‘La Nación’ ingresó al cerro Conchudita, devastado por túneles, piletas con cianuro y tomado por siete bandas que mueven cientos de miles de dólares cada mes. Vea lo que encontramos entre Costa Rica y Nicaragua.
Por: Christian Montero y Alonso Tenorio
Cuando por fin se alcanza el corazón del cerro Conchudita, en la remota zona norte de Costa Rica y saqueado por cientos de mineros improvisados, dos sensaciones invaden el espíritu: pesadumbre por la destrucción de la naturaleza y la certeza de que, en todo, se está bajo la mirada y el control oculto de quienes dominan el lugar. Una tensa calma acompaña durante todo el recorrido. Hay que adentrarse en territorio incierto: la posibilidad de toparse con serpientes venenosas, con otros animales de la montaña o incluso con la resistencia de los coligalleros siempre está presente.
Llegar hasta la cima del macizo no es fácil. Antes hay que sortear el barro que llega hasta las rodillas. Cada paso es una batalla contra el lodo cobrizo que parece empujar hacia el abandono del objetivo: ser los primeros testigos en registrar gráficamente los daños provocados por los extractores ilegales de oro. 10 horas de caminata, más de 20 kilómetros de recorrido selvático con equipo fotográfico, provisiones para no desfallecer y una buena dosis de espíritu aventurero son el impulso para adentrarse en una zona inhóspita del cordón fronterizo con Nicaragua.
El pasado sábado 7 de marzo, La Nación recorrió el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, donde entre 200 y 300 coligalleros saquean la montaña perforando túneles de hasta 40 metros de profundidad. El hallazgo supera en devastación lo observado en Crucitas, cuyos cerros Fortuna y Botija han sido destruidos en la última década por los mineros artesanales, en la finca Vivoyet. En el distrito de Cutris, según la Policía, hay más de 100 piletas con cianuro –ácido de elevada toxicidad– que envenenan cerros, mantos acuíferos y fauna, y que además incentivan el millonario tráfico del mineral que cruza cada día hacia Nicaragua ilegalmente.
Son las 6:45 a.m. en un sitio conocido como caño El Jardín. Una cuesta de 80 metros de elevación en barro aplanado es el primer obstáculo a vencer.
Con ayuda de un lugareño, se identifican y siguen las huellas de un grupo de oficiales de la Fuerza Pública quienes, dos horas antes, habían ingresado para hacer uno de los patrullajes que mantienen en la zona desde que se agudizó el problema en la frontera, entre diciembre y enero pasados.
El paso por potreros de pasto alto, suampos, caminos de mulas, montaña virgen y otros tramos por una trocha de lodo suelto y resbaloso es la tónica de toda la travesía, matizada por la exuberante belleza del limítrofe corredor biológico.
El dosel frondoso de las elevaciones montañosas, el canto de las lapas y oropéndolas se mezclan con el rugir de monos aulladores, que desde la copa de los árboles testificaban el paso a paso en la búsqueda de los túneles de la extracción de un metal precioso que desconocen o que, al menos, ellos sí respetan.
Al pasar por pequeños valles, la brisa fresca se estrella en el rostro. Minutos después aparece el primero de muchos aguaceros y, apenas un instante más tarde, un sol radiante hace ver lo expuesto que se está ante el capricho de la naturaleza.
Después de tres horas de vaivenes climáticos, aparece una bifurcación de caminos en una pronunciada loma que invita a tomar una decisión sobre alfombras de barro: derecha o izquierda. Se tantean ambas vías, pero es a la izquierda donde, tras mal caminar unos 100 metros, yace el primer túnel. Aproximadamente 20 metros de oscura profundidad. En la boca del hueco, los coligalleros han dejado apilados 46 sacos con material aurífero, cada uno con un peso aproximado de 45 kilos. Eureka.
Solo 200 metros más adelante están los campamentos más grandes; allí la destrucción es más dramática: empaques de alimento, botellas plásticas, latas de cerveza y prendas colgadas en palos delatan la presencia de un grupo importante de oreros ilegales.
Esto refuerza la corazonada de que en todo momento se está siendo observado. Son restos y materiales acabados de usar. El ascenso y la travesía en la densidad del bosque húmedo tropical se realiza en un intimidante ejercicio de "voyeurismo aurífero". La vigilancia en silencio llega hasta donde ellos quieren.
