EscucharHay un grupo reducido grupo de docentes y profesores universitarios quienes aún tienen derecho para pensionarse con cargo al Presupuesto Nacional, al estar adscritos a los antiguos regímenes de pensiones.
Según datos proporcionados por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) ante consultas de La Nación, el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) registra actualmente 1.789 trabajadores en servicio quienes empezaron a trabajar antes del 15 de julio de 1992, fecha en que se cerraron de manera definitiva tres diferentes sistemas de retiro que carecían de financiamiento.
Estas personas se unirán a los 45.879 pensionados y jubilados actuales. Jupema detalló que 39.920 corresponden a pensiones por vejez, 710 por invalidez y 5.249 por sucesión. En este último grupo se incluyen, principalmente, cónyuges (4.136), hijos (911), hermanos (97) y padres (105).
El RTR ampara a quienes iniciaron labores en el sector educativo antes del 15 de julio de 1992. Este sistema se creó para sustituir tres diferentes fondos de retiro del Magisterio Nacional para los cuales el gobierno no constituyó una reserva para el pago de pensiones futuras.
Por esa razón, el pago de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto se financian principalmente con recursos del Presupuesto Nacional; es decir, con impuestos de los contribuyentes.
Según el estudio actuarial más reciente de Jupema, publicado en el 2023 bajo el título Flujo de Caja del Régimen Transitorio de Reparto al 31 de diciembre del 2022, esta modalidad de financiamiento se mantendrá vigente hasta la extinción del sistema, prevista para el año 2088, con un desembolso total de ¢6,2 billones en las próximas seis décadas.
Además, los aportes solidarios provenientes de las pensiones más altas alcanzarán un total de ¢520.819 millones.
“La falta de un fondo ha generado consecuencias como reformas legales que han afectado negativamente el perfil de beneficios, la imposición de cotizaciones a pensionados, que oscilan entre el 12% y el 16%, y la aplicación de contribuciones solidarias que van del 25% al 75%”, explicó Jupema.
El gobierno desembolsó ¢700.418 millones, en 2024, por concepto de pago de jubilaciones. Para este año, se proyecta un gasto de ¢709.724 millones.
Esta cifra aumentará a ¢719.443 millones en 2026 y alcanzará su punto máximo en 2027, cuando se prevé un desembolso de ¢725.875 millones, muestra el estudio de Jupema.
A partir del 2028 y hasta el 2088, la curva de gasto comenzará a descender de forma gradual, manteniéndose por encima de los ¢100.000 millones anuales hasta el 2052. A partir de entonces, continuará su tendencia a la baja hasta extinguirse en el 2088, casi un siglo después de su cierre, con un último desembolso anual de ¢26 millones.
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