantía en la operación crediticia.

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Los casos como el de esta familia se repiten cada vez más en las entidades financieras y, para el próximo año, se estima comenzarán a elevarse conforme el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) supriman gradualmente las medidas de flexibilización crediticia.

La situación ha empezado a evidenciarse en el incremento de la ejecución de garantías crediticias: principalmente propiedades, pero también vehículos. Hasta setiembre pasado, la recuperación de bienes adquiridos por créditos incobrables ascendió a ¢387.734 millones, es decir, un incremento del 51% en los últimos cinco años.

La ejecución de una garantía se realiza cuando no es posible llegar a un arreglo de pago con el deudor y después de obtener en firme una sentencia por cobro judicial.

“Cabe esperar que, durante el año 2022, conforme se continúe con el retorno a la normalidad normativa, se manifiesten incrementos en cuentas como los bienes adquiridos en recuperación de créditos, cuya cuantía dependerá de la tasa de recuperación de la economía y el nivel de empleo”, recalcó Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef.

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La funcionaria destacó que los bienes en garantía no son el objetivo de una entidad financiera, sino el último recurso de recuperación de un crédito.

La ejecución de las propiedades que respaldan un préstamo significan un costo y deterioro financiero para un banco.

La normativa obliga a las entidades a realizar una estimación para cubrir el valor de dicho bien. Entonces, en cuanto más crezca la partida de propiedades y vehículos adquiridos en recuperación de préstamos más recursos debe destinar la institución para su cobertura, con lo cual se drenan las ganancias.

Para evitar que dicha situación se convierta en un problema, el Conassif acordó permitir por más tiempo que las instituciones financieras puedan efectuar la reserva de los bienes adquiridos por un plazo de 48 meses, en vez de los 24 meses originales, confirmó a La Nación Alberto Dent, presidente de dicho órgano.

El Consejo acordó, en marzo del año anterior, establecer esta medida de forma temporal. Empero, el órgano regulador decidió mantenerla.

“La posibilidad de amortizar el valor del bien en un periodo de 48 meses se queda como está. No lo vamos a cambiar en este momento, por lo menos lo dejaremos durante todo el 2022. No vemos justificación para cambiarla, sobre todo porque, con la eliminación de la flexibilización normativa, estamos estimando que los bancos deberán tomar decisiones sobre clientes no viables”, explicó Dent.

El presidente del Conassif detalló que las excepciones reglamentarias se aplicaron de una manera prudente y, al suprimirlas, se hará de la misma forma.

Evolución por sector

La información de la Superintendencia muestra que en todos los segmentos del sistema financiero hubo un aumento en el saldo de bienes adjudicados por el impago de créditos en el último lustro.

En la banca pública y privada fue donde más se incrementó el saldo de bienes ejecutados, lo cual es relevante porque juntas aglutinan el 88% del monto total reportado hasta setiembre anterior.

En el caso del Banco Nacional, Popular y Banco de Costa Rica reportaron un saldo de propiedades adquiridas por ¢256.862 millones, es decir un crecimiento del 32% en cinco años. En tanto, en los 11 bancos privados el monto ascendió a ¢87.095 millones, es decir 116% más frente a los ¢40.315 millones del 2017, muestran los datos registrados en la web de la Sugef.

Allan Calderón, subgerente General de Riesgo y Crédito del Banco Nacional, destacó que las medidas extraordinarias aprobadas fueron atinadas. Pero una vez finalizadas el efecto dependerá de las medidas tomadas por cada entidad.

“(…) de acuerdo a la situación particular del sector y de cada cliente, así será el efecto en la morosidad que se pueda esperar. Ahora bien, podría ser esperable que aún haya algunos clientes que no vayan a salir delante de estos arreglos y por tanto es esperable un ligero aumento de los atrasos”, reconoció Calderón.

A finales de octubre pasado, la institución informó de que mantiene las opciones para readecuar créditos a deudores con problemas de pago. Entre los argumentos dados por la entidad estuvieron que buscan promover opciones al deudor para que puedan conservar sus bienes.

“El Banco Nacional enfatiza que el fin del banco no es ejecutar la garantía de los créditos, sino asesorar a los clientes”, argumentó la entidad en ese momento.

Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas del BAC Credomatic, explicó que las medidas de flexibilización regulatoria y los programas creados por cada banco evitaron que muchas operaciones llegaran a un proceso de cobro judicial.

“No esperamos un aumento importante en ese rubro (bienes adjudicados), ya que gran parte de los clientes a los cuales se les brindó un alivio financiero están cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo a sus ingresos actuales”, dijo Moreno.

Maurilio Aguilar, director de Riesgo Corporativo del Banco Popular, recordó que previo a la pandemia había un inventario de operaciones en cobro judicial y son, en el caso de la entidad, los que están en ejecución.

“No todos los sectores económicos han logrado alcanzar los niveles de actividad que tenían en los tiempos de prepandemia, lo que conlleva a que los flujos de sus operaciones no han logrado equilibrarse. Si a esos sectores no se les otorgan nuevos arreglos de pago no van a poder cumplir sus compromisos con los bancos”, dijo Aguilar.

Añadió que si el Consejo y la Sugef eliminan la flexibilización normativa se incrementarán los procesos judiciales y los bienes adjudicados.

Entrevista con jerarca de la Sugef

Rocío Aguilar: ‘Bienes en garantía no son el objetivo de la banca‘

Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, reconoció que conforme las reglas crediticias vuelvan a la normalidad se espera que incrementen los bienes adquiridos en recuperación de créditos.

– ¿Conforme se retiren las medidas de flexibilización crediticias puede darse un incremento relevante de garantías adjudicadas?

– El retiro de las medidas de flexibilización por covid-19 es un proceso gradual que ha venido reflejándose en el Sistema Financiero Nacional, incluso desde noviembre del 2020 cuando se incorporó nuevamente el elemento de valoración de capacidad de pago en las operaciones, con lo cual tanto la morosidad como el aumento de saldos en calificaciones de mayor riesgo, se han venido observando paulatinamente.

“Cabe esperar que durante el año 2022 conforme se continúe con el retorno a la normalidad normativa, se manifiesten incrementos en cuentas como los bienes adquiridos en recuperación de créditos, cuya cuantía dependerá de la tasa de recuperación de la economía y el nivel de empleo”.

–¿Las medidas de flexibilización evitaron que el saldo de los bienes adjudicados se incrementaran?

– Los bienes en garantía no son el objetivo de un banco en su funcionamiento, son un último recurso de recuperación cuando ya el crédito es irrecuperable, por ello no tiene sentido elevar atípicamente el saldo de bienes en las cuentas de los intermediarios, dejando a los deudores en una posición de indefensión, ante un evento disruptivo de gran tamaño que afectó de manera temporal sus flujos de fondos.

“Cabe indicar que el aumento en bienes recibidos se viene percibiendo desde meses antes del inicio de la pandemia, por la situación económica que atraviesa el país ya hace algunos años atrás“.

– ¿Hay prevista alguna opción adicional para evitar que las entidades financieras se llenen de propiedades?

– Desde la óptica supervisora, se está en una fase de recuperación de la normalidad normativa, y tal y como advertimos anteriormente la adjudicación de bienes es un recurso de última instancia.