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Las entidades financieras están obligadas a mantener la mala calificación de riesgo crediticio a los 136.000 clientes a quienes les cerraron las tarjetas de crédito, lo anterior como consecuencia de la nueva “ley de usura”.
A los deudores también se les deberá mantener el nivel de morosidad desfavorable, en caso que el Banco decida refinanciarle el saldo de su plástico en un nuevo préstamo.
Así lo ordenó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a todas las instituciones financieras mediante un cambio en el Reglamento para la Calificación de Deudores y el Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el Desarrollo.
La medida empezó a regir el pasado 30 de julio cuando se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.
“Las entidades que mandaron a cancelar un montón de tarjetas de crédito, manifestaron que iban a hacer una operación de crédito nueva para cancelar la deuda en cinco años plazo. Entonces se les dijo que cuando se hace el crédito se traspasa la calificación de crédito de ese cliente”, explicó Alberto Dent, presidente del Conassif.
La orden dictada se aplicará por un plazo de tres meses. Si el cliente cumple con su obligación de pago, en dicho periodo, el banco podrá modificar la nota de riesgo del deudor.
“El cambio se hizo porque no queríamos que agarraran un montón de clientes que tenían en incobrables y los pusieran en A (mejor calificación de riesgo). Entonces se dan 90 días para que se mida la virtuosidad de los pagos, a partir de ese periodo y con una buena justificación, se permite reclasificar la categoría de riesgo”, detalló Dent.
Los cambios normativos se efectuaron ante una solicitud de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“La Superintendencia tiene la preocupación de que las refinanciaciones motivadas por la entrada en vigencia de la Ley de Usura, conlleven a la alteración del perfil de riesgo de los deudores afectados”, según la entidad.
La Sugef consideró inadecuado que en las nuevas operaciones de crédito modificaran “automáticamente la categoría de riesgo de los deudores”, se explica en la argumentación de la entidad supervisora.
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La liquidación de las tarjetas de créditos en la banca se realizó para cumplir con la reforma a la Ley 7472 (Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor), la cual, establece, entre otros aspectos, que el Banco Central fijará las tasas máximas a las cuales es posible prestar recursos en el país.
El pasado viernes 3 de julio, definió para todo tipo de créditos (salvo microcréditos), las tasas máximas en 37,69%, en colones, y 30,36%, en dólares. Para microcréditos, las estableció en 53,18% y 42,99%, respectivamente. Para créditos en otras monedas será 7,44%.
A raíz del ajuste, BAC Credomatic, uno de los emisores más grandes de tarjetas en el país, suprimirá 187.526 tarjetas de crédito a 79.789 clientes, cuyas operaciones se vuelven deficitarias para la empresa.
En Banco Promerica también confirmaron que la aplicación de la misma medida para 30.000 clientes y en Scotiabank fueron 20.000 usuarios.
Ajuste financiero
Los cambios reglamentarios tienen las principales implicaciones en las entidades financieras.
Bernardo Alfaro, jerarca de la Sugef, comentó que cuando un cliente no paga ni el mínimo de la tarjeta y esta en categoría D, una de las notas más bajas, el banco no puede borrarle su calificación cuando reestructuran los crédito.
La inquietud del jerarca era que al efectuarse una reclasificación del deudor, la entidad financiera puede liberar las provisiones hechas por los créditos malos.
“No se vale pasar a un cliente de D a A, en un nuevo crédito, si la persona se portaba mal con la tarjeta. No será un maravilloso deudor porque se reestructuró el crédito”, afirmó Alfaro.
Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, no prevé que haya un efecto adverso para las entidades.
“Siendo el saldo de la operación de crédito directo el mismo de la tarjeta de crédito eliminada y al mantener el deudor la misma calificación de riesgo crediticio, la estimación crediticia de la nueva operación viene a ser equivalente a la que el banco ya había realizado para la tarjeta eliminada”, explicó Ortega.
De cara al cliente, la implicación será que cada banco deberá poner una marca en los datos de cada deudor en el Centro de Información Crediticia (CIC), sistema administrado por la Sugef.
“Es una especie de check que dirá ‘ley de usura’. Eso implica que el crédito no califica como una adecuación crediticia, sino que es algo forzoso. Se quitó la tarjeta, se reestructuró el crédito y se hizo por la ley”, detalló Alfaro.
Las entidades financieras pueden efectuar hasta dos adecuaciones en un año a un crédito cuando el cliente tiene dificultades de pago.
Sin embargo, cuando supera dicha cantidad, el préstamo se clasifica como operación especial, lo cual implica un castigo para la entidad financiera pues debe hacer una estimación parcial o total del crédito.
Federico Chavarría, subgerente de Promerica, explicó que los clientes mantendrán su categoría de riesgo.
“Cualquier saldo existente en una tarjeta de crédito, es una obligación que el consumidor asumió voluntariamente, al ser un saldo legalmente exigible, por lo que el banco debe cancelarlo”, destacó Chavarría.
La forma de hacer el pago, añadió, será dentro de la misma tarjeta de crédito o con la formalización de una nueva operación.
