Óscar Rodríguez. 25 marzo
Las alertas sobre movimientos atípicos de dinero por parte de clientes bancarios tienen una tendencia sostenida de crecimiento desde el 2012. Foto: Diana Méndez.
Las alertas sobre movimientos atípicos de dinero por parte de clientes bancarios tienen una tendencia sostenida de crecimiento desde el 2012. Foto: Diana Méndez.

Los casos de sospecha de transacciones de lavado de dinero se dispararon en las entidades financieras costarricenses durante el año pasado.

La banca remitió al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 507 denuncias de operaciones sospechosas de legitimación de capitales, en el 2018, lo cual significó un incremento del 58,4% frente a los 320 casos del 2017.

Además, las alertas sobre movimientos atípicos de dinero por parte de clientes bancarios tienen una tendencia sostenida de crecimiento desde el 2012.

Sin embargo, el salto en los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) se originó por una combinación de mayores controles de prevención en la banca y por una mayor presencia del crimen organizado en Costa Rica, sostuvo Guillermo Araya, director del ICD.

“Evidentemente, hay una gran presencia de dinero en efectivo en las calles costarricenses (...). El objetivo de los lavadores y narcotraficantes es incorporar el dinero al sistema financiero. Con ese objetivo buscan cómo penetrar al banco directamente o mediante actividades profesionales no financieras para justificar el dinero”, explicó Araya.

El funcionario añadió que, a finales del 2017, se aprobaron una serie de leyes que tipificaron el financiamiento al terrorismo, así como mayor transparencia en la conformación y las finanzas de las sociedades anónimas.

Una entidad financiera realiza un ROS cuando tiene indicios de que los fondos de un cliente proceden de una actividad criminal delictiva o que están relacionados con el lavado de activos.

Los bancos efectúan dichas alertas cuando una persona o empresa realiza movimientos de dinero que sobrepasan los montos declarados de ingreso ante la entidad financiera, y el histórico de transacciones.

También se envían reportes cuando el monto de los recursos es igual o superior a $10.000 y el cliente no puede justificar su origen.

En cada uno de los reportes el ICD hace una auditoría forense y determina si hay indicios para una investigación a profundidad. En ese momento es cuando el caso se envía al Ministerio Público.

Al cierre del año pasado, el Instituto tenía un total de 22 casos remitidos a la Fiscalía y 49 que aún estaban en proceso de análisis de inteligencia financiera.

Entre el 2010 y 2017, un total de 103 personas fueron condenadas en el país por legitimación de capitales, según datos del ICD.

Las alertas de los bancos crecen de forma sostenida
Las alertas de los bancos crecen de forma sostenida
Procedencia de los casos

El 84% de los 507 reportes del 2018, es decir, 428, fueron realizados por un banco público o privado.

Dichos casos casi se duplicaron frente al 2017 cuando la banca efectuó 226.

Luego destacan las cooperativas, financieras, puestos de bolsa y operadoras de pensiones con 51 procesos en total, el año anterior. Los 28 casos restantes fueron enviados al ICD por parte de empresas de remesas y agencias de vehículos.

Bernardo Alfaro, superintendente General de Entidades Financieras, explicó que los incrementos de casos ocurrieron a partir del 2012, porque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió nuevas recomendaciones preventivas contra el lavado de dinero.

La GAFI es un organismo global que fija estándares y promueve la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos.

“El incremento en la cantidad de ROS es reflejo de un sistema de prevención más robusto, más maduro y más comprometido con la protección del país, respecto a los estragos del lavado del dinero”, destacó Alfaro.

En el caso de los montos, los reportes efectuados el año anterior alertaron de movimientos anómalos por $890 millones, 14 millones de euros y ¢2.405 millones.

Dichas sumas significaron una reducción respecto al 2017, cuando los ROS ascendieron a posibles anomalías con $1.793 millones, 726 millones de euros y ¢16.948 millones.

Hernando Monge, oficial de Cumplimiento del Banco Popular, comentó que las alertas se encienden cuando un cliente empieza a transar montos superiores a su ingreso, la operación no está relacionada con su actividad y no logra justificar el aumento.

“Si una vez realizada la debida diligencia no se logra justificar de manera fehaciente y razonable el comportamiento transaccional y el origen de los fondos transados, se reporta la operación como un ROS”, explicó Monge.

Todas las entidades financieras supervisadas cuentan con un oficial de cumplimiento quien es el encargado de revisar y gestionar los casos sobre posible lavado de dinero.

Este funcionario está entre un grupo muy reducido de personas que tiene acceso a toda la información confidencial del cliente y de los bancos.

El Banco de Costa Rica explicó que la revisión de un cliente se inicia por transacciones inusuales. Luego de hacer una “investigación profunda” del caso es cuando se decide si se hace la alerta.

“No toda transacción inusual puede convertirse en un ROS, pero sí todo ROS fue una transacción inusual”, destacó la entidad pública.

Hermann Uribe, vicepresidente de Riesgo para Centroamérica de Scotiabank, destacó que los sistemas financieros han reforzado sus criterios de monitoreo y prudencia bancaria debido a revisiones de organismos internacionales.