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Ciudad de Panamá. Un tribunal de Panamá anuló este viernes la sentencia que en el 2019 absolvió al expresidente Ricardo Martinelli de cargos de espionaje y corrupción durante su gobierno, y ordenó repetir el juicio contra el exmandatario, anunció la fiscalía.
“El Tribunal Superior de Apelaciones, por mayoría, acoge el recurso de anulación, en caso (de) pinchazos telefónicos y ordena se realice nuevo juicio a solicitud de abogados querellantes y del Ministerio Público”, publicó la Fiscalía en Twitter.
La decisión de anular la sentencia y repetir el juicio contra Martinelli, de 68 años, fue anunciada tras una audiencia virtual.
“Es algo positivo, en cuanto a que el caso no se ha cerrado y hay una segunda oportunidad para demostrar que este señor espió a sus adversarios políticos utilizando los recursos del Estado y violó los derechos humanos”, dijo Mitchel Doens, una de las víctimas querellantes.
El 9 de agosto del 2019, un tribunal panameño declaró a Martinelli “no culpable” de los cargos de espionaje y malversación de fondos públicos.
El exgobernante fue juzgado por presuntamente “pinchar”, entre el 2012 y el 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno.
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Por este caso, la Fiscalía pidió 21 años de prisión contra Martinelli por los delitos de interceptación de las telecomunicaciones, seguimiento y vigilancia sin autorización judicial, peculado por sustracción y peculado de uso.
Sin embargo, el tribunal consideró entonces que se vulneró el debido proceso y que las declaraciones del testigo protegido utilizado por la fiscalía, un miembro del Consejo de Seguridad, estuvieron afectadas por “parcialidad”.
El juicio a Martinelli fue el primer proceso penal que enfrentó un expresidente panameño.
Dos subalternos del exmandatario ya habían sido condenados a cuatro años de cárcel por este caso, mientras que otros dos están prófugos.
La sentencia, que fue recurrida por las supuestas víctimas del espionaje, causó pesar en un país cuyo sistema de justicia está ampliamente cuestionado.
‘Gran avance’
Martinelli fue juzgado tras su extradición de Estados Unidos, el 11 de junio de 2018, un año después de ser detenido en Miami, donde residía desde 2015 para eludir a la justicia panameña.
El exmandatario estaba acusado de crear y liderar “un aparato organizado de poder” al margen del Estado para la “vigilancia y seguimiento de personas” críticas con su gestión.
Entre los presuntos espiados estaban periodistas, sindicalistas, políticos, empresarios y miembros de la sociedad civil.
Durante la mayor parte del juicio, Martinelli estuvo detenido preventivamente en la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, aunque posteriormente fue beneficiado con una medida cautelar de prisión domiciliaria.
“Que Martinelli pueda ser condenado es un gran avance de la justicia panameña. Aunque todavía tengo algún grado de escepticismo, uno no puede perder la confianza en la justicia”, señaló Doens, exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático, opositor al gobierno de Martinelli.
Pese a las acusaciones, el exgobernante siempre se dijo víctima de una “persecución política” de su antiguo aliado y sucesor, el expresidente Juan Carlos Varela.
‘Segunda oportunidad’
Martinelli, un multimillonario magnate de los supermercados, ganó la presidencia en 2009 con un fuerte discurso contra la clase política y la corrupción.
Pero tras finalizar su mandato la justicia panameña lo investigó por múltiples escándalos durante su administración, de la que una docena de ministros terminaron detenidos preventivamente por presunta corrupción.
El expresidente enfrenta ahora cargos por supuesto blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business, en el que se indaga la compra de un grupo editorial, posiblemente con dinero público, durante su mandato.
El nuevo fallo del tribunal “genera un sentimiento de esperanza en la justicia” porque la absolución de Martinelli “generó demasiada controversia y hubo dudas en cuanto a la misma decisión”, comentó a la AFP Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
“Es una segunda oportunidad” para la “salud del sistema y la credibilidad de la justicia”, agregó Barsallo.
