EscucharLas ferias del agricultor, reconocidas por ofrecer productos agropecuarios frescos a precios bajos y sin intermediarios, vuelven a ocupar la atención pública. En esta ocasión, se debe a la propuesta de un nuevo marco jurídico promovido desde el Ejecutivo que busca recuperar su control, algo que ha generado oposición por parte de los productores que las gestionan desde el 2006.
La Nación Explica aborda esta polémica. Actualmente, funcionan 68 ferias que involucran a 8.000 productores. Hace 40 años, las ferias del Agricultor estaban bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Sin embargo, en el 2006, tras diversas reformas al Reglamento de Ferias del Agricultor y la aprobación de una nueva ley, la administración pasó a manos de los propios productores.
La iniciativa de ley, denominada Ley de Creación del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) y del Programa Nacional de Ferias del Productor Agropecuario, fue convocada, en setiembre pasado, por el Ejecutivo y presentada ante la Asamblea Legislativa. Actualmente, se encuentra en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, según confirmó la diputada oficialista Ada Acuña, promotora de la iniciativa.
Bajo el expediente 23.914, la iniciativa, que consta de 59 artículos, busca actualizar el marco jurídico del PIMA, creado en 1977, y garantizar una regulación estatal de las ferias del agricultor para asegurar la transparencia, según Víctor Carvajal, jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y gestor del proyecto.
Carvajal anunció, en mayo pasado, la elaboración de esta iniciativa, y actualmente está preparando el resumen técnico del proyecto de ley que, según él, garantizará la transparencia, la rendición de cuentas en las ferias y la modernización del marco jurídico del PIMA, incluyendo la reestructuración del Consejo Directivo.
El PIMA fue establecido mediante la Ley Nº. 6.141 Aval-Estado al IFAM en Contrato Garantía con BCIE. Este marco jurídico, reformado en abril de 1987, autoriza el aval otorgado por el Estado al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) por $6.350.000, en un contrato de garantía suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los fondos fueron contratados para financiar la construcción y equipamiento del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada), ubicado en la provincia de Heredia. La misma ley establece las funciones del PIMA, y esta plaza, aún en funcionamiento, se caracteriza por la venta mayorista.
“El proyecto busca generar los mecanismos de control necesarios, hoy la promoción de las ferias del agricultor recae sobre el CNP (Consejo Nacional de Producción) y se toman recursos que pueden dedicarse y fortalecer al PAI (Programa de Abastecimiento Institucional) y se trasladan a la Junta Nacional de Ferias y ésta no traslada un colón al CNP, creo que esto viene a ordenar un poco esto”, señaló Carvajal.
Wenceslao Bejarano, presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor (JNFA), calificó el proyecto como obsoleto y afirmó que fue trabajado a espaldas del Programa Nacional de Ferias del Agricultor, sin consulta a la estructura, lo cual considera perjudicial.
Bejarano dijo que son los productores quienes siembran y conocen lo que cuesta producir. “Los políticos son personas de paso, tienen ideas cambiantes y esto es lo que va a hacer es entorpecer el funcionamiento de las ferias del agricultor”.
El ir y venir de las ferias
El historial normativo de las ferias se inició en 1984 con el establecimiento del Reglamento de Ferias del Agricultor bajo la administración de la Unidad de Ferias del Agricultor de la Dirección de Mercadeo Agropecuario del MAG. Este marco experimentó reformas en 1991, 1995, 1996 y 2000, transfiriendo las facultades de ente rector y fiscalizador del Programa Nacional de Ferias del Agricultor (PNFA) al Consejo Nacional de Producción (CNP).
Con la entrada en vigor de la Ley 8533, de Regulación de las Ferias del Agricultor, en agosto del 2006, la administración de las ferias pasó a manos de los propios productores, y esta ley fue reglamentada en mayo del 2008.
La nueva iniciativa, que propone trasladar la rectoría de las ferias al PIMA, establece la creación de comités cantonales para ejecutar el Programa Nacional de Ferias del Productor Agropecuario. Estos comités estarán integrados por dos representantes de los productores, dos representantes de organizaciones de consumidores, un representante de la municipalidad y un representante de la agencia de extensión del MAG.
Sobre este punto, Bejarano mencionó que con estos comités van a politizar el programa y se perderá el control. Sobre los señalamientos a la transparencia, explicó que cada instancia regional rinden los respectivos informes contables. “Hay controles cruzados, no hay forma que se pierda un solo centavo”.
De los fondos recaudados, el 5% se destina a la Junta, el 15% se utiliza para el funcionamiento de los comités regionales y el 80% se destina a los gastos operativos y administrativos de cada feria, así como a la reinversión, explicó en ocasión anterior Bejarano.
El jerarca del MAG insiste en que todas las ferias del agricultor trasladan recursos a las juntas regionales y a la JNFA, y que la iniciativa busca ordenar esta situación. También indicó que con la iniciativa no se descarta el traslado de recursos públicos para generar condiciones más favorables para los productores en las ferias.
La estructura actual
La actual estructura del PNFA incluye más de 100 organizaciones de base divididas en nueve regiones del país. Cada región cuenta con un comité, según el reglamento, compuesto por el ente administrador de la feria, el ente emisor de carnés de la región y un representante de las organizaciones de consumidores.
La JNFA es la entidad encargada de regir y fiscalizar el PNFA, integrada por un representante de cada uno de los nueve Comités Regionales del país, junto con sus respectivos suplentes. Además, cuenta con un representante de las organizaciones de consumidores, un fiscal y un representante del CNP, quien tiene derecho a voz pero no a voto.
Carvajal también cuestiona el cobro de carnés a los productores a diferentes precios y destaca que la iniciativa de ley define que la emisión de la identificación corresponderá al MAG basándose en un expediente digital. “Hoy si alguien tiene carné comercializa. ¿Cómo adquirió ese carné? No necesariamente pudo haber sido un productor registrado ante el MAG por ejemplo”.
La JNFA, por medio de su oficina de prensa, explicó que el precio del carné oscila entre ¢5.000 y se paga cada tres meses para los vendedores de vegetales frescos y cada seis meses para el resto de los productos. La emisión del carné es realizada por la instancia autorizada, que verifica mediante inspecciones que el afiliado continúe la actividad de productor y pueda participar en cualquier feria en el país.
Estas plazas cobran a los productores una tarifa por el derecho de ocupar un espacio cada fin de semana, costo que varía según el tipo de feria y si se lleva a cabo en una vía pública o en un edificio. Las ventas, generalmente, se desarrollan entre jueves y domingo, y la duración en cada localidad varía, siendo de uno o dos días.
El precio de pago por espacio también fluctúa según el tamaño y las condiciones propias de cada feria, oscilando entre ¢4.000 y ¢9.000.
Bejarano consideró que el sentido común de los legisladores prevalecerá para no aprobar la iniciativa y espera que el Ejecutivo la desconvoque. Además, adelantó que trabajarán en reformas al marco jurídico para fortalecer el Programa Nacional de Ferias del Agricultor.
En tanto, Carvajal indicó que todas estas medidas incluidas en la iniciativa son bien recibidas por los productores y sostuvo que las puertas de su despacho siempre han estado abiertas para conversar con los representantes de la JNFA. Los productores organizaron una manifestación de protesta contra la iniciativa de ley el 30 de enero.
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En Costa Rica funcionan 68 ferias del agricultor, que son administradas por una instancia a cargo de los productores. El gobierno presentó un proyecto de ley para asumir su control, aduciendo fortalecimiento de la transparencia. (Lilly Arce Robles.)
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