Unas horas después, en la orilla del río San Juan, varios coligalleros salidos "de la nada", con radios de comunicación y evidentes manchas de tierra de quien estuvo en labores de extracción, entablan conversación.
Uno de ellos dice llamarse Marlin Adonis, supuesto psicólogo de profesión y exatleta máster de 5.000 metros planos. Un walkie-talkie mece entre mano y mano mientras conversa. Explica que se dedica a la minería ilegal para ayudar a que sus hermanos menores tengan la posibilidad de estudiar, como él lo hizo. Es nicaragüense. A su oficio allá no se le conoce como coligallero sino "güirisero".
Revela que por cada pileta emplean 15 libras de cianuro y que por un saco de 50 kilos de ese químico, se pagan $550. Dice que dicho compuesto lo obtienen de "un almacén en Alajuela", lo que coincide con información en poder de las autoridades costarricenses.
En el corazón de Conchudita, los mineros artesanales —cuales hormigas que devoran un hueso— cavaron tres túneles siguiendo las vetas de oro y construyeron dos piletas con palos, plástico, una lona y tubería PVC, en las que vierten cianuro para extraer el mineral.
La tierra con cuarzos la empacan en sacos; otro "güirisero", también del grupo que se hizo ver en la margen del San Juan, explica que por cada costal que acarrea desde la montaña a la orilla del límite natural, se gana ¢2.000. En una jornada de nueve horas puede obtener hasta ¢120.000 si carga entre 50 y 60 sacos. A veces lleva más.
Estas rudimentarias "piscinas" reciben una mezcla de cal y cianuro, un cóctel letal para la naturaleza y para cualquiera que tenga contacto con el químico. La cal, como confirma el viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, es vital para alcalinizar el cianuro.
Solo en el distrito de Cutris se han ubicado más de 100 piletas. En el recorrido de La Nación se registraron al menos 12 de ellas; 10 estaban a la orilla del río que separa los países. Se estima que de cada pila se extrae un gramo de oro cada tres días. Con la onza troy a un precio aproximado a los $5.200, es un negocio que mueve $167.100 mensuales –lo que generan los cerca de 1.000 gramos de oro que se extraen al mes de las piletas con cianuro, del lado de Costa Rica– si únicamente se toma en cuenta el proceso costarricense.
Según Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, que estudia la problemática en la zona fronteriza, la vasta mayoría de sacos se lleva al lado nicaragüense, donde serían procesados por la empresa china Thomas Metal, concesionaria de varios terrenos en suelo vecino.
La tala indiscriminada que ejecutan los invasores del cerro Conchudita amenaza el hábitat de mamíferos como el jaguar y el oso perezoso, además de destruir nidos de lapas verdes. "Son territorios de alta conectividad entre la Reserva Biológica Indio Maíz (Nicaragua) y la Reserva Maquenque (Costa Rica), pero también toda la afectación a la diversidad acuática, a los peces que están sobre el río San Juan", manifiesta Ruiz.
Sin embargo, el daño más insidioso es el cianuro, que se filtra en las nacientes, envenenando especies acuáticas. Esas aguas desembocan en el río San Juan, que confluye con el Colorado. "Varias especies utilizan estos ecosistemas para habitar", agrega el biólogo.
"Varias especies utilizan estos ecosistemas para habitar".
Presidente de la Fundación del Río, se refiere a la tala de árboles y contaminación con cianuro en el cerro Conchudita
Esta actividad minera ilegal se ha agudizado, paradójicamente, por las acciones policiales. La presión de la Fuerza Pública en zonas como Chorreras o Crucitas ha empujado a los mineros hacia Conchudita. Un desplazamiento que también ha devuelto la actividad al sitio conocido como la Laguna en la finca Vivoyet, donde inició la fiebre del oro hace casi una década.
El viceministro Lacayo confirma la existencia de siete estructuras criminales, con al menos 100 personas involucradas. El perfil de cada integrante es claro: perforadores con pala, pico o rotomartillos; acarreadores, proveedores de vehículos y lanchas, así como vigilantes. La mayoría son nicaragüenses o tienen doble nacionalidad.
Informaciones de inteligencia han ubicado en la zona a un reconocido expolicía, quien sería pieza clave en toda esta estructura de crimen organizado, y que involucra células de uno de los delincuentes más buscados del país: Alejandro Arias Monge, alias Diablo.
