El Gobierno estaría preparando un proyecto de ley con el fin de reformar el marco jurídico de las ferias del agricultor y regresar su control al sector público. Desde el 2006, la administración de este espacio de venta directa al consumidor está en manos de los productores
“Es un decir de este Gobierno, sobre todo del ministro de Agricultura, que en ningún momento representa a la ferias. Creo que no sé si conoce de agricultura, no ha tenido acercamiento con las ferias por más que le hemos solicitado”, aseguró Wenceslao Bejarano, presidente de la Junta Nacional de Ferias del Agricultor (JNFA).
Durante la conferencia de prensa semanal realizada el 17 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves, preguntó al jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, sobre la posibilidad de cambiar la ley que regula las ferias del agricultor, dado que actualmente cada junta de feria tiene el control. En respuesta, el funcionario anunció que estarían presentando un proyecto de ley que contempla la eliminación de la Junta.
“Este mes estaríamos presentando ya, presidente, el proyecto de ley para valoración del despacho y posterior presentación a la Asamblea Legislativa donde se define el cambio y la eliminación de la Junta Nacional de Ferias como tal, que es un ente privado. Nosotros hemos estado conversando con algunos productores, teniendo claridad de la decisión a donde van a ir las rectorías de las ferias, pero que siempre estén bajo el escrutinio público y no privado porque hoy está en el escrutinio privado y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ayudar”, respondió Carvajal.
Agregó que esta iniciativa les ayudará a los productores “a tener un mejor canal de comercialización”.
Consultado al respecto por La Nación, el jerarca del MAG respondió que la entidad analiza una serie de reformas a la Ley Nacional de Ferias, que regula las ferias del agricultor, y señaló que han tomado en cuenta los cuestionamientos surgidos en diferentes espacios.
“Nuestro objetivo principal con esta reforma es transferir su administración a un nuevo ente rector, manteniendo la participación de los Comités Regionales. Creemos que esta medida fortalecerá la gestión, fiscalización y promoción de las ferias, beneficiando a los agricultores y a los consumidores”, señaló Carvajal, mediante un correo electrónico por medio de su oficina de prensa.
Indicó además que anteriormente se planteó una reforma que fue descartada por los diputados, por lo que se excluyó en el texto sustitutivo. “Oportunamente, estaremos dando a conocer los detalles del proyecto de ley, para poder realizar las consultas necesarias con los diferentes sectores y actores involucrados”, concluyó.
Según Bejarano, actualmente las 70 ferias del agricultor activas involucran a 8.000 productores y aseguró que continuarán trabajando dentro del marco jurídico vigente. “Defenderemos firmemente que este mercado siga bajo la ley actual”, afirmó.
Durante más de 20 años, las ferias del agricultor estuvieron dentro de la regulación del sector público. La historia se remonta a 1984, cuando se estableció el Reglamento de Ferias del Agricultor bajo la administración de la Unidad de Ferias del Agricultor de la Dirección de Mercadeo Agropecuario del MAG.
Dicho reglamento experimentó reformas en 1991, 1995, 1996 y 2000, transfiriendo las facultades de ente rector y fiscalizador del Programa Nacional de Ferias del Agricultor (PNFA), al Consejo Nacional de Producción (CNP).
No obstante, con la entrada en vigor de la Ley 8533 de Regulación de las Ferias del Agricultor, en agosto del 2006, la administración de las ferias pasó a manos de los propios productores. Esta ley fue reglamentada en mayo del 2008.
Según Bejarano, llevan aproximadamente 15 años administrando este mercado, mientras que anteriormente fue gestionado por el CNP y el MAG, “y fue un desastre”, afirmó.
Además, señaló que dentro de la estructura hay personas que se oponen al orden establecido y buscan cambios en la ley debido a su resistencia a los controles. “Cuando la casa se ordena, no a todos les gusta”.
Bejarano, productor de hortalizas y frutas, aclaró que la JNFA es una organización de derecho privado y desempeña el papel de ente rector de las ferias. “Ni el ministro ni nadie puede imponernos nada. Tenemos un mercado regulado y lo administramos nosotros precisamente para evitar su politización”, afirmó.
