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La Fiscalía pidió al Juzgado Penal de Hacienda que ordene al empresario Allan Pacheco Dent remover, en el plazo de un mes, un relleno hecho sobre un humedal ubicado en dos fincas que estarían dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en Talamanca, Limón.
Esta es una de las medidas cautelares solicitadas este miércoles contra Pacheco Dent, quien figura sospechoso en una causa por el otorgamiento irregular de permisos para la tala de árboles en terrenos que pertenecen a esta área protegida de Talamanca, en Limón.
Las propiedades mencionadas por el Ministerio Público están inscritas a nombre de la compañía Playa Manzanillo S.A., representada por el empresario. Según el expediente del caso, el relleno se usó como camino para el tránsito vehicular entre los terrenos.
El Ministerio Público investiga los permisos de tala dados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), pues presume que el objetivo era “cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales” para, posteriormente, “desarrollar una infraestructura urbanística”.
En 2019, la Sala IV ordenó recuperar 137 fincas con bosque que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) otorgó a terceros al amparo de una ley aprobada en el 2014. Entre ellas figuran las dos propiedades de Playa Manzanillo S. A.
Las propiedades boscosas de todos los particulares que deben volver a la tutela del Estado carecen de advertencias administrativas en el Registro Inmobiliario del Registro Nacional, según corroboró La Nación.
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Solo una finca de playa Manzanillo S.A. tiene una alerta. Esta surgió el mes pasado por una consulta del diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio, vinculada a la investigación del Ministerio Público por presunto tráfico de tierras en esa zona protegida.
La advertencia administrativa se basa en un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que evidencia que una de las fincas de 12,2 hectáreas invade en un 20% la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT), es decir, una parte restringida del litoral que debe volver al refugio como bosque.
Por otra parte, la Fiscalía también solicitó este miércoles que se suspendan los permisos otorgados por el Sinac para tala en las dos fincas de Pacheco Dent y que estas sean anotadas ante el Registro de la Propiedad.
También pidió que se retirara a todos los trabajadores, maquinaria pesada, residuos y cualquier instrumento en las fincas que permitan el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles.
Además del empresario, otras cuatro personas son investigadas por este caso. Se trata de un hombre de apellidos Salas Rodríguez, quien labora en el Área de Conservación La Amistad-Caribe del (Sinac), y una regente forestal apellidada Camacho Calvo.
La lista la completan un funcionario del Sinac de apellidos Campbell Lindo, quien trabaja en la Oficina Subregional Limón Talamanca en el Área de Conservación La Amistad Caribe, y la administradora del Refugio Gandoca-Manzanillo, de apellidos Cruz Torres.
Condición especial de los humedales
La Sala Constitucional ha subrayado en reiteradas ocasiones que los humedales son inalienables y forman parte del patrimonio natural del Estado, pues pertenecen a la zona pública.
Los magistrados han insistido que, aunque las municipalidades administran la ZMT, que incluye tanto la zona pública como la zona restringida, los manglares están excluidos de esa administración y competen al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), según la Ley Forestal.
En esas áreas solo se pueden realizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, debido a compromisos nacionales adquiridos hace décadas. En abril de 1991, Costa Rica suscribió la Convención de Ramsar, comprometiéndose a proteger estos ecosistemas y desarrollar políticas nacionales para su conservación.
Dicha Convención declara los humedales como ecosistemas altamente productivos, importantes por la gran cantidad y variedad de especies que albergan, y generan impactos socioeconómicos favorables para ciertos sectores de la población dedicados a una explotación racional, además de ser paisajes de gran belleza y diversidad.
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La Sala IV ha recalcado la trascendencia de esos terrenos y la administración a cargo del Minae, en sus resoluciones N.° 3959-2024 y 10951-2024, de febrero y abril de este año.