La corrupción es otro engranaje en la maquinaria ilegal en la extracción del oro. Lacayo reconoce cuatro casos en que oficiales habrían omitido sus deberes, "como dejar pasar a los coligalleros; no ver". Situaciones ocurridas en Crucitas, pero no así en Conchudita, hasta el momento.
"como dejar pasar a los coligalleros; no ver".
Viceministro de Seguridad, confirma cuatro investigaciones contra oficiales de Fuerza Pública sospechosos de colaborar con grupos criminales en Crucitas
El 1.° de marzo, un oficial de la Fuerza Pública de apellidos Carrillo Castillo fue detenido por presuntamente colaborar con grupos delictivos de la zona. El Juzgado Penal de San Carlos suspendió durante cuatro meses al funcionario, como medida cautelar.
Otras causas que involucran a personal de la Fuerza Pública están en proceso ante el Ministerio Público. Los pagos de peaje a oficiales para permitir el flujo de material minero ilegal ascienden hasta ¢2.000.000 al día.
El problema que se arrastra desde hace diez años se ve agravado por la venta de cianuro, que, según reconoció el jerarca de Seguridad, sería adquirido mediante una empresa ubicada en Alajuela.
Para hacer frente a esta situación, la Fuerza Pública mantiene 200 oficiales destacados en Cutris, a un costo de $1.000.000 mensuales. A pesar de estos recursos, el control territorial en las 3.000 hectáreas afectadas sigue siendo un desafío.
Mientras tanto, el alcalde de San Carlos, Juan Diego González, lamenta el gravísimo daño ambiental en este nuevo punto de extracción, y admite que la municipalidad apoya un proyecto de ley que autorizaría la minería a cielo abierto: "Hemos hecho múltiples llamados a la Asamblea Legislativa para que avance con el proyecto 24.717", dice. El funcionario justifica que, de ser así, las empresas eventualmente concesionadas asumirán el control territorial que la Fuerza Pública, con 200 policías a un costo de operación de un millón de dólares mensuales, no puede ejercer en las 3.000 hectáreas afectadas.
A pesar de las advertencias de expertos sobre un posible incentivo a la minería artesanal, el jerarca municipal insiste en la aprobación del proyecto, prometiendo que los ¢3.500 millones anuales que recibiría la municipalidad les "permitirían desarrollar no solo proyectos ambientales, sino mejorar condiciones como caminos, colaboraciones a escuelas, acueductos e infraestructura comunal". El 95% de las vías en el distrito de Crucitas son de tierra y lastre, agrega el alcalde.
Pero un proyecto así también sería controversial. El ambientalista Edgardo Araya, uno de los abogados que logró en 2010 que se le anulara la concesión otorgada por el Estado a la firma canadiense Infinito Gold para extraer oro en Crucitas, regresará a la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 como diputado del Frente Amplio.
Araya sostiene que la explotación ilegal de oro en Conchudita no es solo minería artesanal de coligalleros, sino la consecuencia de estudios previos de empresas mineras, en particular Infinito Gold. Critica el desinterés de los cuerpos policiales y asegura que, pese a que la Policía conoce quiénes extraen y mueven la tierra, no hay voluntad de controlar.
El gobierno podría usar el caos en la zona para promover una nueva concesión minera que, a su juicio, agravaría el daño ambiental a cambio de solo el 5% del oro.
Diputado electo Frente Amplio
El ambientalista advierte que el gobierno podría usar el caos en la zona para promover una nueva concesión minera que, a su juicio, agravaría el daño ambiental a cambio de solo el 5% del oro. Además, recalca que parte del cerro no puede concesionarse, pues está dentro de la franja de dos kilómetros fronterizos, considerada patrimonio natural del Estado.
Justo en esa franja, tras el hallazgo del negocio ilegal, las entrevistas y su registro, la salida a la ruta 1856 –conocida como La Trocha– y a un pantanal ubicado en un sitio llamado Las Palmas, plantea un nuevo desafío físico. El lodo hasta la cintura y un kilómetro de pastizal removido por el ganado hacen insoportable el tramo, pero apenas posible.
10 horas después de partir, el último refajo de luz se apaga entre las copas del cerro Conchudita, mientras el camino de barro se estrecha y el pantanal se traga el sonido de los pasos. Atrás quedan las piletas de cianuro, los túneles abiertos como heridas en la montaña y las miradas de quienes han convertido la naturaleza en un tablero de negocios y sobornos. Los vecinos, los gobiernos y la Policía lo saben. Ahora el país también.