También destacó que esta no es la primera vez que se intenta reformar la ley. “Hemos librado varias batallas en el pasado y hemos logrado archivar proyectos de ley. Actualmente, no hay ningún proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa. Se supone que lo presentarán, pero ya estamos haciendo lobby y vamos a defender este mercado con determinación para evitar su politización”, añadió.
La estructura
El Programa Nacional de Ferias del Agricultor (PNFA) es una estructura compuesta por más de 100 organizaciones de base, divididas en nueve regiones del país. Cada región cuenta con un comité regional conformado, según el reglamento, por el ente administrador de la feria, el ente emisor de carnés de la región y un representante de las organizaciones de consumidores.
La JNFA es la entidad encargada de regir y fiscalizar el PNFA. Está integrada por un representante de cada uno de los nueve Comités Regionales del país, junto con sus respectivos suplentes. Además, cuenta con un representante de las organizaciones de consumidores, un fiscal y un representante del CNP, quien tiene derecho a voz pero no a voto.
Según el reglamento, el CNP es un ente estatal encargado de brindar asesoría y fiscalización técnica en áreas como el mercadeo, la agroindustria, el manejo poscosecha, la inocuidad de alimentos, la calidad agrícola y las buenas prácticas agrícolas. Además, se espera que emita lineamientos en estas materias.
¿Cómo funcionan las ferias?
Según el marco jurídico vigente, en las ferias solo se permite la participación de productores y organizaciones de productores que venden directamente al consumidor.
Bejarano describió este mercado como el más grande de Centroamérica en su categoría minorista. “Es un mercado con deberes y derechos, sujeto a sanciones y procesos jurídicos adecuados. Hay garantías para regular el mercado en todos los aspectos”, apuntó.
Aclaró que no se puede afirmar que haya intermediarios a menos que se demuestre en un debido proceso.
Todos los productores que ofrecen productos en las ferias están debidamente acreditados con un carné. “Si se afirma que hay intermediarios, se debería investigar a esas personas sospechosas y verificar si realmente son productores. Sin embargo, si tienen un carné acreditado, se les reconoce como tales”, añadió.
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Las ferias exigen a los productores el pago de una tarifa por el derecho de ocupar un espacio, que se realiza cada fin de semana y varía según el tipo de feria y si se lleva a cabo en una vía pública o en un edificio. Las ventas se desarrollan generalmente durante dos días entre jueves y domingo, en cada localidad la duración varía.
De los fondos recaudados, el 5% se destina a la JNFA, el 15% se utiliza para el funcionamiento de los comités regionales y el 80% se destina a los gastos operativos y administrativos de cada feria, así como a la reinversión.
Bejarano, quien ha ocupado la presidencia de la JNFA en varios períodos, señaló que el ente administrador es una organización de productores acreditada por cada comité regional en su respectiva jurisdicción.
Mercado libre
Bejarano explicó que cualquier espacio de comercialización que no esté registrado en el PNFA se considera un mercado libre, donde opera la oferta y la demanda. Reconoció que hay actividades que son confundidas como ferias del agricultor y señaló que es un asunto problemático porque carecen de regulación.
Uno de estos mercados es gestionado por las autoridades municipales en Guadalupe, Goicoechea. Su administrador, Marvin Hernández, dejó claro que en este mercado pueden participar tanto intermediarios como productores directos y emprendedores.
Hernández también mencionó una situación similar en el distrito de Ipís, donde la dinámica se basa en la oferta y la demanda.
El costo por el uso del espacio en el “Mercado Libre de Guadalupe”, como lo denominó Hernández, oscila entre ¢32.000 y ¢35.000, dependiendo de la cantidad de fines de semana en el mes. Las ventas se realizan los viernes y sábados.
Según Hernández, este mercado tiene una capacidad de 450 espacios de venta, pero actualmente solo 50 están disponibles.
