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La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) advirtió sobre las lecciones que dejó para futuras operaciones de financiamiento en Costa Rica la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de sepultar un crédito por $400 millones, en el 2024, debido a discrepancias políticas que surgieron durante su trámite legislativo.
El préstamo, respaldado por la AFD y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no prosperó luego de que el Poder Ejecutivo rechazara una moción aprobada por los diputados de entonces para destinar el 15% de los recursos como abono al pago de la deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Al respecto, el director adjunto de la AFD para América Latina, Alain Humen, explicó a La Nación que, aunque se trató de un episodio aislado, situaciones de este tipo podrían generar cautela en futuros procesos de financiamiento si llegaran a repetirse de manera recurrente.
“Nosotros, como lo he dicho a menudo, somos un socio a largo plazo, y (estas cosas) pueden ocurrir. Lamentablemente, si ocurren una vez, puede pasar, pero si ocurre dos, tres, cuatro veces, al momento vamos a a decir que si pasa sistemáticamente, es imposible trabajar con este país”, señaló Humen.
El funcionario señaló que las diferencias políticas que impiden concretar préstamos ya negociados dificultan el trabajo de los organismos multilaterales, pues se invierten recursos, tiempo y a veces incluso donaciones.
Sin embargo, aclaró que el caso particular de Costa Rica no ha afectado la relación de cooperación ni la disposición de la entidad para seguir impulsando proyectos en el país.
“No fue culpa de la AFD. Era una pelea interna entre políticos de Costa Rica y nosotros hemos intentado comprender lo que pasó. Lo hemos entendido y comprendido”, afirmó Humen.
¿En qué consistía el crédito?
El préstamo correspondía a un financiamiento conjunto de la AFD y el BID destinado a apoyar la implementación del Plan Nacional de Descarbonización. La iniciativa buscaba promover acciones orientadas a acelerar la transición del país hacia una economía con emisiones netas cero para 2050.
El proyecto debía aprobarse antes del 16 de junio del 2024, fecha límite fijada por la AFD para mantener vigente la operación crediticia. Aunque superó el primer debate, los diputados acordaron devolverlo a esa etapa para introducir cambios sustanciales, incluyendo destinar el 15% de los recursos al pago de la deuda del Estado con la CCSS.
Ante esa condición, el entonces ministro de Hacienda y actual jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, fue quien anunció que el gobierno renunciaba al financiamiento, al considerar que dejaba de cumplir su objetivo como herramienta para financiar el Presupuesto Nacional. Incluso advirtió que el Ejecutivo desistiría si el porcentaje no se reducía al 10%.
Como la propuesta se mantuvo intacta, el presidente Chaves y la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández, firmaron un decreto para desconvocar la iniciativa.
Alain Humen: ‘Nosotros no hubiéramos podido aceptar’
De acuerdo con el director adjunto de la AFD, otra lección que dejó el desistimiento del crédito tiene que ver con los límites de la disposición del dinero que puede hacer el país. En ese sentido, afirmó que el organismo multilateral no hubiese aceptado el uso diferenciado de los recursos.
“No fue ratificado porque entiendo que algunos diputados intentaron destinar una parte del crédito a un tema externo a nuestro crédito. Así que ni ellos (el gobierno) ni nosotros hubiéramos podido aceptar”, explicó.
“Cuando lo presentamos a nuestro board en París, el Consejo de Administración detalló que (el crédito) era para hacer eso (el Plan de Descarbonización) y no se puede decir después, ‘Ah no, vamos a vamos a tomar una parte de este crédito para hacer otra cosa’“, agregó.
Humen también se refirió a los procesos de aprobación de créditos y señaló que, “lamentablemente, este proceso dura tiempo en Costa Rica”, debido a que requiere alcanzar acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para concretar este tipo de financiamientos.
En esa línea, explicó que la AFD procura adaptarse a los tiempos y procesos de cada país, aunque advirtió que retrasos prolongados o dificultades para concretar acuerdos pueden terminar convirtiéndose en una “pérdida de tiempo” más que en un ejercicio eficiente.
